El Interterritorial escenifica la fractura entre Sanidad y comunidades socialistas

Dos han sido las citas sanitarias que han agrupado a Gobierno Central y comunidades autónomas. La primera fue en junio y la segunda en noviembre y las dos acabaron con mayores enfrentamientos que acuerdos. Sobre el papel estas palabras podrían parecer una exageración o, directamente, mentira. Pero no es así, créanme. Es cierto que la mayoría de puntos que coparon los órdenes del día se aprobaron pero hubo uno que no fue así y que tiene mayor importancia política y sanitaria que el resto: el nuevo reglamento. Pero es que, además, las críticas autonómicas no se sustentan en los puntos del orden de día sino en las ausencias. No se ha hablado ni de financiación en general ni específica para aliviar las tensiones financieras de algunas regiones.

Las crónicas de los Interterritoriales reflejan en gran medida este desencuentro pero lo más revelador, al menos en política, siempre ocurre entre bambalinas. No hay un sólo consejero o consejera de Sanidad socialista que no lamente las formas del Ministerio, a los que se suele sumar el nacionalista vasco Jon Darpón. Tampoco desde Sanidad las cosas se ven mejor aunque se esfuercen por transmitir un mensaje de concordia. Al final se puede concluir que existen dos problemas que las comunidades identifican: falta de recursos económicos y acciones que buscan minar el autogobierno. Sanidad, sin embargo, habla de buscar eficiencia de un Consejo Interterritorial que es cierto que no funciona como debería o, mejor dicho, como la sanidad necesita.

Pero estas citas y estos desencuentros son la punta del iceberg. La falta de diálogo y altura de miras política suele resolverse vía Tribunal Constitucional. Y cuando la política se judicializa suele llevarse por delante muchos de los puentes tejidos durante años. Muchas de las comunidades autónomas que no están regidas por un Gobierno del Partido Popular han comenzado sus legislaturas tratando de enmendar al Real Decreto 16/2012 en sus dos aspectos más polémicos: universalidad y copagos. Con estos últimos las consejerías de Sanidad han procurado tener a disposición del paciente un fondo que les compense el extra que pagan al adquirir su medicación. En el segundo caso, sin embargo, las medidas impulsadas en forma de decreto se han encontrado con el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Recientemente Comunidad Valenciana, pero también País Vasco y, previsiblemente, Baleares, se han encotrado con una sentencia del Tribunal Constitucional. La visión del organismo jurídico es clara: la cobertura sanitaria, como la política farmacéutica, se encuentra dentro de las competencias estatales y no se pueden trocear la tarta.

Desde un punto de vista analítico, sería razonable pensar que la cobertura sanitaria no puede ser diferente dentro de un mismo país pero también es cierto que la gestión y el pago de las facturas las acomenten los territorios y no el gobierno central. Sobre este tema, además, el Gobierno niega el debate al tener una Proposición de Ley socialista bajo el yugo parlamentario del veto presupuestario.

Volviendo al copago, la ministra protagonizó su primera polémica al aterrizar en el Ministerio de Sanidad. Aseguró que había que reformarlo y, ante el revuelo, se desdijo. Sin embargo, su socio de investidura le recuerda día sí y día también , que el debate no está cerrado y en 2018 volveremos a encontrarnos propuestas parlamentarias para suavizarlo.

Sobredosis de política catalana

Empezamos este texto hablando de los problemas existentes entre comunidades autónomas y Gobierno y no se ha hecho mención a Cataluña. No ha sido descuido, es que debe tener un apéndice aparte por su incidencia en la Sanidad de todos los españoles. La sensibilidad de la ministra hacia las políticas de su cartera se ha visto mermada por los ríos de tinta que 2017 le ha dedicado a este territorio. El desafío independentista, los atentados de Barcelona y Cambrils y, además, la candidatura de la Ciudad Condal para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento han copado la agencia de Dolors Montserrat. Tal ha sido la dedicación con la que la ministra se ha dedicado a estos temas que el abajo firmante conserva las dos manos porque finalmente no se produjo ninguna apuesta. Sí, siempre pensé que la candidata popular a las elecciones de Cataluña sería Montserrat.Es cierto que en la candidatura de la EMA tanto el país como la comunidad autónoma se jugaban mucho pero dudo que el protagonismo político lo debiera tener el Ministerio de Sanidad.

Volvamos al análisis. Se han dejado de hacer cosas en Sanidad y ya van dos años. Por poner ejemplos concretos podríamos hablar de los que se ha dejado de ahorrar este año que acaba por el retraso en la Publicación de la Orden de Precios de Referencia. También sería reseñable que el famoso Real Decreto de Precios y Financiación se haya troceado para que se puede hablar de algo tangible y ni siquiera se puede hablar todavía en pasado. Los pactos con la profesión farmacéuticas están todavía sin desarrollar y el de los pacientes aún tiene más gente fuera que dentro. Al menos, cuando el lector esté leyendo estas líneas puede que se haya renovado el pacto con Farmaindustria. Por cierto, otro de los temas que más ha enfadado a las comunidades aunque haya sido con un jet lag de más de dos años.