C. R. Madrid | viernes, 07 de octubre de 2016 h |

Las comunidades autónomas serán las únicas instituciones (junto con los gobiernos locales y otros agentes, como los partidos políticos) que quedarían exentas del registro obligatorio de Transparencia impulsado por la Comisión Europea, y que en su segunda fase pretende abarcar a las tres grandes instituciones comunitarias: el Parlamento Europeo, el Consejo y la propia Comisión. El primero ya ha recibido la propuesta con los brazos abiertos, y espera que los estados hagan lo mismo.

Lo que plantea la Comisión es que las tres instituciones se sometan por primera vez a las mismas normas mínimas. Con arreglo a estas propuestas, las reuniones con los responsables políticos en las tres instituciones quedarían supeditadas a la previa inscripción en el Registro de Transparencia. La Comisión introdujo esta norma para sus propias interacciones con los representantes de los grupos de interés en noviembre de 2014, y hay ya alrededor de 4.000 nuevas entradas en el Registro existente.

Por un lado, una dotación suficiente. Sin medios humanos y económicos el registro corre el riesgo de ser una mera exigencia formal, pero no material. Que no quede en meras palabras depende, en buena parte, de la colaboración de los estados. “Hasta el momento, hemos esperado un movimiento por su parte que no ha llegado”, señaló en el debate celebrado en el Pleno de la Eurocámara Maite Pagazaurtundúa Ruiz, representante del grupo de los liberales y demócratas.

Código de conducta

La propuesta también clarifica las actividades y organismos cubiertos, refuerza el seguimiento y la aplicación efectiva del Código de Conducta del Registro de los grupos de interés, y simplificará y mejorará la calidad de los datos que deben introducirse, racionalizando los requisitos aplicables y aumentando el control de calidad.

La Comisión propone aumentar los recursos disponibles para alcanzar este objetivo. Las personas inscritas en el Registro que no cumplan el Código de Conducta podrían enfrentarse a una suspensión temporal de sus interacciones con las instituciones o a la cancelación de su inscripción en el Registro.