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“En España no se hacen trampas; se da información rigurosa”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue tajante en su comparecencia en el Congreso —por sexta semana consecutiva— ante las acusaciones de algunos grupos parlamentarios. En concreto, el Partido Popular y Vox reprocharon al ministro que el Gobierno estaba ocultando o maquillando datos.

Se referían, concretamente, al fallo metodológico que llevó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a situar a España como el octavo país del mundo que más test PCR realiza contra la Covid-19. El error consistió en la contabilización conjunta de test PCR y test de anticuerpos, mientras que en otros países solo se cifraban las pruebas diagnósticas por PCR. Un día después de su publicación, el secretario de la OCDE, Ángel Gurría, reconoció que sería preciso reajustar los datos. La organización rectificó relegando a nuestro país al puesto 17.

Datos inverosímiles

Los test están en el foco de la crisis política por la gestión del coronavirus. La oposición pide más test durante la desescalada y a los sanitarios, un colectivo que supera los 39.000 contagiados, aún no se les está realizando pruebas. Illa reconoció que “no habrá test para cada persona. Una persona que está sana y da negativo en un test PCR puede contagiarse”. Y, ante esta situación, que la OCDE pusiera a España por delante de países como Alemania, Francia o Reino Unido en capacidad de test resultaba, para algunos, inverosímil o milagroso.

Sin embargo, el ministro de Sanidad explicó que “España reportó a la OCDE los datos obtenidos, hasta el 23 de abril, diferenciando entre los test PCR y test de anticuerpos. Y esos datos fueron los que nos proporcionaron las comunidades autónomas”. Además, reiteró que nuestro país se encuentra en el octavo puesto si se suman los dos tipos de test. “Somos de los países que más test PCR estamos haciendo”, aseguró.

Sea como fuese, el error ha dañado la imagen del Gobierno —y sobre todo la de la OCDE— justo en el momento en que se están realizando más pruebas que nunca. Es más, Illa anunció que, “con los datos en la mano, se ha conseguido el primer objetivo: reducir la transmisión del virus”. Y con ello, justificó las nuevas medidas de alivio del confinamiento.

Controvertida desescalada por provincias

En esta nueva etapa, el ministro recalcó que “será más necesaria la coordinación entre los responsables de Sanidad” para evitar retrocesos. Pero varias regiones no están por la labor de cooperar ante la idea de llevar a cabo una desescalada por provincias e islas. En concreto, siete comunidades (Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha) han mostrado su disconformidad con esta medida y proponen que se haga por áreas sanitarias. Ante esta reclamación, Illa les trasladó que lo estudiaría pues “el Gobierno es flexible a cualquier otra propuesta de los diferentes territorios que se considere factible”. Eso sí, esa unidad territorial deberá cumplir una máxima: “ser fácilmente aislable si es necesario”.

EH Bildu aprovechó para exigir que se devuelvan las competencias a las autonomías, alegando que España se está convirtiendo en un país centralista. Pero el ministro hizo hincapié en que, como “la movilidad es el vector que mejor explica la transmisión del virus”, el decreto de alarma está siendo un instrumento para eliminar el derecho de movilidad”, algo que no pueden hacer las CC.AA.

Abastecimiento asegurado

“El abastecimiento de medicamentos ha estado garantizado en todo momento”, destacó Illa, quien anunció que en los próximos días, comenzará la producción nacional, a cargo de una empresa de Mondragón, de 10 millones de mascarillas higiénicas reusables y desechables.

El ministro resaltó que, desde el 10 de marzo, han llegado a España 115 millones de equipos sanitarios, repartidos entre las CC.AA. Así, reiteró la importancia de la cooperación y coordinación: “Entramos unidos y saldremos unidos”.


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