Con la constitución de gobiernos regionales y parlamentos autonómicos pendientes en 12 territorios tras el 28-M, son varios los cargos de administraciones que en este lapso ejercen “en funciones”. Es el caso de la Comunidad Valenciana y los responsables que integran la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. En ella ha trabajado —y trabaja, al cierre de esta entrevista— José Manuel Ventura como director general de Farmacia y Productos Sanitarios desde que fuera nombrado en junio de 2018 en los que ha puesto al servicio de la región su experiencia en el sector.
Junto a EG, el también especialista en farmacia hospitalaria reflexiona sobre la presencia sanitaria en la campaña electoral autonómica, donde apenas se arañaba la superficie de las reformas necesarias y en los que faltaba concreción y contenido. “Probablemente requeriríamos de un debate profundo a nivel de Cortes y Parlamento para redefinir la Ley General de Sanidad y el modelo sanitario en España, al menos en su vertiente de financiación”, valora.
Según analiza Ventura, la financiación a través de impuestos “genera disconfort, en el sentido de que no sabemos cuánto dinero se va a destinar sanidad”, abundando además en la falta de fondos finalistas. Para el DG de Farmacia valenciano en funciones, estas habrían de ser partidas mucho más definidas ahora que se abren ámbitos de prestación “con un impacto muy importante” y un alto grado de subespecialización: atención primaria, enfermedades raras, terapias avanzadas, oncología… “Hay un grupo de homogéneos que va a incrementar exponencialmente sus necesidades presupuestarias. Los sistemas de salud, no estamos todavía adaptados financieramente para hacer frente a esto”, explica.
Pregunta. La necesidad de mejorar los procesos de acceso a la innovación en España ha sido objeto de análisis y debate, sobre todo en el último tiempo. ¿Cuáles son en su opinión las claves para mejorar el proceso en la actualidad?
Respuesta. La Comunidad Valenciana hizo una propuesta oficial a la CIPM de modificar sustancialmente los procedimientos, que necesitan ser remozados y adaptados para dar más celeridad y certeza por todas las partes, así como mayor predictibilidad a los procedimientos de acceso y financiación. Por otra parte, muy relacionado con esos modelos de procedimentales (PNT), la propuesta que hacíamos era establecer diferentes tipos de negociación en el acceso para que finalmente se financien en función de tipo producto y a qué va dirigido. No es lo mismo un medicamento que entra en un en un entorno consolidado o para patologías que ya tienen una cobertura con las grandes amenazas que tenemos ahora desde el punto de vista de la gestión y de la financiación, que son algunas patologías emergentes con alternativas terapéuticas que cubren lagunas con relevancias en los resultados, incluso con situaciones clínicas que no admiten demora.
“Hicimos una propuesta a la CIPM para hacerla más rápida y predecible, y establecer diferentes tipos de negociación procedimentalizadas”
Fundamentalmente estas dos propuestas, grosso modo, pedían establecer procedimientos normalizados dentro del seno de la CIPM para que sea rápida y predecible en sus procedimientos, para luego establecer diferentes tipos de negociación procedimentalizadas. De esa manera, el laboratorio tiene certeza de cómo van a ir los pasos y la CIPM tiene certeza de cómo tienen que negociar ese acuerdo, incluso la transparencia y la publicidad que podemos dar a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Se podría establecer así, por ejemplo, si es un techo de gasto, una reducción de precio respecto a las alternativas o un nicho terapéutico que requiere un acuerdo de pago por resultados y una financiación condicional.
P. Otra barrera a superar es que, como consecuencia de la investigación con conflictos de interés, surgen incompatibilidades que hace que grandes expertos no sean ‘elegibles’ como asesores en este tipo de procesos. ¿Existe recorrido para mejorar en materia de transparencia y manejar este tipo de incompatibilidad?
