La propuesta de reglamento para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que el Ministerio llevó a la última —y única en esta legislatura— reunión de este organismo sigue buscando una fórmula viable. Tras el rechazo frontal de las comunidades gobernadas por los socialistas y nacionalistas de que el Ministerio de Sanidad pudiera tener un voto cualificado en las decisiones que se tomen en este seno, la propuesta de Dolors Montserrat regresó a los técnicos de su departamento para una nueva redacción.
Antes de agosto, la Comisión delegada del Interterritorial celebró dos reuniones para lograr una comunión con las comunidades opositoras sin éxito. La primera fue el seis de julio y la segunda el 18. Ambas tuvieron un resultado negativo por lo que el texto busca una redacción que contente a las comunidades opositoras. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha convocado una nueva reunión para la primera quincena de septiembre con el objetivo de desbloquear la situación y que el nuevo reglamento pueda ser aprobado en la próxima reunión. “Se sigue revisando la propuesta y matizando las aportaciones que los distintos representantes de los diferentes Servicios de salud vienen efectuando, en aras de, en un proceso de negociación, llegar a un posible texto de consenso, promoviéndose una próxima reunión de esta Comisión delegada para la primera quincena del mes de septiembre”, aseguran desde la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
Más allá de las disputas políticas que pueden desprenderse del conflicto subyace un debate legal. ¿Debe regirse el Interterritorial por la Ley de Cohesión o por la de Régimen Jurídico del Sector Público? Las comunidades como Extremadura, Baleares, Cantabria y Comunidad Valenciana, entre otras, aseguran que el Interterritorial se rige por la primera de ellas mientras que el Ministerio asegura que debe ser la segunda la que otorgue amparo. La gran diferencia estriba en el carácter vinculante que puedan tener las decisiones alcanzadas por el CISNS tras las votaciones. Sanidad aspira a que el Interterritorial se convierta en una conferencia sectorial como el Consejo de Política Fiscal y Financiera mientras que las comunidades aseguran que las maniobras del Ministerio responden a una recentralización de las competencias sanitarias. Además, estas últimas explican que sus estatutos de autonomía, con rango de ley orgánica, prevalecen sobre la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que de extenderse el conflicto podría acabar en una de las salas del Tribunal Constitucional.
Según ha podido saber EG, el punto intermedio para alcanzar un consenso podría estar en la definición de la mayoría necesaria para que las decisiones del CISNS fuesen vinculantes. Existen tres vías. La primera buscaría que los acuerdos se validen por mayoría simple de los miembros del Consejo Interterritorial. La segunda espera que por lo menos se consiga una mayoría de dos tercios para que las decisiones sean vinculantes. Por último, la tercera vía abogaría por seguir defendiendo las decisiones por consenso.
La composición política actual del Consejo Interterritorial hace que la cuestión de las mayorías no sea baladí. El PSOE controla ocho comunidades mientras el PP tiene cinco y las dos ciudades autónomas —más el voto ministerial—. El resto están controladas por partidos nacionalistas (Coalición Canaria, PNV, Junts pel Si y Geroa Bai). Esta correlación de fuerzas hace que las comunidades opositoras se hayan negado a que Sanidad tenga un voto cualificado en las votaciones de los acuerdos del CISNS.
Refrendo del CISNS
En cualquier caso, la nueva redacción que salga de la Comisión delegada, ya sea con mayor o menor consenso, deberá enfrentarse al refrendo del Consejo Interterritorial. Por tanto, la incógnita del reglamento no será totalmente despejada hasta que éste se produzca previsiblemente en el mes de octubre.
