Historia clínica; consentimiento informado; secreto profesional; ordenación de las profesiones sanitarias… Éstos son solo unos pocos ejemplos que manifiestan el entendimiento del que el derecho a la salud goza hoy en día. Pero no siempre ha sido así. Cuesta creer que en 1992 apenas hubiera normativa adecuada para dar cobertura a los problemas sanitarios. Este año se celebra el 40 aniversario de la Constitución y nada mejor que echar la vista atrás para saber todo lo que el trabajo conjunto ha sido capaz de construir en torno al sistema sanitario… Y para reconocer, también, cómo hacer frente a las necesidades futuras y, sobre todo, presentes. El XXV Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha servido para reconocer el trabajo realizado en torno a la legislación sanitaria española, así como para dejar claro que buena parte de esa legislación necesita una puesta a punto urgente.
Todo podría resumirse en la siguiente anécdota. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recuerda cómo, para ella, una conversación telefónica con José Antonio Labordeta fue el origen de la Ley de Cohesión y Calidad. La por entonces ministra de Sanidad llamó al por entonces diputado de la Chunta Aragonesista para trasladarle su intención de sacar adelante una ley que garantizara la cohesión y la calidad del SNS y una cartera de servicios común y compartida. El diputado le dio su apoyo en esa misma conversación, sin conocer siquiera líneas más concretas de un borrador que no existía. Cuando ella, intrigada, le preguntó el porqué de una respuesta tan prematura, el le vino a responder que era la primera vez que recibía una llamada telefónica de esas características.
Esto viene a vincular lo que para Pastor fue su etapa al frente del Ministerio y lo que ahora necesita el SNS. “Es necesario el consenso y el acuerdo entre los grupos”, dijo en una mesa sobre los 25 años de legislación sanitaria patrocinada por AMA. La frase tiene el doble mérito de haber sido pronunciada, no sólo por quien hoy ocupa el tercer cargo en importancia en el estado español, sino por una ex ministra que tiene en su haber al menos dos importantes leyes sanitarias frutos del consenso… Y que, según ella misma considera, deberían revisarse.
En el caso de la Ley de Cohesión y Calidad, dijo Pastor que hoy “se incumple” porque la cartera no es la misma en todas las comunidades autónomas y que “habría que actualizarla”. Lo mismo que la Ley de Autonomía del Paciente —cuya revisión tiene pendiente, a su juicio, “incluir el relevante papel de los pacientes” en la salud— y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), cuyo desarrollo, reconoció, está “prácticamente intacto”. Hacerlo resultaría clave, a su juicio, para aliviar las tensiones (prescripción enfermera, sustituciones en farmacia de hospital, atención farmacéutica domiciliaria) que hoy enturbian la relación entre las profesiones sanitarias. A ellas hizo Pastor extensiva la petición de espíritu constructivo y “generosidad” a la hora de abordar el debate sobre los límites de las especialidades.
La presidenta de la Cámara Baja no fue la única que, en la primera jornada del Congreso de Derecho Sanitario, abogó por dar un nuevo espaldarazo legislativo a la ordenación de las relaciones profesionales. Junto a ella, había otros tres ex ministros que asumieron la cartera sanitaria en momentos clave de los últimos 40 años.
José Manuel Romay, ex presidente del Consejo de Estado y ministro entre 1996 y 2000, consideró que el sistema jurídico “deja mucho que desear” para los profesionales y que el modelo de relaciones laborales, en una actividad donde lo importante es la persona, “es poco estimulante”. En la misma línea se pronunció también Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Para esta experta, la normativa sanitaria “está en el olvido” y se mostró crítica con la “pereza” de los poderes normativos ante otros temas como la Ley de Colegios Profesionales, que en su opinión debe ser actualizada “en su integridad”. La adaptación de la directiva de proporcionalidad es, a su juicio, la mejor vía para recuperar el tiempo perdido.
Colaboración público-privada
El llamamiento al consenso que trasladó la presidenta del Congreso también podría considerarse el mensaje clave trasladado por Julián García Vargas, economista, ministro entre 1986 y 1991, que desgranó los 25 años de legislación sanitaria desde el punto de vista la sanidad pública y privada.
Reconoció García Vargas cómo la crisis vino para cambiarlo todo. Acostumbrado a crecer durante 30 años, a partir de 2009 el SNS tuvo que adaptarse de golpe a tener que pagar a los proveedores en plazo, a tener que ajustarse a los presupuestos que se aprobaban… En definitiva, a una reducción de gasto de la cual aún no se ha recuperado: entre 2009 y 2013 el gasto sanitario público cayó un 13,2 por ciento. Hoy aún está por debajo de 2009. En ese periodo, según sus cifras, el sector privado aumentó en 26.200 millones su aportación al conjunto del sistema. Sin este aumento del gasto sanitario privado en los años de la crisis, indicó el ex ministro, “la crisis de la sanidad hubiera sido mucho más acusada”.
Muy crítico con la corriente que solicita revertir la “supuesta privatización del sistema”, García Vargas se mostró partidario de “superar la ideología” e incrementar la colaboración público-privada, mediante reformas en la gobernanza del SNS que permitan aprovechar todos los recursos y experiencias privadas. “Inversiones y planificación conjuntas”, resumió García Vargas, así como concertaciones bidireccionales (también del sistema público al privado) y mejoras en el tratamiento tributario del sector privado. “No somos tan ricos como mantener dos sistemas sin ninguna articulación entre ellos”, concluyó.
“Es necesario el consenso y el acuerdo entre los grupos”, dijo Ana Pastor en una mesa patrocinada por A.M.A.
El XXV Congreso de Derecho Sanitario reconoció la bondad de la legislación del SNS y que necesita una puesta a punto
