El Ministerio de Sanidad ha recibido otro mandato del Congreso de los Diputados. En esta ocasión, la Cámara Baja quiere que el Gobierno financie e incluya en la Cartera Común de Servicios los sistemas de monitorización continua de glucosa y los flash. La Proposición No de Ley aprobada, consecuencia de una transaccional acordada entre el Grupo Mixto y el PSOE, ha recibido también el apoyo de Unidos Podemos y se ha encontrado con la oposición del Partido Popular y Ciudadanos.
La propuesta sometida a votación, además de la financiación pública de esta tecnología sanitaria, incluía otros apartados. El más relevante ha sido el de la evaluación de coste efectividad de estos dispositivos según grupos poblacionales. Este apartado no existía en ninguna de las dos Proposiciones No de Ley y se incluyó en el texto final para atraer a la votación a Podemos, PP y Ciudadanos. Los primeros, de mano de la portavoz Amparo Botejara, explicaron que echaban de menos el umbral de coste por AVAC (año de vida ajustado por calidad) . Por ello, el texto final incluía que “la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud será para aquellas indicaciones que resulten más coste-efectivas, avanzando con ello en la equidad de acceso a los avances en diabetes en todas las Comunidades Autónomas”. Esta modificación propició que la formación morada votara a favor.
Sin embargo, esta adición no fue suficiente ni para el PP ni para Ciudadanos, si bien su concurso no era relevante más allá de la búsqueda de la unanimidad. La diputada popular Isabel Cabezas explicó que la oposición de su grupo se fundamenta en que los trabajos para analizar el coste efectividad de estos dispositivos para su posterior financiación ya se están llevando a cabo. “El Ministerio lleva tiempo trabajando en una Comisión para tener la evidencia científica necesaria. Estamos a la espera de las conclusiones para que sea el Consejo Interterritorial el que decida”, argumentó. La posición del Partido Popular llama la atención por su perseverancia para que estos dispositivos se incluyeran en la financiación pública de Andalucía. En este parlamento la diputada Catalina García impulsó y consiguió la aprobación de una Proposición No de Ley que demandaba, en términos similares, lo mismo que el Congreso la semana pasada. Además, desde el PSOE y el Grupo Mixto también incluyeron en la propuesta final que “en el seno del Consejo Interterritorial se tomen los acuerdos pertinentes, a la vista de la evidencia disponible, sobre la inclusión en la cartera común de servicios de los sistemas de monitorización de glucosa” con la idea de atraer el voto de los populares, aunque sin éxito.
La postura de Ciudadanos para argumentar su posición contraria se escuda en la necesidad de equidad y medición de la Agencias de evaluación de los dispositivos. “Cuando cada comunidad autónoma hace una cosa estamos creando una situación de inequidad. Además es una PNL que no dice a quien se dirige ni cómo se financia. Lo arregla todo diciendo que el Estado debe asegurar la financiación pero es que el coste anual sería de 1.500 millones y eso es difícil de sostener”, explicó el portavoz Francisco Igea. Para el diputado de la formación naranja no era asumible una de las disposiciones que incluía la PNL final: “Que se garanticen las dotaciones económicas oportunas a las comunidades para hacer frente a este gasto”.
El debate de la Proposición No de Ley propició el suspense hasta la votación final. Desde Podemos explicaron que la última de las iniciativas que incluía el texto era poco realista. Botejara hacía mención a la parte de la propuesta donde se aseguraba que se procedería de forma inmediata “a negociar con los representantes de la industria que fabrica estos dispositivos un precio que mejore la accesibilidad a los mismos, reduciendo el impacto de su financiación pública y una reducción de los precios de venta libre para el resto de personas con diabetes”. Si bien Podemos no se oponía al texto en sí, sí que denunció la “imposibilidad” de conseguirlo. “El vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad es de la compañía Medtronic, uno de los principales fabricantes de estos dispositivos”, dijo. A renglón seguido, Botejara pidió la dimisión de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, por haber nombrado a un Consejo “al servicio de la privatización del sistema sanitario”.
