Si hubo una palabra que marcó el debate sobre la universalidad fue la financiación. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró el pasado jueves se trató de llegar a un consenso para aplicar la sanidad universal en España, y mientras los Gobiernos de signo popular aludieron al impacto económico que tendría su implantación como principal punto de discrepancia, las comunidades socialistas consideraron que, al aplicar esta medida, se reduciría el gasto. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, también quiso restar alarmismo y apuntó que al aplicarse la universalidad, se trataría a más pacientes en Atención Primaria que en el servicio de urgencias, lo que contribuiría a reducir costes.
Falta de datos
El principal aspecto que subrayaron desde las comunidades autónomas lideradas por el PP es la falta de datos concretos en la propuesta, y criticaron que el actual Gobierno central no presentara una documentación más exhaustiva en la que se incluya una memoria económica para poder cuantificar cómo influiría la universalidad en el plano económico. En este sentido el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero se mostró sorprendido porque el CISNS sólo contase con un punto en el orden del día, ya que considera que universalidad y financiación no pueden ir desligadas.
En contraposición, la consejera de Sanidad de Cantabria, la socialista María Luisa Real, defendió la propuesta de Montón, y afirmó que cuando sí hubo “falta de documentación” e “improvisación” fue con la elaboración del Real Decreto 16/2012 por parte del PP. Real señaló que habría que poner el acento en la recuperación de derechos y que hay que tener en cuenta que si no se atiende a todos los ciudadanos que lo necesiten, el problema puede afectar también a personas que sí están cubiertas. En esta misma línea, la responsable de esta cartera en Andalucía, Marina Álvarez, opinó que la universalidad “no es un tema económico, sino de voluntad política”.
Recuperación de derechos
Los Gobiernos de corte socialista celebraron la recuperación de la universalidad, ya que consideran que es un derecho fundamental de la ciudadanía, aunque fueron varias las regiones que indicaron que actualmente ya se estaba aplicando el acceso universal al sistema sanitario en sus comunidades. Ahora, lo que piden es saber cuál es el concepto concreto que propone el nuevo Gobierno en esta materia, y qué alcance va a tener su aplicación en cuanto a la prestación de servicios. La ministra aseguró ser consciente de que en muchas regiones ya se aplica la universalidad, aunque considera que falta armonizar el concepto.
Siguiendo esta tónica, en Valencia también resaltaron la importancia de la universalidad y aseguraron que, a pesar de que el Tribunal Constitucional tumbó su Decreto Ley, ellos continuaron dando instrucciones para que se dé esa cobertura de universalidad, lo que creen que es todavía de mayor relevancia teniendo en cuenta situaciones humanitarias como la recepción de las personas que iban a bordo del Aquarius. Desde el País Vasco, su consejero en esta materia, Jon Darpón, se mostraba contundente expresando que “el derecho a la salud es un derecho humano y no una consecuencia ni del trabajo, ni de la cotización a la Seguridad Social, ni del lugar de residencia”.
Una de las cuestiones que plantearon recae sobre la figura jurídica de las personas, y si se tendría en cuenta sólo a los empadronados o también a los residentes. En este aspecto desde el Ministerio afirmaron que se separa la cobertura del concepto de asegurado; con la nueva normativa se deberá acreditar que la persona que precisa de servicios sanitarios lleva empadronada al menos 90 días en el país o solicitar un informe social para certificar situaciones de vulnerabilidad y poder acceder al sistema.
Este punto también concurre con otro aspecto que señalaron desde los Ejecutivos autonómicos de signo popular: el turismo sanitario. Uno de ellos fue el consejero de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, quien manifestó que espera que la universalidad no derive en abusos.
Otra de las novedades que comunicó Montón en la rueda de prensa posterior al Consejo fue su intención de crear una comisión mixta con representantes de las entidades más importantes en defensa de este derecho para realizar un seguimiento de la aplicación de esta normativa.
El próximo tema que se abordará en el próximo Consejo Interterritorial es la financiación del sistema sanitario.
