La alta transmisibilidad de la variante Ómicron está provocando récords de contagios en toda Europa, en una época en la que los países continentales —con salvedades— cuentan con óptimos porcentajes de población vacunada con la pauta completa y en plenos procesos de administración de dosis de refuerzo. Ello invita a plantearse: ¿qué consecuencias habría deparado esta sexta ola con altos ratios de no vacunados? Los efectos bien pueden intuirse.

En este sentido, tanto para afrontar esta ola como sucesivas, son cada vez más los países de Europa —sus Gobiernos, tanto monta— que han decidido actuar contra aquella población no vacunada a decisión propia. Bien por la vía de la (polémica) obligación, sanciones o la limitación de actividades y/o movimientos para aquellos que no estén inmunizados. La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ya instó el pasado diciembre a que se abriese una “discusión” sobre la vacunación obligatoria. La presidenta de la CE calificó este debate como “entendible y apropiado” pero recordando la potestad de cada Estado para tomar decisiones al respecto.

Italia: obligatoria para mayores de 50 años

Por ejemplo, el Gobierno de Italia —país donde el 86 por ciento de la población mayor de 12 años cuenta con pauta completa— ha anunciado que a partir del 15 de febrero impondrá la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. El objetivo pasa por reducir las cifras de ciudadanos no vacunados y aliviar la presión hospitalaria.

vacunación

“Actuamos sobre los grupos de edad que corren mayor riesgo de ser ingresados para reducir la presión hospitalaria y salvar vidas”, ha indicado el primer ministro, Mario Dragui.”Dos tercios de los hospitalizados en UCIS y el 50 por ciento de los pacientes en salas ordinarias no están vacunados”, ha recordado por su parte el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. Cabe recordar que el país transalpino también tiene ya implantada la vacunación obligatoria para el personal sanitario.

Junto a esta medida, el Gobierno que dirige Mario Draghi ampliará las situaciones en las que se exige que el certificado sanitario reforzado con el que se corrobora la pauta completa o se ha pasado la enfermedad. Hasta ahora necesario para acceder a establecimientos de ocio y restauración, desde el 10 de enero tendrá que ser presentado para acceder también a medios de transporte y hoteles. También se exigirá para trabajadores extranjeros mayores de 50 años.

Francia: “joder” a los no vacunados

“A los no vacunados tengo muchas ganas de joderles (emmerder). Y eso es lo que continuaremos haciendo. Esta es la estrategia”. Quizá con unas formas (palabras) discutibles, el presidente de Francia, Emmamuel Macron, ha dejado claro en una entrevista concedida al medio Le Parisien las intenciones del Gobierno galo respecto a este segmento de población que rechaza inmunizarse frente a la COVID-19.

Francia cuenta con cerca de un 76 por ciento de población con pauta completa y actualmente es el país continental que presenta mayores cifras de contagios diarios (con picos que han llegado a superar los 250.000 nuevos casos al día).

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

En concreto, el Gobierno galo ha tramitado un proyecto de Ley para exigir próximamente un pasaporte de vacunación —que sustituiría al actual certificado sanitario— para entrar en la mayoría de lugares públicos. “Nadie va a meter a los no vacunados a la cárcel ni a vacunarlos a la fuerza, pero no podrán ir al cine, ni al teatro, ni al café, ni a restaurantes.”, había adelantado Macron en una reciente intervención parlamentaria. La Asamblea francesa —tras dos rechazos previos— ha aprobado este 6 de enero este proyecto de ley, que debe contar también con el beneplácito del Senado. Mientras, el preaviso parece estar surgiendo efecto y se han llegado a superar las 700.000 nuevas inmunizaciones en estos primeros días de enero.

Cabe recordar que, paralelamente, Francia contaba con un importante problema respecto a las bajas tasas de inmunización en sus colectivos sanitarios. Por ello, el pasado mes de julio, el Gobierno abrió un plazo voluntario para que aquellos sanitarios no inmunizados procediesen a vacunarse. De no hacerlo, se exponían a sanciones disciplinarias, administrativas o de limitación de actividad. Entre ellas, la suspensión de ejercicio y sueldo.

Una vez expirado el plazo en octubre, en torno a 15.000 sanitarios fueron apartados de Cerca de 15.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de Francia fueron apartados de su ejercicio, si bien la decisión es reversible si el profesional cambia de parecer. La vacunación obligatoria para sanitarios también se aplica en otros países europeos como Grecia, sin que se aplique la misma medida para la población general.

Austria: ¿multas para no vacunados o bonificaciones?

En Austria, con tasas de cobertura vacunal frente a la COVID-19 en torno al 70 por ciento, el Gobierno nacional ya anunció en diciembre una ley para que, a partir del 1 de febrero, aquellos ciudadanos mayores de 14 años que no demostrasen estar inmunizados serían multados. Una forma tácita de forzar a la vacunación. La cuantía de las sanciones se establecería en 600 euros para los primeros días de vigencia de la medida e iría aumentando progresivamente hasta los 3.600 euros. La ley iba mas allá ya que, de no ser abonadas las multas, se podrían establecer penas de prisión.

No obstante, en este periodo desde el anuncio a su próxima entrada en vigor, el Gobierno austriaco ha replanteado esta decisión y mantiene abierta la posibilidad de sustituir este modelo de sanciones por un modelo de bonificaciones para los vacunados que incentive la inmunización.

En Grecia también entrará en vigor este 15 de enero un sistema de multas (100 euros) acotado únicamente a la población mayor de 60 años que no esté inmunizada, junto a la vacunación obligatoria del personal sanitario.

España: no hay debate político

¿Y España? Con un 90 por ciento de población con pauta completo y en pleno proceso de administración de la dosis de refuerzo, siquiera existe debate político al respecto. Incluso, el Ministerio de Sanidad ya rechazó la posibilidad de exigir la vacunación obligatoria a sanitarios “por innecesario”, al indicar que, salvo excepciones, se rozaba el cien por cien técnico de profesionales inmunizados.