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El Ministerio de Sanidad ha licitado un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual (EPIs) para el Sistema Nacional de Salud (SNS) por valor de más de 2.500 millones de euros. Se trata de la mayor compra de la historia del SNS en la que participarán 16 comunidades autónomas. También será la primera vez que País Vasco y Cataluña se adhieren al sistema de compras del Estado. El objetivo es dotarse de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19.

Este acuerdo marco, realizado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sustituye al que se publicó hace dos semanas. El pasado 29 de julio se decidió no adjudicar el primer acuerdo marco para poder atender las peticiones de adhesión de distintas comunidades que, aunque inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo, comunicaron finalmente su voluntad al INGESA, para evitar el riesgo de desabastecimiento de los productos incluidos en la licitación.

Cataluña y País Vasco, su primera participación en el sistema de compras

Las nuevas incorporaciones son Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco. Estas dos últimas se adhieren por primera vez al sistema de compras centralizadas y se incorporan también por primera vez a un acuerdo marco de compra centralizada. Para facilitar su adhesión, se les solicitó sus necesidades y se modificaron los pliegos para incluirlas en el acuerdo.

Estas cuatro nuevas comunidades se suman a las 12 que se adhirieron desde el principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. Participan también el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del INGESA, que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19, y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.

Más de 4.000 millones de unidades de protección

En un plazo de dos años, se adquirirán un total de 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes.

El importe económico total es de 2.578.739.505 euros. Tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las CC.AA. Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación. Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.

Una tramitación de emergencia

La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del INGESA. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.

Se trata de una tramitación de emergencia. Esto implica que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre. El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las CC.AA puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las CC.AA en el mes de septiembre.


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