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Un día después de que el Gobierno obtuviera, no sin dificultades, la confianza del Congreso para ampliar por cuarta vez el estado de alarma, la tensión política alcanzó un nuevo pico en la Comisión de Sanidad. ¿El motivo? Las compras de material del mando único y la tasa de profesionales sanitarios contagiados. Tras pedir, sin éxito, las comparecencias de Faustino Blanco, Pilar Aparicio y María Jesús Lamas, el grupo popular ha dado un paso más. Horas antes de la séptima comparecencia del ministro de Sanidad, había registrado una PNL solicitando que el Tribunal de Cuentas audite de manera urgente las compras de material sanitario por el Gobierno durante la crisis de Covid-19.

En su exposición de motivos, esta PNL, a la que ha tenido acceso EG, asegura que hay “sospechas fundamentadas” que justifican su presentación. El PP se refiere al “retraso en la toma de decisiones y en la implementación de medidas” y a los “cambios continuados de opinión”.

Pero las mayores muestras son, para esta formación “la desprotección permanente” de fuerzas y cuerpos de seguridad y en especial de los profesionales sanitarios y la mala gestión en las compras de material del mando único. Pone como ejemplo el PP la “calidad deficiente” de algunos productos, la “dudosa fiabilidad de los intermediarios”, los “precios excesivos que se han pagado” o el hecho de “haber ignorado los ofrecimientos y las capacidades de los productores nacionales“, como el PP recuerda que han señalado Fenin o Asebio.

Los mejores profesionales… Y los más contagiados

Lo cierto es que, entre los muchos datos que se desgranan semanalmente, Sanidad siempre destaca el descenso del porcentaje en la tasa de letalidad, pero nunca se refiere a la tasa porcentual de profesionales contagiados. “Fíjese qué contrate… Los mejores sanitarios del mundo. El mejor SNS. Y los menos protegidos y los más contagiados”, ha resumido la diputada popular Concepción Gamarra.

Con casi 45.000 casos confirmados a 6 de mayo, España tiene, a juicio de la oposición, el “triste récord” de ser el país con el mayor porcentaje de sanitarios contagiados. Un 20 por ciento, según los datos de UPN, frente al 3 por ciento de Estados Unidos, el 6 por ciento de Holanda o el 11 de Italia.

La Comisión de Sanidad guarda un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.

Una desescalada sin test para todos los profesionales sanitarios

 “Cabe hablar de irresponsabilidad e incluso de negligencia, porque durante semanas el personal no ha tenido material. Y sigue sin hacerse los test”, ha denunciado Sergio Sayas, portavoz de Sanidad del Grupo Mixto. Para él, como para tantos otros, no cabe plantear una desescalada si se sigue sin hacer test a todos los profesionales.

Así lo indican, por ejemplo, los datos facilitados por el Hospital de Alcorcón, uno de los cinco centros elegidos por la Comunidad de Madrid para participar en un primer estudio epidemiológico entre profesionales sanitarios. Un total de 814 de los 2.625 profesionales (un 31 por ciento) han dado positivo, y la mitad de ellos son asintomáticos.

La última actualización de material

En la séptima comparecencia del ministro, la oposición también ha vuelto a mostrar su extrañeza ante las compras de material del mando único que Sanidad ofrece semanalmente y la continua demanda de los profesionales.

Según la última actualización, desde el viernes 21 de abril han llegado 21 millones de unidades de material. En términos globales, desde el 10 de marzo y hasta el 6 de mayo, el número de productos sanitarios y de EPIs adquiridos supera los 136 millones de unidades.

Illa ha destacado especialmente el reparto de 99 millones de mascarillas (61 para pacientes y profesionales), 28 millones de guantes de nitrilo y 918.000 gafas de protección. Entre batas y buzos se han distribuido 940.000 unidades. También se han repartido 747.000 gorros y calzas y 348.000 soluciones hidroalcohólicas. Pero estos datos amenazan con volverse contra Sanidad en un ‘efecto boomerang’.

Efecto boomerang’ por las cifras de material

El grupo popular acudió a la comparecencia con sus propias cifras, que apuntan, a una materialización incorrecta de la contratación de emergencia. Gamarra ha acusado al Gobierno de saltarse cuestiones relativas a la solvencia técnica y financiera de las empresas adjudicatarias que han conducido al incumplimiento de las condiciones de entrega desde que se decretó el estado de alarma.

En mascarillas ha formalizado contratos por 821 millones y ha entregado 99 millones… Es decir, algo más del 10 por ciento en dos meses, en plena emergencia y en plena pandemia”, ha matizado la portavoz. Este argumento continúa en el detalle de uno de esos contratos, uno de los de mayor volumen —por valor de 280 millones de euros—. Dicho contrato, según ha explicado Gamarra, se firmó el 23 de marzo y establecía el reparto de 500 millones de mascarillas en cuatro semanas. “Es decir, que ya tenían que estar entregados esos 500 millones. Y aquí nos ha dado 99 millones. Falta el 75 por ciento o más”, ha concluido Gamarra.

Y este solo es un ejemplo de las críticas a las compras de material del mando único, extrapolable a otro tipo de productos. Según el PP, sólo se ha entregado el 8,46 por ciento de las batas adquiridas y el 19 por ciento de todos los guantes de nitrilo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a defender la gestión de las compras de material del mando único.

Sanidad no comparte las críticas

En su respuesta, el ministro ha recordado que, tanto a nivel internacional, como nacional y autonómico, todos tienen “los mismos problemas” a la hora de comprar. El Ministerio, ha dicho, admite que ha habido incidencias, pero cree que no es positivo insistir en esta vía, y por ello ha pedido trasladar a la sociedad la situación del mercado.

“Es un mercado tensionado, donde todo el mundo ha querido comprar el mismo producto lo más rápidamente posible. Por esto tuvimos que adoptar medidas legales para poder adquirir el máximo número de productos de calidad en el tiempo más breve posible. Y adquirimos productos en un margen de tiempo que nos parecía necesario. Y el producto va llegando de manera regular. Es verdad que hay productos pendientes de entrega. Y es verdad que muchas veces hay problemas logísticos para conseguirlos… Los mismos que tienen las CCAA”, ha insistido Illa.

En relación a las críticas en materia de contratación pública, Sanidad cree haber obrado correctamente. “Es verdad que hemos activado mecanismos de emergencia. Vamos a publicar todos los datos. Hemos contratado a las empresas que ofrecían el mejor producto al mejor precio en momentos muy complicados”, ha finalizado el ministro.

EL PP AFIRMA QUE HAY ALTERNATIVAS AL ESTADO DE ALARMA

Aunque el Gobierno logró votos suficientes para ampliar el estado de alarma por cuarta vez, en esta ocasión no ha contado con el ‘sí’ del PP. “Limitar libertades tiene que ser excepcional. Tienen que buscar el camino para que la excepcionalidad termine cuanto antes”, ha asegurado Concepción Gamarra.

Para el grupo popular, la legislación ordinaria permite encauzar la situación sin tener que someter las libertades “sine die” a un estado de alarma. La diputada del PP ha citado la Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de Salud Pública; la Ley General de Salud Pública, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil o la Ley de Seguridad Nacional. Un día antes, el líder del PP, Pablo Casado, también incluyó a la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

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