J. Ruiz-Tagle Sevilla | viernes, 05 de enero de 2018 h |

Corría el mes de junio de 2015 cuando Andalucía anunció que se aprobaría una nueva Ley de Sanidad en Andalucía. Fue en el inicio del Gobierno de Susana Díaz tras las elecciones de ese año y parte del acuerdo suscrito con Ciudadanos para que este grupo la apoyara en el Parlamento.Seis meses más tarde, en diciembre de aquel año, se conoció el nombre exacto del texto legisltivo: Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía. Coincidió, además, con su llegada al Consejo de Gobierno para su aprobación, paso previo a su tramitación.

La siguiente fecha que ofrecen las hemerotecas es de marzo de 2017. Fue entonces cuando el texto legislativo se enfrentó a su primera batalla en el Parlamento: el debate a las enmiendas a la totalidad. Sólo el Partido Popular se opuso de raíz al texto y su oposición no convenció a nadie. Pasada esta fecha, el reloj para presentar enmiendas parciales comenzó a correr y en junio EG informaba en exclusiva de las correcciones que los grupos parlamentario querían realizar a la primera versión del texto. Una de las más celebradas por el sector fue la oposición a las subastas, aspecto en el que coincidían todos los grupos pero en grados diferentes. A partir de aquí, lo que se esperaba es el comienzo de unas negociaciones para unificar la oposición a esta norma a la vez que avanzaba el reloj parlamentario para la tramitación de la Ley. Pero ni una cosa ni la otra han ocurrido y ya han pasado más de dos años y medio desde que se anunciara el texto normativo y más de seis meses desde que se registraran las enmiendas parciales.

La situación, además, se va a dilatar porque enero no es un mes hábil en casi ningún parlamento a menos que haya alguna urgencia legislativa. Esta ley no debe serlo porque en el calendario de sesiones del Parlamento de Andalucía no hay fechada ninguna cita de la Comisión de Sanidad.Pero hay una circunstancia que no debe olvidarse para los defensores de modificar las subastas: el cronómetro juega a favor de los defensores del modelo.

El funcionamiento de la Cámara andaluza —a menos que algunos de los grupos parlamentarios decidiesen retirar su enmienda— obligará a discutir por separado cada texto, lo que podría significar el fracaso de la oportunidad para suprimir las subastas de medicamentos. Podría darse el caso de poder elaborar una enmienda transaccional entre los grupos, pero debe contar con el beneplácito del grupo proponente de la Ley, que en este caso es el socialista. Este aspecto se revela como bastante improbable si se atiende al interés de este partido en que las subastas de medicamentos no se modifiquen ni un ápice. En este contexto es donde se revelan como indispensable las negociaciones previas entre los detracctores de las subastas.