La relación entre el Parlamento y el Ministerio de Sanidad no va a ser sencilla. Al menos así lo demuestra el desencuentro entre el primero ante las decisiones o declaraciones que ha tomado el segundo. Si hace unos días la oposición rechazaba las bondades del Protocolo de Sostenibilidad firmado con Farmaindustria, la semana pasada Montserrat se encontró con el registro de una petición de comparecencia en el Congreso por sus declaraciones respecto a la modificación del copago. “Ahora se paga en función de la renta y reconocemos que no es justo que paguen lo mismo los que tienen una renta de 18.000 que los de 100.000 euros. Se establecerán tres tramos: uno para los que ganan de 0 a 18.000 euros, otro de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a 100.000 euros”, decía Montserrat el pasado 27 de diciembre. La semana pasada, quiso quitar hierro a aquel anuncio al afirmar que no se debe alarmar “a los pensionistas porque no se va a subir el copago” para, finalmente, decir que “estaba siendo estudiado por los técnicos”.
Entre estos anuncios podría no haber rectificación alguna, pues serían compatibles. Se puede ‘trocear’ el tramo que comprende desde los 18.000 euros hasta los 100.000 sin tener que afectar a los pensionistas. El sistema de copago que trajo el Real Decreto 16/2012 tiene un carácter dual. Por un lado afecta a la renta percibida pero también afecta a las circunstancias vitales (ver tabla adjunta). Cualquier pensionista que cobre menos de 100.000 euros anuales, hoy por hoy, paga un 10 por ciento del valor del medicamento (con un tope mensual) mientras que cualquier ciudadano activo paga el 50 por ciento bien cobre 18.001 euros o 99.999.
También existe margen de reforma a los pensionistas de forma exclusiva. Todos aquellos situados entre la horquilla anterior tienen un tope máximo mensual de 18 euros y ahí sí podría existir variabilidad. Hablar de una subida o bajada del copago (o incluso quedarse igual en términos absolutos de recaudación) dependerá de qué topes pudiera establecer Sanidad si el estudio encargado tanto a los técnicos del Ministerio como externos llega a buen puerto.
El sistema de copago actual tiene un carácter dual que permite su reformulación tanto por renta como por actividad
La reforma, de hacerse, tendría que contar con el aval parlamentario. Y aquí es difícil llegar a un acuerdo, al menos de momento. PSOE y Podemos rechazan cualquier modificación del copago que no vaya encaminada a su supresión. “No es nuestro modelo y no entendemos cómo la ministra puede plantear algo así mientras sigue sin recuperar el Fondo de Cohesión que eliminó su gobierno o sin dotar el Fondo de Garantía”, señala el portavoz socialista Jesús María Fernández. “Las reformas del modelo actual de copago farmacéutico han de ser las que lo guíen hacia su eliminación, dejando paulatinamente libre de copagos a un mayor número de personas”, apunta la portavoz de Podemos, Marta Sibina.
La propuesta alternativa del PSOE es volver a la situación anterior al Real Decreto-ley 16/2012. “Ese es nuestro escenario, con independencia de que se puedan evaluar casos de personas o colectivos de menor renta, como los parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión”, explica Fernández. Por su parte, Sibina recalca que a la progresividad fiscal se llega “a través de una reforma fiscal que haga que paguen más impuestos quienes más tienen y no mediante la utilización de la enfermedad y el consumo de medicamentos como formas de redistribuir las rentas”.
PSOE, Podemos y ERC registran en el Congreso la petición de comparecencia de la ministra para que dé explicaciones
Desde Ciudadanos se han tomado las palabras de la ministra como un “error de explicación” más que como una intención de incrementar el copago. El portavoz de la Comisión de Sanidad de la formación naranja, Francisco Igea, señala que el acuerdo con el Partido Popular pasa por que el copago no suponga barreras a población en dificultades. “Nosotros queremos bajarlo en familias en situación de dependencia y monoparentales”, explica. Preguntado por el caso concreto de los pensionistas, Igea explica que a Ciudadanos le parece más justo que el copago “se establezca por renta” pero asegura que la horquilla que comprende a los pensionistas entre los 18.000 euros y los 100.000 admite una reforma a la baja. “Se puede mantener el tope de los 18 euros para los que se sitúen en la parte alta de ese rango y disminuirlo para aquellos que se sitúen más cerca del extremo inferior”, resume.
Para aclarar las intenciones de Dolors Montserrat, tanto PSOE como Podemos y ERC han pedido la comparecencia de la ministra en el Congreso. Apenas 20 días después de su presentación, Montserrat tendrá que dar explicaciones sobre un tema que no pareció levantar ampollas durante aquella primera toma de contacto. Para que la ministra acuda al Congreso debe aprobarse la petición de estos grupos en la Mesa del Congreso de los Diputados. Esta situación excepcional puede entorpecer la celebración de una Comisión de Sanidad monográfica sobre hepatitis C que los diputados ‘sanitarios’ habían conseguido que pudiera celebrarse en enero.
¿Y el Consejo Interterritorial?
El copago farmacéutico también salpicará a la reunión que mantendrán en febrero Ministerio y Consejerías de Sanidad. Tras los anuncios y desmentidos a través de entrevistas que ha dado Dolors Montserrat ya ha habido algunas comunidades que han puesto el grito en el cielo. El primero fue el responsable extremeño, José María Vergeles, quien no entiende que la ministra hable de asuntos sanitarios con la prensa antes que con las comunidades autónomas. “Estoy disgustado con la actitud de la ministra ante el anuncio de establecer más tramos al copago”, expresó.
Desde Andalucía también se rechazan las palabras de la ministra, como lo hacen también las comunidades de Asturias y Castilla y León. Los dos primeros territorios critican que el copago y su posible reformulación crean problemas de equidad en el acceso a medicamentos para las poblaciones con menos recursos, mientras que la tercera aboga por mejorarlo para que las personas con menor renta no paguen.
