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La Federación Española de Asociaciones Científico Médicas (Facme) ha hecho un llamamiento para reevaluar las medidas sobre formación continuada de los profesionales sanitarios que recoge el borrador del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

El texto contempla la “prohibición de estas actividades, directa o indirectamente financiadas por la industria”. Facme pide que se evalúe de nuevo este planteamiento, y entiende que, hasta el momento, ha sido la administración sanitaria la que no ha asumido su obligación legal de financiar la formación continuada, habiéndola delegado en la industria biosanitaria (es decir industria farmacéutica y de tecnología sanitaria), que ha hecho posible gran parte de la formación de los médicos.

Inversión insuficiente

Facme denuncia que la inversión en formación médica continuada (FMC) que realiza el Sistema Nacional de Salud Español no cubre ni las mínimas necesidades formativas ni la de todos los profesionales, dado que algunos de ellos ejercen en el sector privado.

Esta limitación, subrayan, es compensada con inversión procedente de otras fuentes, entre las que la industria farmacéutica y la de tecnología sanitaria ocupa un papel relevante y además se ha dotado de forma voluntaria de un Código de Buenas Prácticas que pone el listón en el máximo nivel de lo que debe entenderse como aceptable en las relaciones con los profesionales sanitarios.

Desde la federación hacen hincapié en que la Formación Médica Continuada es esencial porque su objetivo es mantener la competencia de los profesionales para proporcionar la mejor atención sanitaria posible a la población. Destacan, además, el papel en este terreno de las sociedades científicas. 

Apoyo de la industria farmacéutica y tecnológica

En la actualidad, gran parte de la financiación de esa formación ha sido posible gracias al apoyo de la industria farmacéutica y de la de tecnología sanitaria, por lo que Facme plantea que, de ponerse en marcha esta medida, “debe ser habiendo garantizado previamente la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación y respetando la accesibilidad de los profesionales y sus propias necesidades formativas independientemente de las planteadas por las administraciones”.

Desde la federación recalcan que siempre han defendido que las actividades formativas organizadas por las sociedades científicas deben regirse por el marco de la transparencia, no solo con sus propios socios sino con todas las partes implicadas, y esa transparencia se ha convertido en un objetivo primario de las sociedades y por tanto de Facme.


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