C. m. lópez Madrid | viernes, 05 de abril de 2019 h |

“El acceso al tratamiento del ictus —en prevención secundaria— es dispar y heterogéneo. No existe correlación entre el IPT y las guías de práctica clínica”, expuso Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans, durante la jornada Abordaje Multidisciplinar del Ictus. Políticas Sanitarias para una mayor prevención y una mejor atención, organizada por la alianza Bristol-Myers Squibb y Pfizer, un encuentro que trató de avanzar en el abordaje del ictus y que puso un mayor acento, además de en su prevención primaria, en el abordaje de factores de riesgo como la hipertensión arterial o la fibrilación auricular.

El problema es que para llevar a cabo esta prevención secundaria, la mitad de los pacientes no reciben una correcta prescripción. “El acceso a los anticoagulantes de acción directa (ACOD) depende de un visado y un IPT sin actualizar”, recordó Julio Agredano, presidente de la Asociación Freno al Ictus. Esta preocupación por las inequidades que se están dando en nuestro país se fue expandiendo durante toda una jornada que culminó con un debate político.

De la mano del PP, José Javier Castrodeza explicó que el problema que existe es que “el Consejo Interterritorial y las Comisiones (como la de Precios) no son capaces de complementarse”. A juicio del que fuera secretario general de Sanidad, el problema reside en las comunidades autónomas, “que no tienen en cuenta el IPT acordado”.

Por su parte, para la representante de Ciudadanos, Marta Marbán, es una cuestión de voluntad política, y “el Ministerio de Sanidad debe tener más relevancia”. Para José Manuel Freire, representante del PSOE, el problema subyace en la falta de registros, que permitirían analizar los resultados.

Una solución para las formaciones sería trazar una nueva estrategia nacional frente al ictus, consensuada, eso sí, de manera unánime.