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Hace cuarenta días que finalizó el estado de alarma; los mismos que desde la última comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados. Y ahora, nos encontramos en una etapa en la que tenemos que “aprender a convivir con el virus”. Por eso, una de las peticiones más destacadas ha ido de la mano de Ciudadanos, que solicita mantener la excepción de los visados en los pacientes crónicos anticoagulados y con EPOC en España.

De este modo, Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha pedido que se prolongue la suspensión de visados en estos pacientes, al menos, hasta que se tenga una vacuna. De hecho, el ministro ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad que cree “que durante la primera mitad del año que viene habrá vacunas disponibles y seguras”.

Díaz ha defendido estos pacientes son especialmente vulnerables al virus de la COVID-19, “unos por cuestiones respiratorias y otros por trombos que ya se sabe que ocasionan”. La respuesta del titular de Sanidad ha sido escueta pero positiva, pues se compromete a estudiar la propuesta, al calificarla de “sensata”.

Comité de expertos para la desescalada

¿Había o no había un Comité de expertos para el plan de la desescalada? Esta es la polémica pregunta que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han lanzado al ministro de Sanidad y que ha marcado la Comisión. Y, si no había Comité, “¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no técnicas“, apostillaba la diputada popular, Concepción Gamarra. Efectivamente, Salvador Illa ha admitido que “no se creó un comité al margen del Ministerio de Sanidad”, aunque sí tomaba las decisiones en base a informes técnicos.

El PP ha subrayado que fue el presidente del Gobierno quien anunció a principios de mayo que había un Comité de expertos. Además, el doctor Fernando Simón dijo que no daría los nombres para que pudieran mantenerse alejados de “presiones”. Ante esta situación, la formación acudió al Defensor del Pueblo al considerar que el Gobierno “se negó a hacer pública e informar sobre la composición del Comité científico que decide en relación con el acceso de todo el territorio nacional a las distintas fases del denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad”. Ya han obtenido respuesta. Y la respuesta es que no hay Comité de expertos.

A falta de dicho Comité, Illa ha desgranado los grupos de apoyo y trabajo con los que sí contó el Gobierno:

  • Un comité científico, que se reunían semanalmente con el presidente del Gobierno y con el propio ministro y que ha asesorado el Gobierno desde un punto de vista científico.
  • Un grupo multidisciplinar de expertos, que coordinó la vicepresidenta cuarta de transición ecológica para elaborar el plan de desescalada. Estaba integrado por epidemiólogos, sociólogos, economistas, comunicadores, etc.
  • El propio ministro de Sanidad, quien tenía la decisión última para determinar quién pasaba de fase. “Yo tomaba esta decisión en base a informes técnicos”. Dichos informes se los remitía la directora de Salud Pública, cuya información provenía del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y estaba “avalado por el doctor Fernando Simón y su grupo de expertos”.

Además, el ministro ha hecho hincapié en que los informes al final de cada fase se hicieron públicos.

Baile de cifras

Muchos de los reproches que ha recibido el ministro de Sanidad han sido relacionados con los “bailes de cifras” respecto a los contagiados y fallecidos por COVID-19. Ciudadanos considera que se ha hecho una mala gestión de los datos y esto ha restado “credibilidad” al Gobierno.

“Ya sabemos que los fallecidos son muchos más. ¿A qué esperan para reconocerlos?”, ha preguntado Guillermo Díaz. Desde el PP también cuestionan los datos oficiales. “¿Han fallecido 45.000 españoles por COVID-19? Es una pregunta que debe responder”, instó concepción Gamarra al ministro. La diputada ha afirmado que los datos oficiales no son los mismos que Illa remite a la OMS o al ECDC. Además, también le ha recordado que desde el 17 de julio, el Ministerio no actualiza el número de sanitarios contagiados.

Por respuesta, el ministro, que considera que se está actuando con transparencia desde el Gobierno, ha indicado que hay más de 28.000 fallecidos “de acuerdo a los criterios internacionales”. “Es el dato que hay”, ha afirmado. Y, ha añadido, que el Gobierno ha dado dos datos más: el del exceso de mortalidad que proporciona el ISCIII y los datos que proporciona el INE. “Son datos que dan una cifra distinta con criterios distintos. Unos son personas fallecidas que tienen una prueba diagnóstica positiva de COVID-19 y otros son personas que han fallecido respecto a la cifra esperada de fallecidos del año anterior. Y no se puede atribuir todos esos fallecimientos al COVID-19″, ha dicho Illa.

Asimismo, los populares han preguntado por las compras de material sanitario. El ministro ha destacado que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha repartido a las comunidades casi 245 millones de unidades de material de protección. Sin embargo, Concepción Gamarra ha puesto de relieve que ha habido compras de mil millones de unidades de equipos de protección que no han llegado. “¿Qué pasa con lo que no llega? Han pasado más de cuatro meses”, ha denunciado.

Aumento de los rebrotes

Según ha reseñado Salvador Illa, España registra actualmente unos 900 casos diarios, con grandes diferencias entre comunidades autónomas (el 60 por ciento de los casos se concentran en Aragón y Cataluña). Así, se han comunicado un total 527 brotes, de los cuales 412 continúan activos.

El ministro ha señalado que “en todos los países, incluido España, se están produciendo brotes”. Y, para evitarlo, ha instado a seguir “las tres emes”: mantener la distancia interpersonal, manos (lavarlas frecuentemente) y mascarilla (usarla cuando no se pueda garantizar la distancia interpersonal y siguiendo las prescripciones de las CC.AA).

Sin embargo, a pesar de que los contagios han subido en los últimos días, Illa ha asegura que nos encontramos en una situación distinta a la vivida en los meses de marzo y abril. Ha señalado que en torno al 60 por ciento de los casos que notifican las CC.AA son asintomáticos, alrededor del 70 por ciento de los rebrotes tienen menos de 10 casos asociados y la media de edad ha bajado. “Están afectando a los más jóvenes”, ha apuntado. Actualmente, la media de edad es de 45 años (en marzo y abril se situaba en los 63 años), aunque en las últimas semanas baja a casi 40 años.

Además, los casos son más leves y pocos pacientes requieren ingreso hospitalario. Es por eso que “la presión sobre el sistema sanitario es baja en estos momentos“. Durante la última semana, se han producido nueve fallecimientos por COVID-19 y se están realizando más de 42.000 PCR diarias de media.

Ante esta situación, el ministro ha afirmado que España es un país seguro para viajar y puede venir cualquiera, aunque con una condición: “Que respete y cumpla las medidas y recomendaciones de cada comunidad”. Respecto al turismo, el PP pide habilitar PCRs para los viajeros que lleguen a nuestro país y garantizar que España sea un destino seguro.

Ley de Salud Pública del 86 y marco jurídico

La diputada Concepción Gamarra ha reseñado la tarea de su partido para aportar en materia legislativa con reformas. A este respecto, ha precisado ante Illa la propuesta que desde el grupo se ha hecho para modificar ciertos aspectos en la LO 3/1986 y 2/1998, ambas materializadas en un texto firmado por Cayetana Álvarez de Toledo y remitido al Congreso.

El ministro de Sanidad, por su parte, ha evidenciado que en su opinión “el marco legal actual es correcto“. En este área ha señalado que “si hay que tomar una decisión de esta índole tiene que recibir la ratificación judicial“. No obstante, y pese a su disconformidad inicial, se ha comprometido a estudiar la propuesta popular.


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