La llegada de un nuevo virus sorprendió a toda la población, incluso a aquellos que parecían más preparados ante una posible crisis como esta. Lo que aparentaba ser un escenario lejano e improbable, se convirtió en una realidad que trastocó todos los aspectos de la vida cotidiana de millones de personas el pasado 2020.
La urgencia sanitaria que planteaba el coronavirus llevó al Servicio Madrileño de la Salud a formar parte del Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020, con un objetivo temático: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Sujetos a la norma, la administración adquirió aquellos bienes necesarios para poder diagnosticar y tratar a todos los pacientes de COVID-19. También medios y equipos de protección individual para profesionales, así como equipamiento necesario para el hospital IFEMA COVID-19 y, por último, la adquisición de servicios para el funcionamiento de los hoteles medicalizados.
“En este escenario, realmente, nosotros no sabíamos más. Sólo pensábamos que estábamos ante un reto fundamental, haciendo adquisición de bienes y servicios, pero no sabíamos más”.
Así rememoró la subdirectora general de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, Susana Álvarez Gómez, durante el XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, cómo la administración vivió la pandemia.
La subdirectora general recordó los grandes retos a los que se enfrentaron durante este periodo: la compra centralizada de bienes y servicios, que habitualmente están descentralizados en centros sanitarios; y la elaboración del expediente 120, que no todo el mundo tenía claro cómo hacerlo.
“Bajo el paraguas del 120”, se crearon 495 expedientes con los que la administración pudo adquirir todo lo necesario para afrontar esta situación de emergencia.
“Era contratar un servicio de hoy para ayer. Con un importe importante, aproximadamente de 190 millones de euros. Cuando nos plantearon entrar en un fondo de financiación, con un reembolso del 100%, nos pareció fundamental, porque era un gasto que no existía en la cabeza de nadie y se producía todos los días durante ese periodo”, comentó Álvarez.
De esos 495 expedientes, se aprobaron 423 (el 85,45 por ciento del total), por lo que, al final, el gasto previsto bajó hasta los 134 millones. Además de esto, entraron en juego otros factores que también redujeron el importe total de los expedientes: el decreto que eliminó el IVA en ciertos productos, los servicios que no se completaron en sus necesidades máximas o las facturas pendientes de pago que no se pudieron incluir en el gasto total, a la hora de cerrar los plazos del fondo europeo.
“Por ejemplo, los hoteles que pusimos a disposición de profesionales sanitarios. Programábamos el expediente para cubrir dos meses. En ocasiones ocurrió que ese hotel quedaba clausurado antes del tiempo previsto porque ya no era necesario. O, incluso, porque preveíamos que el hotel iba a estar completo y al final estaba al 90 por ciento”.
Aunque la administración pudo conseguir el reembolso del cien por cien de muchos expedientes, de otros no fue así. Por ello, González aseguró que desde el principio tuvieron muy claro el objetivo, que fue el de “pelear por el reembolso total del gasto sobrevenido por la COVID”.
PERTE, nuevo instrumento en España
Tras la ponencia de González, fue el turno de Jorge Robles González, socio en Cuatrecasas y especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública, quien habló sobre Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Conocidos ya a nivel europeo, pero nuevos en España, según indicó Robles.
“El PERTE es un nuevo instrumento de colaboración público privada (IPCEI) más flexible, que se ha hecho a imagen y semejanza de lo que se denomina proyectos importantes de interés común europeo.”
Jorge Robles González, socio en Cuatrecasas y especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública
Robles defendió los PERTE como una herramienta considerada especialmente apta para la ejecución de las medidas que se establecen en el Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia España. “Tienen un carácter estratégico. Básicamente están dirigidos a simplificar los procedimientos, a reducir los plazos y a suprimir algún tipo de autorizaciones”, enumeró el especialista.
En esta misma línea, Robles detalló la relación actual entre España y esta herramienta, y es que existe un único PERTE aprobado (Vehículo Eléctrico Conectado) y tres en estudio. De estos tres, uno de ellos pertenece a la medicina personalizada.
“Con él, se pretende mejorar la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y, a su vez, fomentar la generación de tejido industrial, además de la creación de empleo de calidad”.
Invertir y, sobre todo, evaluar
Para concluir la mesa redonda, Belén Soto, presidenta Sector Salud Digital de e-Health de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), puso en jaque los fondos que se estaban invirtiendo en la digitalización de la sanidad. Unos fondos, indicó, que “estoy segura de que, en algún sitio, hay para la transformación digital, pero todavía no los he visto”. Con ello, comparó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España con el de otros países, y evidenció la inexistencia de un apartado que hiciese mención a la transformación digital.
Más allá de estos detalles, Soto quiso centrarse en el profesional y en las necesidades que ha presentado todavía más a raíz de la pandemia. Entre ellas, destacó lo importante que es tener un historial clínico completo de un paciente y poder acceder a él desde cualquier región. “Con ello nos ahorraríamos pruebas innecesarias, pero para ello necesitamos que el dato sea líquido, que sea accesible”, expuso.
“Estoy segura de que, en algún sitio, hay fondos para la transformación digital, pero todavía no los he visto.”
Belén Soto, presidenta Sector Salud Digital de e-Health de FENIN
Para reforzar su argumento, la presidenta del Sector Salud Digital aseguró que todavía existen regiones en las que los profesionales no se centran en el paciente y que todavía existen personas que no pueden acceder a su historial clínico desde su casa. “Tiene que haber armonización, que garantice la equidad entre los ciudadanos”.
Además, detrás de toda esa digitalización que se está llevando a cabo, explicó Soto, todavía queda mucho por hacer: “Yo voy con mi móvil a una farmacia con un lector, ven cuál es el medicamento y, a continuación, pasa una cosa súper digital. Cogen el cúter, quitan el cupón y lo que más me maravilla es cuando le ponen el celo en la hoja”.
Por ello, en opinión de Soto, “para mejorar, hay que medir”. Sin embargo, ante la falta de información sobre el índice de madurez digital en salud de España, la experta expuso los resultados de un estudio elaborado por FENIN en los que reflejaba un índice global del 31 por ciento. Es decir, “un suspenso” con el que no se puede llegar al objetivo deseado, que es la medicina de precisión.
Por ello, y en relación con la estrategia económica expuesta con anterioridad, la experta pidió que se hicieran proyectos aterrizados y con objetivos claros. Además, Soto advirtió de que existe una mala costumbre que consiste en invertir unos fondos, pero, luego, no se hace una evaluación de si “si esa inversión ha cumplido los objetivos”.
“Muchas veces, la resistencia al cambio no viene dada por la tecnología, sino por la resistencia de las organizaciones, de la visión y, muchas veces, por la normativa. La tecnología no es el problema”, sentenció.