R. Hay un recorrido absoluto. La declaración de actividades es una responsabilidad individual, la gente es la que tiene que eximirse o no de las decisiones en función de la de lo que considere. Desde el punto de vista de la transparencia lo importante es la declaración de actividad de interés; es decir, que una persona tenga 20 participaciones, ensayos clínicos o interfinanciaciones por la industria farmacéutica diferentes, no necesariamente implica que tenga un conflicto de interés. Por otro lado, el conflicto es individual en cada expediente. Desde luego lo que tenemos que tener quizá es, más que tener sospecha sobre los profesionales de antemano, tener la confianza en los profesionales y luego tener mecanismos de control. De este modo, se podría aparta o sancionar en caso de que, ya sea un profesional experto de una sociedad científica o un director general, esté tomando decisiones partidistas.
P. Las sociedades científicas reclamaron, sobre sobre este tema, estar más involucrados en los procesos de precio y reembolso. ¿Cómo cree que se debe trabajar para conseguir que estén más integrados en este tipo de ediciones?
R. La participación del IPT es fundamental, porque uno muy bueno facilita mucho la financiación y precio de la labor de la CIPM. La gobernanza de los IPT, en el contexto de que las sociedades científicas o los grupos de expertos participen cada vez más y en estadios más holísticos en cada una de sus etapas, contribuiría a que fuera mejor, y no que se dé un IPT ya redactado con poca capacidad de cambio. También hay otra otro aspecto que pudiera ser razonablemente importante y es que dentro de los procedimientos que pudiera tener la CIPM tuvieran audiencias con expertos. No en todos los expedientes, pero que los miembros de la Comisión pudieran oír de primera mano y no ver solo lo que está plasmado en un dossier.
“Pudiera ser razonablemente importante que dentro de los procedimientos de la CIPM se tuvieran audiencias con expertos”
P. En tu desempeño como DG de Farmacia en Comunidad Valenciana, ¿cómo se ha trabajado para conseguir que la innovación llegue antes a los pacientes?
R. Esto está muy relacionado con la propuesta que hemos hecho a la CIPM. En algunas áreas, tenemos lo que hemos denominado como nichos terapéuticos. Fundamentalmente, hay una serie de circunstancias que concurren, regulatorias de financiación y clínicas, que nos obligan a tomar decisiones consensuadas desde el punto de vista de la gestión de la prestación. Desde el punto de vista de esta DG, se han de basar en la mejora de la protección paciente.
Si se dispone de algún producto que podría cumplir esas características y está en una fase de limbo financiero todavía, porque tiene autorización de comercialización por parte de Europa pero todavía no tiene precio y reembolso, en esos casos tenemos un sistema para tratar de establecer sistemáticamente, con procedimientos normalizados de trabajo de análisis, la identificación de ese nicho. Con ello, tratamos de generar un sistema que aplique en toda la red pública de la Comunidad Valenciana esos criterios de utilización, que suelen ser muy específicos y concretos. Estos son aplicables después en todos los hospitales sin excepción.
P. Una de las grandes conclusiones de la Mesa de Análisis hablaba de alcanzar un Pacto de Estado por la financiación en la sanidad pública para optimizar el área de la innovación terapéutica. ¿Es factible?
R. No estamos tan lejos. Este es un pacto que se puede establecer en el seno de la cartera, a través de la CIPM, donde participamos todas las comunidades autónomas. Se ha conseguido en los últimos años que los responsables de farmacia tengamos un foro de discusión, pacto y cohesión. De este modo, existe cierto entendimiento, independientemente de cargos, partidos y autonomías, por lo que no es tan difícil técnicamente. Desde luego hay que establecerlo, es necesario establecer una conferencia de consenso para extraer conclusiones y que los propios responsables se las lleven a las comunidades o al Ministerio y las apliquemos. En muchos aspectos, la realidad no es muy diferente de algunas otras comunidades, pero sí que requiere matiz y un debate profundo. Al final, el asunto no es tan político, es de generar una serie procedimientos de la CIPM y, si puede ser, que se refrende en la Ley de Garantías ese cambio.
