Al hablar del ámbito del medicamento, el Plan de Genéricos y Biosimilares contempla las figuras del prescriptor, del paciente y de la Administración, pero no menciona al farmacéutico dispensador. “Podría dar la impresión de que el farmacéutico no interviniera, o su intervención no tuviera efectos económicos. No obstante, y a pesar de ello, algunas medidas propuestas tienen repercusión directa en la oficina de farmacia”. Esta reflexión que lanza el COF de Madrid resume a la perfección el triple objetivo de las aportaciones que el sector de la Farmacia plantea a este borrador: corregir su palpable ausencia en la fase de consulta previa, garantizar la sostenibilidad económica de las boticas e incluir el criterio sanitario en el plan.
Ciertamente, las organizaciones consultadas para la elaboración del Plan incluyen la Asociación de Economía de la Salud, el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica o la CNMC… Pero no son las únicas. Para Sefac, el contenido del plan constata que se ha basado en el informe de la AiREF sobre gasto de receta, pero solo en lo referente a las medidas encaminadas “de manera directa y exclusiva” al recorte del gasto, dejando de lado las que, contribuyendo también al ahorro de la factura farmacéutica, se apoyan en una estrategia de la mejora asistencial.
Y la AiREF fue muy clara al respecto. “Al igual que ocurre en otros países europeos las farmacias podrían jugar un papel relevante para favorecer la adherencia y el cumplimiento de los tratamientos y realizar seguimiento farmacológico a los pacientes. Esta actividad que contribuiría a generar ahorros, podría ser remunerada como un servicio prestado por estos profesionales al SNS”, dijo. Considerando imprescindible apostar por la adherencia a los tratamientos, Sefac pide al Ministerio que incluya estos criterios en el plan como vía para lograr la consecución de un doble objetivo: económico y sanitario.
Más allá, varias de las aportaciones preparadas desde el sector defienden que la farmacia comunitaria, por su capilaridad, sea un actor de primer nivel en la estrategia de educación sanitaria por la que apuesta el plan, aunque para que ello sea realmente efectivo sería necesario revertir algunas políticas. “Si lo que se quiere es fomentar los biosimilares, tendríamos que recordar que si son medicamentos de administración en domicilio, la farmacia tiene que ser un establecimiento donde se dispense activamente”, comenta Luis de Palacio, presidente de FEFE, organización cuyo grueso de aportaciones van encaminadas a defender el copago evitable y los precios notificados y a dejar claro que la farmacia, “que es el eslabón más débil”, no soportará “otra política de recortes”.
Sefac pide que el plan incluya las medidas basadas en la mejora asistencial que AiREF incluyó en su estudio
En esta línea, otra de las reflexiones de FEFE apunta a la necesidad de alcanzar una homogeneidad de precio PVP similar a la del resto de Europa. Hoy esto no ocurre, como lo demuestra la existencia de precios hasta un 50 por ciento mayor en un país como Italia. Tal y como resume Luis de Palacio, “se trata de no ser los más baratos, como dicen las normas de precios de referencia, sino estar en la media” como manera de abordar no sólo la sostenibilidad del sector, sino el suministro del mercado. “Si los desabastecimientos se producen de forma global y tú eres de los baratos, serás el último en acceder”, explica el presidente de FEFE.
La sostenibilidad de la farmacia
No es, ni de lejos, la única de las aportaciones al plan que persigue asegurar la viabilidad de un sector que otea la posibilidad de que nuevas medidas de ajuste se sumen a las farmacias vienen sufriendo desde hace varios años. Es esta realidad la que ha hecho al COFM centrarse en una frase del Plan del Ministerio, que justifica las medidas “con el objeto de garantizar la calidad, la equidad y la sostenibilidad del SNS”.
La respuesta del COFM es clara. “En la sostenibilidad del SNS también debería estar incluida la sostenibilidad de la oficina de farmacia como elemento integrante de dicho sistema”. La misma frase le hace plantear apostar por un Sistema de Precios de Referencia “más realista y objetivo”, concordante con lo que el Ministerio pretende garantizar. Según la aportación del Colegio, es preciso excluir las presentaciones de genéricos no comercializadas en, al menos, el cálculo del precio menor y del precio más bajo de las agrupaciones homogéneas.
Según el COFM, “en la sostenibilidad del SNS debería estar incluida la sostenibilidad de la oficina de farmacia”
Igual de clara es su postura sobre el retorno de las cuantías de los descuentos. Podría suponer “un detrimento en la ya maltrecha economía de la oficina de farmacia”, dice el COFM, que ve esta medida desde el objetivo más reiterado del plan: el fomento de la competencia. “Si se encorseta el margen de maniobra de una oficina de farmacia desde el punto de vista empresarial, ¿no podría entenderse esto como una medida en contra de la competencia en el sector?”, plantea.
No solo eso. El COFM también apunta a la discrepancia que subyace en el plan, que por un lado recuerda que Ingesa y las CC.AA. licitan concursos para principios activos de mayor consumo en los que los laboratorios ofertan precios menores a los de referencia a cambio de contratos exclusivos, mientras que por otro critica que los descuentos “provocan la dispensación de genéricos concretos” en las farmacias. “Los descuentos en la compra de medicamentos podrían ser válidos para el SNS, mediante la firma de contratos exclusivos, pero no para las oficinas de farmacia, lo cual constituye la instauración de un doble rasero por parte de la Administración en función de intereses propios”, comenta el COFM.
La AGP pide una mesa multidisciplinar
No sólo lo cree la Farmacia. También la Alianza General de Pacientes (AGP) opina que el borrador del Plan de Genéricos y Biosimilares ha sido elaborado de espaldas a los profesionales y los usuarios del sistema sanitario. Para contrarrestar lo que considera un déficit de base, la AGP, por boca de su presidente, Juan Manuel Ortiz, insta al Ministerio de Sanidad a crear una mesa multidisciplinar encargada de revisar el documento, así como una comisión de seguimiento de las medidas incluidas en el mismo.
Una de las principales objeciones de la AGP al borrador es que “se centra exclusivamente en cuestiones económicas y de eficiencia” y deja en un segundo plano el valor que los genéricos y biosimilares aportan al paciente en términos de resultados en salud. Además, en opinión de Ortiz, el plan podría vulnerar derechos de los pacientes, motivo por el cual, ante aspectos concretos como la existencia de alternativas al mismo precio, remarca que se salvaguarde el derecho a la elección del paciente.