La cartera de Farmacia en Andalucía contempla importantes novedades como parte de la actividad que desarrolla en la Consejería de Salud y Consumo. La supresión legislativa de las subastas de medicamentos se sitúa entre sus tareas pendientes tras haber sido ya paralizadas, pero la Junta también trabajará en otras importantes áreas como la mejora en la adquisición del producto vía decreto en las prestaciones ortoprotésicas, al tiempo que se seguirá apostando por la calidad y seguridad de los tratamientos. Así lo explica Carlos Gustavo García, subdirector de Farmacia y Prestaciones en la comunidad autónoma, en una entrevista exclusiva con El Global. Junto a esta publicación, el responsable repasa las prioridades a corto y largo plazo en esta materia farmacéutica del gobierno andaluz.

García destaca además la promoción de las anulaciones cautelares de las dispensaciones, mediante el uso de receta electrónica, para “evitar las dispensaciones de tratamientos en los que se detecte incidentes de seguridad”; también la puesta en marcha en materia educativa del paciente para la deshabituación voluntaria del consumo de benzodiacepinas y la gestión centralizada para la adquisición de vacunas incluidas en el calendario. “A nivel hospitalario, estamos trabajando para que la adquisición de medicamentos por parte de los hospitales sea lo más eficiente posible, para lo que se precisan acuerdos marco centralizados para medicamentos exclusivos, radiofármacos o medicamentos suministrados por más de un proveedor, entre otros”, destaca.

Del mismo modo, el responsable andaluz avanza novedades en el ámbito de la oncología y la hematología, donde próximamente la región dispondrá de “una plataforma centralizada corporativa a la que se irán incorporando progresivamente los centros, desde la que pueda realizarse una gestión global de estos tratamientos y disponer de un cuadro de mandos que facilite la toma de decisiones clínicas, el análisis de datos y la medición de resultados en salud, así como el acceso a protocolos farmacoterapéuticos comunes”.

Es precisamente en este campo, el del acceso a las nuevas oportunidades terapéuticas, donde también da su punto de vista a EG sobre la situación actual del panorama a nivel nacional y la acción autonómica que desde Andalucía se viene llevando a cabo.

Pregunta. La necesidad de un mejor acceso a los medicamentos innovadores en España viene siendo una reclamación de calado en el sector. ¿Cuáles son sus claves y cómo pretende mejorar el proceso actual?

Respuesta. Debe considerarse medicamento innovador a aquel suponga un avance terapéutico indiscutible por modificar o mejorar el curso de la enfermedad, su pronóstico y el resultado terapéutico de la intervención, además de contribuir a la sostenibilidad del SNS. En España, la decisión de financiación y fijación de precio de los medicamentos se sustenta en una evaluación previa, tanto en términos terapéuticos como económicos, que vela por la mejor toma de decisión motivada en una evaluación objetiva y rigurosa de la evidencia científica disponible en aspectos fundamentales como son el beneficio clínico del medicamento y su coste-efectividad, para así poder sustentar la decisión en el valor que aporta el medicamento y su impacto presupuestario, criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2015.

“El nuevo decreto facilitará la evaluación centralizada de medicamentos para acortar tiempos y asegurar homogeneidad”

No hay que ver la innovación como un gasto, es una inversión en salud. La administración debe favorecer el acceso de los fármacos a las nuevas terapias y la innovación. Por este motivo, aunque el proceso para facilitar el acceso a estos medicamentos en las comunidades autónomas no está regulado, en Andalucía estamos trabajando en un decreto para centralizar el procedimiento de acceso a los fármacos. Cuando el nuevo decreto vea la luz, se hará una evaluación centralizada de los medicamentos con el objetivo, sobre todo, de acortar los tiempos y asegurar la homogeneidad. El proyecto de decreto fue sometido a consulta pública previa tras la cual se han recibido alegaciones por parte de asociaciones, colegios y sociedades científicas. Estamos estudiando dichas alegaciones para concretar un texto consensuado.

P. A nivel nacional se plantea la necesidad de mejorar el proceso de precio y financiación, tal y como se ha valorado en la Mesa de Análisis

R. Estoy de acuerdo en que el procedimiento es mejorable. Tal y como se indica, hay un deterioro patente en el acceso y hay que revisar los procesos. Creo que es necesario introducir una reforma normativa. Por otra parte, debe de haber procesos individualizados para dar cabida a los medicamentos que, por sus características, sean susceptibles de modelos innovadores de gestión como puede ser el pago por resultados. Así, también habría que buscar una priorización para fármacos cuyo impacto en la clínica sea disruptivo por su aportación en términos clínicos. De la misma forma, habría que pensar la forma de tratar específicamente aquellas terapias para enfermedades poco frecuentes o aquellos que tienen un gran impacto social.

