El Gobierno ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universidad y Cohesión del SNS en la que se recabará la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas a los que afecta la futura norma. Así, podrán hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados hasta el día 19 de noviembre 2020.

Ahora que se conocen más detalles del Anteproyecto de Ley, la Fundación IDIS ha realizado un primer análisis, a la espera de alegaciones, de la futura Ley de Equidad. “Si bien se deroga la Ley 15/1997 sobre nuevas fórmulas de gestión, incorpora su contenido íntegro al artículo 47 de la Ley General de Sanidad del año 1986, lo cual refuerza su conveniencia“, expone la Fundación a través de un comunicado.

Sin embargo, IDIS considera un error añadir la preferencia de gestión sanitaria pública directa para las entidades sanitarias y sociosanitarias del SNS. La Fundación es contraria a esta idea debido a “la falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia -según múltiples estudios contrastados- del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada“.

Supresión de los copagos

En relación con la Ley 16/2003, se pretende establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse copagos sanitarios nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas. En concreto, busca:

  1. Reestablecer la cartera común de servicios del SNS, unificando la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios, tal y como estaba hasta la modificación introducida por el Real Decreto-ley 16/2012.
  2. Evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, eliminando la relación de financiación con el tipo de cartera, de tal forma que no puedan establecerse copagos sanitarios nuevos.

El Gobierno recalca que esta norma “no persigue eliminar la cartera complementaria de las comunidades autónomas”.

Acceso universal al SNS

Por otro lado, después de dos años de la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, el Gobierno considera necesaria su modificación para “garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud”. Del mismo modo, pretende ampliar la cobertura sanitaria en nuestro país a colectivos que no la tienen actualmente.

La Fundación IDIS está de acuerdo tanto en el aumento de la universalidad como en la supresión de los copagos, “siempre que sean asumibles y entendiendo que los mismos no tienen por qué garantizar la equidad”.

Asimismo, desde IDIS insisten en la aportación del sector privado y, aprovechando las posibilidades que otorga la digitalización y la interoperabilidad, instan a garantizar, con la autorización expresa de los pacientes, la continuidad asistencial entre el sistema público y el privado para evitar ineficiencias y duplicidades.

“Desde la Fundación IDIS entendemos que es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo. Por ese motivo, valoramos positivamente el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”, concluyen.


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