La consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, destacó en el Parlamento regional que el posicionamiento sobre el modelo de selección pública de medicamentos de Andalucía adoptado la semana pasada por la Unión Europea, concretamente por la Comisión Europea, “es un nuevo respaldo” al modelo que ha supuesto hasta ahora un ahorro de 540 millones de euros para el sistema sanitario público y que ha revertido directamente en la mejora de la sanidad pública, mientras que el PP-A asegura que “se investiga” desde el Parlamento Europeo. En su intervención, en respuesta a una pregunta formulada por la popular Ana Mestre, la consejera recordó que la petición de intervención realizada a la Comisión Europea se remitió por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), pero dicha comisión argumentó que son los Estados miembros los responsables de la definición de su política sanitaria y de la organización y prestación de los servicios sanitarios. Asimismo, continuó, en su respuesta a Afaran, esta comisión “muestra su sorpresa cuando en un país europeo se cuestiona la calidad de los medicamentos, cuando la evaluación y la calidad de los mismos se certifica por organismos oficiales”.
La titular de Salud recordó igualmente que otra denuncia de Afaran “ha quedado desestimada”, detallando que el pasado 19 de diciembre la Defensora del Pueblo Español “comunicó el cierre de las actuaciones de la queja interpuesta por este colectivo de farmacéuticos sobre el supuesto desabastecimiento producido por la subasta de medicamentos en Andalucía”.
La consejera reprochó al PP andaluz en su respuesta parlamentaria que, en lugar de aceptar la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional, que ha avalado tres veces la selección pública de medicamentos en Andalucía, siga cuestionando esta medida. “Sigo sin entender por qué, a pesar de las evidencias, del respaldo del Tribunal Constitucional, la Organización Médica Colegial, la Asociación Acceso Justo al Medicamento y sociedades científicas, existe un interés especial de algunos sectores, como el PP, que continúen con este debate, insistiendo en argumentos y razones claramente erróneas”, enfatizó.
Si el Gobierno de la nación implantara esta medida, recordó Álvarez, podrían generar más de 1.000 millones de euros al año, “en lugar de penalizar a los colectivos más vulnerables con la imposición de un copago farmacéutico, que está haciendo que muchos pacientes abandonen sus tratamientos por no poder costeárselos”. Por todo ello, la máxima responsable de la sanidad pública andaluza concluyó defendiendo una vez más la constitucionalidad, la legalidad, la equidad, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la selección pública de medicamentos.
Por su parte, Ana Mestre ha defendido que “titulares en las últimas semanas anuncian que Bruselas estudiará la subasta”, y asegura que desde el Parlamento Europeo “se investiga” este sistema. Otra cosa, añade, es que la Comisión Europea haya determinado que “carece de competencias” en ciertos aspectos para pronunciarse sobre la legalidad de las mismas, e insiste en que “el trámite continúa adelante y la subasta se verá en el ámbito de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”. Además, reprochó a Marina Álvarez que “sigan ignorando” esta petición que “reclama un sistema justo” y exige el “abandono” de las subastas por parte del Gobierno andaluz, porque debido a las mismas “los andaluces sólo pueden acceder a 533 medicamentos de los 14.000 de los que pueden disponer el resto de españoles”, y “nos los imponen por un criterio economicista”, mientras que “el supuesto ahorro no lo vemos por ninguna parte”.
