Expertos de la AES instan a mejorar la regulación del precio de medicamentos

Los expertos aluden a las mejoras regulatorias de precios de medicamentos para mejorar los fallos del sistema, evitar desigualdades y garantizar los derechos de propiedad

228

Con el objetivo de reflexionar acerca de la financiación pública y la intervención de los precios en los nuevos medicamentos, cuatro académicos miembros de la Asociación de Economía de la Salud (AES) han elaborado un documento que desgrana los principales mecanismos a los que atender para comprender la regulación en el precio de los medicamentos.

El desarrollo de las vacunas y la propia crisis originada por la COVID-19 han impulsado un debate acerca del procedimiento necesario para establecer esta cuestión. En este contexto, los autores del estudio alertan “contra soluciones aparentemente sencillas para la fijación de precios que pueden ocultar espinosas complejidades”.

En este sentido, el tipo de fármaco, el contexto organizativo y las condiciones de su llegada a los sistemas sanitarios son algunos de los elementos que pueden determinar “el mecanismo más idóneo a aplicar”, indican los expertos partícipes del documento: los profesores José María Abellán (Universidad de Murcia), Jaime Espín (Escuela Andaluza de Salud Pública), Jorge Mestre (Universidad Carlos III) y Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha).

“Las políticas de financiación pública y fijación de precios deben de conciliar 2 objetivos: facilitar el acceso a ciudadanos y conseguir integrar los avances en el sistema sanitario sin comprometer la sostenibilidad financiera”

Autores del documento de la AES

El documento se centra especialmente en la intervención pública de los precios de los nuevos medicamentos. En el caso de España, el abordaje de este tema implica detallar la financiación pública de los fármacos, “habida cuenta de la dificultad de discernir en la práctica de ambas decisiones”, señalan.

¿Por qué es necesaria la regulación de precios?

Los expertos de la AES califican la intervención pública en los mercados como “vital” para el buen funcionamiento del mismo. Aluden a la necesidad de contar con ello para mejorar los fallos del sistema, para evitar desigualdades y para garantizar los derechos de propiedad “atenuando los costes de transacción presentes en los intercambios”.

En la cadena de valor de medicamentos, todos los eslabones están regulados, albergando desde el comienzo del mismo con la fabricación y producción, hasta la prestación en el sistema sanitario. Para mejorar la situación, los autores del documento destacan cinco principales mecanismos de regulación de precios de medicamentos: precios basados en valor, precios de referencia internacional, acuerdos de riesgo compartido, control de beneficios y cost-plus.

Es conveniente destacar que el análisis que desarrollan los expertos en el documento “no permite indicar qué opción es mejor en nuestro medio porque cada una ha sido diseñada en un contexto específico”, indican los autores. En este contexto, destacan que el abordaje de esta cuestión permite ver las ventajas y las desventajas de las políticas farmacéuticas para poder ser consideradas, si así se desea. En este sentido, los expertos animan a dotar de recursos humanos, técnicos y organizativos para la puesta en funcionamiento de las mejoras y no “quedarse a medio camino, sumiendo una melancolía de lo que pudo ser y no fue”.

Reino Unido, referente

Los autores destacan a Reino Unido como referente en la aplicación de la “regulación de la tasa de beneficios”, a través del llamado Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS) y al haber puesto en marcha el National Institute for Health and Care Excellence (NICE). La simbiosis entre estos dos organismos “sería un elemento más dentro de la estrategia nacional para el sector de las ciencias de la salud”. Esta estrategia incluiría una política industrial activa, el uso de la evaluación económica, incentivos potentes en el lado de la demanda y otros mecanismos de control del gasto farmacéutico.

Asimismo, los expertos aconsejan desarrollar una aplicación de un acuerdo de riesgo compartido. Proponen establecer un contrato de compra anticipada cuando el riesgo es compartido entre la parte pública y la entidad que desarrolla el medicamento. Esto ayudaría a determinar un precio “basado en el coste y no en el valor”, defienden los autores de la AES.

“No es lo mismo regular el precio de una nueva estatina que un tratamiento potencialmente curativo para el glaucoma o una CAR-T”

Autores del documento de la AES

En este sentido, los expertos hacen referencia a una disponibilidad de herramientas “a modo de menú”, según las necesidades. Eso sí, los responsables del documento dejan claro que cualquier combinación de herramientas que busque la eficiencia de los recursos deberá enfrentarse al análisis presupuestario correspondiente y a las restricciones del sistema.

Críticas al sistema español

En España, existen varios criterios para considerar la financiación pública de medicamentos y productos sanitarios, como por ejemplo, el beneficio clínico en relación al coste-efectividad o el impacto presupuestario. Sin embargo, “no es posible conocer cómo se han aplicado los criterios en el pasado “, lamentan los autores. Según ellos, esto se debe a la falta de desarrollo reglamentario de la normativa general, la ausencia de la evaluación económica en los Informes de Posicionamiento Terapéutico y “la opacidad” de la parte del proceso que transita entre la evaluación técnica y la toma de decisiones.

En este sentido, los expertos esperan que la inclusión de la evaluación económica de los IPTs “sirvan de ayuda”. No obstante, señalan que el esta estrategia se encuentra aún en su fase de arranque y que “no resulta posible evaluar los resultados”. Además, subrayan que los procedimientos que contempla el plan, entre los que se encuentra la mejora de los tiempos de elaboración de la evaluación farmacoeconómica, “parecen claramente insuficientes”.

Apoyo a creación de una autoridad independiente

Los expertos han aprovechado la creación del documento para apoyar la creación de una autoridad independiente, inspirada tanto en el NICE como en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una cuestión que lleva meses sobre la mesa de distintos debates.

Este organismo evaluaría, además de los medicamentos, otro tipo de dispositivos, prestaciones e incluso elementos organizativos del SNS.

“Sería un paso aún más decidido, puesto que separaría formal y explícitamente la parte de la evaluación técnica del proceso de toma de decisiones”

Autores del documento de la AES


Noticias relacionadas: