La configuración de un nuevo Gobierno plantea muchas incógnitas, pero también otras tantas certezas. Una de ellas tiene que ver con la llegada de una propuesta ampliamente demandada por el sector para la que se prevé dar respuesta, como es la del aterrizaje de un Hispanice; o, lo que sería lo mismo, el desembarco de una autoridad independiente para la evaluación de acciones y/o prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde una visión técnico-profesional. No en vano, las dos principales fuerzas políticas que aspiran a liderar el Ejecutivo —Partido Socialista y Partido Popular—, apuntan a esta propuesta dentro de la batería programática para sanidad.
La historia de la propuesta no es reciente; sin embargo, la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias escaló de nivel a raíz de la emergencia de la COVID-19. Así las cosas, los espacios políticos liderados por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han detallado cuál sería el alcance sus potenciales Hispanice.
Un total de 300 expertos sanitarios (médicos, investigadores académicos, farmacéuticos, enfermeros y gestores) publicaron en 2020 un manifiesto que pedía la llegada de un órgano que tomara como referencia el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Entonces se consideraba necesaria su llegada inminente, que podría venir soportada gracias a la financiación de los fondos Next Generation UE.
Así, desde Ferraz aseguran la creación de esta entidad, a la que conceden el grado de “independiente” aunque matizan que quedaría “adscrita al Ministerio de Sanidad”. Su objetivo sería mejorar el acceso a medicamentos, garantizando la equidad y sostenibilidad dentro del SNS. Para ello, prevén que su misión central fuera la evaluación de financiación y fijación de precio de los fármacos y productos sanitarios.
Por su parte, la hoja de ruta publicada por Génova explicita su intención de crear “un sistema en red para la evaluación de la innovación y las tecnologías sanitarias”, estableciendo el símil en el texto con el NICE británico. El PP abunda que este organismo incorporaría “técnicos de comunidades y expertos en la materia”. El fin último, explican, sería el de “establecer un modelo común y eficaz de evaluación de innovación y tecnologías, sujeto a los principios de transparencia y aplicación auditable de la evidencia científica”.
Su ‘paso’ por el Congreso
El proyecto de Hispanice ha planeado por sede parlamentaria en algunas ocasiones durante la pasada legislatura. Una de las últimas reclamaciones vino ligada a la tramitación de la Ley de Equidad, para la cual la Asociación de Economía de la Salud (AES) participó en el arranque de 2022 en un documento de “recomendaciones constructivas” con esta medida en agenda.
Asimismo, la promoción de la creación de una “Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (Aiepps)” fue debatida en noviembre de 2021 en el seno del Congreso de los Diputados; concretamente en la Comisión de Sanidad mediante Proposición No de Ley (PNL) del PDeCAT. Si bien la iniciativa encontró apoyos en el grueso de la oposición, esta fue tumbada por 22 votos en contra, 11 a favor y 1 abstención.
Como argumentó la portavoz del Grupo Plural en aquel entonces, Concepció Cañadell, la PNL preveía para el ente la tarea de “evaluar, con carácter preceptivo, nuevas técnicas tecnologías y procedimientos para ayudar al desarrollo de la cartera de servicios comunes”, en línea con lo propuesto para el Hispanice. Además, en 2020 formó parte de los supuestos defendidos en el marco de la Comisión de Reconstrucción, tras recibir impulso del PP.
Mucho antes, allá por 2017, la propia Comisión de Sanidad de la Cámara Baja tomó conciencia colectiva sobre la necesidad de crear un órgano de evaluación que actúe de forma protocolizada y con transparencia. El germen de este debate lo introdujo la comparecencia de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) en sede parlamentaria.
Tras una primera exposición en la que Rosana Peiró, coautora del informe, y José Ramón Repullo, jefe del departamento de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, los entonces portavoces comenzaron a tener una imagen en la mente que fue verbalizada tanto por el ya ex portavoz del grupo socialista, Jesús María Fernández, como por el que fuera su homólogo de Ciudadanos, Francisco Igea. “Entonces, ¿qué nos hace falta para funcionar como lo haría el NICE británico?”, preguntó el primero a los comparecientes; la ex diputada popular, Marta González, como la ex de Podemos, Rita Bosaho, se sumaron a la cuestión. “Hay que dotar de independencia y transparencia a la agencia de evaluación”, dijo la segunda.
Pacto de procedimientos para el NICE español
El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, y uno de los impulsores del Hispanice, celebra la noticia de que este compromiso llegue por parte de los principales partido políticos, aunque advierte: “Hay que mirar no sólo la música, si no también la letra de la canción”. La creación de esta agencia, abunda, es “uno de los ingredientes típicos que debiera de estar en un Pacto de Estado por la Sanidad”. A pesar de ello, el experto profundiza que este pacto ha cristalizar como un consenso “de procedimientos” y no de resultados, lo que a su juicio es más factible desde el punto de visto político.
En este sentido, refleja que el objetivo sería definir el método a seguir de cara a una posible prestación nueva “para calificarla en términos de si entra en cartera y con qué indicaciones”. De este modo, sostiene que el Hispanice no debería de transformarse “en un juguete” del partido que esté en el gobierno, sino que debería existir “una decisión del Parlamento”.
“La creación de un Hispanice es uno de los ingredientes típicos que debiera de estar en un Pacto de Estado por la Sanidad”
Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra
Según apunta el economista, la ley que crea un NICE “es una ley consensuada pactada por el Parlamento” y tiene “un estatuto de autonomía”. En lo referente a su carácter independiente, Casasnovas explica que su objetivo sería realizar recomendaciones prudenciales, en el argot de la gestión pública; a este respecto, señala la libertad de no tomar las mismas en consideración —por ejemplo, debido a impacto presupuestario—, pero necesidad de ofrecer una rendición de cuentas en sede parlamentaria sobre las motivaciones que pudieran subyacer de la decisión adoptada.
El catedrático de Economía recuerda que la idea del Hispanice llegó a presentarse al propio ministerio liderado por Nadia Calviño, mediante el mismo argumento sobre el cual se implantó la Airef: “Prácticamente era una imposición prácticamente del memorándum de intervención europea; la coyuntura era buena porque nos estaban dando fondos europeos”. Sin embargo, puntualiza que su motivación es distinta, aunque complementaria. “Una cosa es controlar ex post el gasto que se está proponiendo y otra es, ex ante, decidir dónde está el coste-efectividad de tratamientos y prestaciones”, incide.