P. Actualmente, Andalucía es una de las tres comunidades que representa a las autonomías en la CIPM. ¿Cuál es su opinión sobre su funcionamiento y cómo cree que se puede contribuir a la mejora de su funcionamiento?

R. Desde 2018, se han implementado diversas medidas para trasparentar la toma de decisiones en materia de financiación y fijación de precios, pero se necesitan medidas para acortar los tiempos de acceso a los medicamentos que realmente aportan valor. Algunas medidas que se proponen son: incorporar una perspectiva económica más amplia teniendo en cuenta no solo el coste del fármaco, sino los costes asociados sanitarios y no sanitarios; hacer más participes a las SS. CC. y asociaciones de pacientes en algunas fases de la elaboración de los IPT, así como a clínicos de reconocido prestigio en los campos que actúan dichos tratamientos; y tener en cuenta situaciones especiales como enfermedades poco frecuentes, donde es más difícil generar evidencia por la escasa N de pacientes.

“Se necesitan medidas para acortar los tiempos que realmente aportan valor […] se propone incorporar una perspectiva económica más amplia”

El proceso de acceso en las CC. AA. no está tan regulado y se dan tres posibilidades: un modelo centralizado, descentralizado y mixto. Todos los modelos tienen sus ventajas e inconvenientes. En Andalucía estamos trabajando en un decreto para centralizar el procedimiento de acceso a los fármacos, ya que tenemos que velar por evitar que se den inequidades en el acceso a estas terapias. Cuando vea la luz, los fármacos pasarán de evaluarse hospital por hospital a una evaluación centralizada para todo el territorio con el objetivo de acortar los tiempos y asegurar la homogeneidad.

P. En este proceso también intervienen de manera decisiva los IPT. ¿Cuál es la fórmula más idónea en que debería ‘evolucionar’ este instrumento?

Carlos Gustavo García, subdirector de Farmacia y Prestaciones de Andalucía.

R. En España, la decisión sobre la financiación se fundamenta en una evaluación rigurosa y objetiva de la mejor evidencia científica disponible. En este sentido, cabe destacar la importancia de los IPT realizados por REvalMED en la evaluación del beneficio clínico de los medicamentos, así como de su coste-efectividad. Una vez evaluado el medicamento en cuestión, corresponde a la CIPM resolver sobre la fijación del precio en España, que puede aceptar o no la propuesta de financiación, según considere que se ajusta o no a los criterios de financiación establecidos en el RDL 1/2015.

El plan de consolidación de los IPT ha traído novedades que aportan una visión más completa al proceso de realización y revisión de los mismos. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Considero que es importante profesionalizar este plan y esto incluye dotarlo de financiación adecuada. Hasta ahora dependemos de la buena voluntad de los profesionales para que accedan a formar parte de los nodos de evaluación de manera altruista y sacrificando tiempo propio para sacar el trabajo. Por otra parte, pienso que es un avance que los IPT cuenten con una evaluación económica, lo que los hace una herramienta de decisión mucho más potente. Así, es más fácil llevar a cabo un posicionamiento en aquellas terapias con competidores efectivos. Es preciso revisar también los agentes que intervienen en su elaboración y plantear de qué forma se puede dar voz a las asociaciones de pacientes.

P. Se viene hablando de la necesidad de mejorar la capacidad efectora de la oficina de farmacia. ¿Se plantean afianzar o consolidar aspectos como la dispensación colaborativa, la AFD o la dispensación excepcional?

La pandemia ha introducido nuevos modelos colaborativos que hubo que poner en marcha de forma urgente. Alguno de estos cambios, introducidos en esta etapa epidémica, han mostrado ventajas para los pacientes. Andalucía apostó por aumentar la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos que se les dispensa en los hospitales, mediante su envío al domicilio del paciente o su dispensación en las oficinas de farmacia. El objetivo era asegurar la prestación farmacéutica en un momento en que esta se vio comprometida por la reducción de la movilidad. Así, Andalucía ha sido la comunidad que más dispensaciones colaborativas ha realizado. Sin embargo, con el fin de la pandemia, es posible que tengamos que replantearnos estas medidas. Las normas que lo han permitido se derogarán con el fin de la crisis sanitaria, por lo que es urgente y necesario que el Ministerio de Sanidad modifique el texto refundido de la Ley de Garantías para que estas actuaciones puedan continuar en el tiempo.


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