Diversos informes —como ‘Reflexión sobre la situación actual de España y posibles áreas de mejora en el acceso a de los pacientes a la innovación oncológica’, elaborado por la Fundación ECO,— revelan que España no presenta una situación idílica —cuando menos, mejorable— en el acceso a medicamentos innovadores. En especial, en la comparativa con otros países europeos del entorno y que tiene parte de su explicación en los procesos de financiación y precio establecidos a nivel nacional.
A la hora de analizar este problema, puede partirse de la intervención de Carlos Camps, director de Programas Científicos de la Fundación ECO, pronunciada en el XI Foro ECO Calidad y Equidad en la Asistencia Oncológica: el modelo es Europa: “no se trata de identificar al malo de la película, sino sus partes malas”. Una manera elocuente de abogar por la cooperación e implicación de todas las partes en la búsqueda de una “solución global” para el acceso en España, como así cree que se necesita. “No solo el Ministerio es el culpable”, ha apoyado también Javier Cassinello, patrono de la Fundación ECO y especialista en el Hospital de Guadalajara.
Siguiendo con el símil cinéfilo, en Europa existen multitud de ‘versiones originales’ respecto a modelos de financiación y precio de medicamentos innovadores. Casi tantas como países. ¿Qué podría copiar España de países que presentan mejores tasas de acceso como Alemania, Francia o Inglaterra? Cuestiones como esta han sido abordadas en este XI Foro ECO.
Respecto a la comparación con el resto de los modelos europeos, Iva Krizaic, manager de IQVIA, ha explicado los diferentes procesos de acceso que hay en el mercado europeo. “Los contratos innovadores que se utilizan en otros países pueden acelerar el acceso a los fármacos oncológicos en España”, ha señalado. “Las diferencias con el resto de países son más grandes de las que nos gustaría”, ha puntualizado. “Hay mercados (países) donde los procesos de evaluación tienen plazos definidos para tomar la decisión o existen programas de early access, así como modelos donde se premia el acceso (tiempos) cuanta más innovación aporte el medicamento”, ha enumerado Krizaic.
Solo hay que tirar de hemeroteca para recordar los datos de informe W.A.I.T. 2022: España se encuentra en la 18ª posición en un listado de 49 países europeos respecto a los tiempos de acceso a la innovación. Según el informe antes citado de la Fundación ECO, los fármacos oncológicos aprobados por la CE entre 2017 y 2020 han tardado de media 469 días en financiarse en España, situación que incluso se ha agravado en los últimos años.
“El acceso a la innovación continúa siendo un tema complicado porque cada evaluación incrementa los tiempos. Mientras que la equidad en el acceso a los fármacos que ya están financiados ha mejorado, la brecha entre los medicamentos en vías especiales o en situación de financiación se ha ampliado”, señala María Espinosa, farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria de Hospital Regional Universitario de Málaga y miembro del Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (Gedefo).
En este sentido, los ponentes han insistido en otras fórmulas paralelas que también podrían favorecer un recorte en los tiempos de acceso a la innovación. En su mayoría, centradas en los procesos de evaluación y/o de decisión de financiación. “Son los procesos los que hacen que aquí algunas innovaciones lleguen mas tarde”, ha valorado la manager de IQVIA.
“Alemania y Francia son ejemplos de acceso rápido, pero también Inglaterra, donde el proceso de solicitud de la financiación se puede presentar a la vez que la solicitud de autorización a la EMA, por lo que los procesos transcurren paralelos y los pacientes tienen acceso al medicamento casi a la vez que su aprobación”, ha expuesto Juan Carlos Saorín, Head of Pricing de Roche.
Sistemas de precios modulables y estandarización
Mientras, la farmacéutica representante de Gedefo ha planteado “establecer modelos de financiación modulables y que todas las partes implicadas crean en la información que se generan y se evalúan en estos procesos”.
Por su parte, Javier García del Pozo, subdirector Adjunto en Subdirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, ha puntualizado que “hay que plantear cómo puede incorporarse un medicamento en función de la correspondiente evidencia que vaya generando”. De igual manera, en defensa de la posición de España respecto a la comparación de las tasas de acceso con otros países, considera que “hay que ponerse de acuerdo con las métricas para analizar los procesos y tiempos de acceso”.
Continuando con la reflexión del representante ministerial, el Head of Pricing de Roche ha valorado que “hay que reflexionar cómo incorporar al sistema fármacos que se presentan con estudios fase I o II, porque sabemos que ir con esos estudios a negociar con el Ministerio su financiación es un serio problema. De cara al acceso, Saorín cree que “una figura necesaria en nuestro sistema es la financiación condicionada”.
Primer paso: evaluaciones homogéneas
Antes que las decisiones de financiación, y en las cuales se basan las mismas, se encuentran los procesos de evaluación. Un ámbito en el que los participantes en este XI Foro ECO también vislumbran margen de mejora. En concreto, en la unificación de criterios.
“Tenemos el problema de las revaluaciones. Se tardan ocho meses en llevar a cabo los IPT y luego cada autonomía vuelve a revaluar”, ha destacado Enrique Aranda, secretario de la Fundación ECO.
“En España no existe una tabla reguladora de medición de beneficios, y otros países sí han adoptado guías oficiales de referencia”, ha señalado como introducción al debate Carlos Camps. “Es algo que falta en el sistema español, y en aquellos países que sí lo tienen se han quitado parte del problema en los tiempos de los procesos”, ha confirmado Krizaic.
En este sentido, la representante de IQVIA ha anunciado que a nivel continental ya esta en marcha el proyecto EUnetHTA, un consorcio entre agencias reguladoras —entre ellas la propia Aemps— que nace con la idea de llevar a cabo evaluaciones conjuntas de las innovaciones que fuesen “transferibles” a los Estados miembro participantes. “Es una iniciativa que podría ayudar a España a tener unos criterios homogéneos, aunque no sabemos cómo impactará en los respectivos procesos de cada país”, ha indicado.
