El eterno debate en Sanidad vuelve al Senado en relación con el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas. El Grupo Parlamentario Popular quiere un fondo finalista para que “el dinero se emplee en exclusiva en la lucha contra la pandemia y sus efectos y se reparta con objetividad y transparencia”. Según la senadora popular Carolina Agudo, no se puede confiar en la palabra del “político de turno” a la hora de gestionar el dinero y se pregunta dónde irá a parar “cada euro del fondo”.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado a la senadora asegurando que “las circunstancias de cada comunidad son distintas” y es por ello que el Gobierno propuso los criterios de reparto de este fondo no reembolsable, ya publicado en forma de Real-Decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Más recursos para las comunidades más afectadas
Como ya informó el Ejecutivo, más de la mitad del fondo se destinará a Sanidad: 9.000 millones de euros divididos en dos tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y en su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos UCI (30 por ciento); los pacientes hospitalizados (25 por ciento); las PCR totales realizadas (10 por ciento), así como la población protegida equivalente (35 por ciento). Las variables sanitarias serán las registradas hasta el 30 de abril.
El segundo tramo asciende a 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25 por ciento); los pacientes hospitalizados (20 por ciento); las pruebas PCR totales realizadas (10 por ciento); y en la población protegida equivalente (45 por ciento). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá contemplar el impacto de la pandemia en los próximos meses.
Montero ha explicado que se han utilizado estos criterios porque permiten ponderar a aquellos que han tenido mayor impacto de la pandemia. “Se entiende que las comunidades con mayor impacto han tenido que poner más recursos a disposición del sistema sanitario, como la Comunidad de Madrid”. De este modo, ha querido dejar claro que el Gobierno no tiene “especiales atenciones” en el reparto de dinero con una u otra región. “Se llama justicia”, ha afirmado la ministra. “El Gobierno no mira el color político de los territorios”.
El Partido Popular ha criticado la “falta de claridad y transparencia” en cuanto a los criterios. Ante la acusación, la ministra ha insistido en que son “absolutamente objetivos”: “Para mí, la principal expresión de que es un fondo justo es que nadie lo entiende cien por cien suyo”.
Uso de superávit de forma excepcional
Además de esta transferencia de dinero a las comunidades que les permitirá compensar la caída de los ingresos por la menor actividad económica y paliar los efectos generados por la COVID-19, el Real-Decreto-ley incluye una novedad.
Como ya venían reclamando algunas autonomías, el Gobierno permitirá de manera excepcional que las comunidades autónomas con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia.
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