Cuando el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 18 de febrero al proyecto de ley para la reforma de la Ley de Ciencia e Innovación de 2011, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, declaró que se trataba de “un texto que dignifica las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro país y garantiza una financiación pública creciente en I+D+i alineada con los requisitos de la Unión Europea”.
Más de cuatro meses después, y tras alrededor de 400 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios (más de 100 aceptadas), el texto de la nueva Ley ha sido aprobado hoy en el Pleno del Congreso sin votos en contra (y las abstenciones de Vox, PNV, CUP, Junts y BNG), en un ejemplo de consenso rara vez visto en la política española. El siguiente paso es el envío del texto al Senado, donde si no hay sorpresas (aunque podría haber más enmiendas) pasará el último trámite antes de su publicación y entrada en vigor.
Entre los grandes objetivos de esta reforma figuran reducir la precariedad de la carrera científica, dar estabilidad a los investigadores e investigadoras y atraer el talento. Uno de los cambios consiste en la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación.
Un Pleno rápido y sin grandes polémicas
Durante el debate en la Cámara Baja, Diana Morant ha defendido que “es una ley oportuna porque blinda la inversión en I+D+i y mejora las condiciones de trabajo del personal investigador y los problemas más acuciantes del sector; y es una ley de consenso, porque recoge la opinión del resto de los grupos parlamentarios y de múltiples colectivos y asociaciones”.
Morant ha añadido que de esta forma, “la política responde a las demandas de la comunidad científica, ataja la precariedad con un nuevo contrato indefinido, mejora las perspectivas de los investigadores jóvenes, elimina discriminaciones de género y reduce la carga administrativa de los científicos”.
Por su parte, Pedro Navarro López, del Grupo Popular, ha justificado el apoyo de su partido a “una ley que protege a los investigadores hospitalarios, los científicos y la financiación en I+D+i”, aunque ha aprovechado para recordar a la ministra que “su ley no garantizaba esta financiación; fue nuestra enmienda apoyada por Unidas Podemos la que permitirá que se garantice el 1,25% del PIB para investigación, desarrollo e innovación”.
La nueva norma cuenta con una dotación presupuestaria de 3.842 millones de euros procedentes de los fondos europeos
En efecto, en el texto figura el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030 (frente al 0,58% actual), una cifra que, con el apoyo del sector privado, permitiría llegar al 3% que establece la UE. Pero la medida iba vinculada a la disponibilidad presupuestaria. La citada enmienda del PP apoyada por Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios logró que se desvinculara la cantidad de dinero destinada a I+D+i de la situación de las arcas estatales.
En cualquier caso, la nueva norma cuenta con una dotación presupuestaria inédita en España: 3.842 millones de euros procedentes de los fondos europeos que pretenden revertir el empeoramiento del sistema científico público, sometido a constantes recortes desde la gran crisis económica de 2008.
Apoyos y críticas
Durante el Pleno, Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha asegurado que “estamos ante una ley de las que hacen avanzar al país. Pone las bases para que se puedan hacer carreras investigadoras más estables y alejadas de la precariedad. Uno de sus hitos es el de terminar con los contratos por obra y servicio y proponer un nuevo modelo de contratación fija”.
Por su parte, Íñigo Errejón, de Más País, ha señalado que “la ley va por el camino correcto”. En un discurso vehemente, ha señalado que “para ser una patria y no un resort turístico, hace falta inversión para fomentar un modelo científico propio, y cuidar de la materia prima, que son los científicos y los investigadores. Teníamos un modelo que condenaba a nuestros investigadores a ser adolescentes hasta pasados los 40, y esta norma lo cambia”.
“Teníamos un modelo que condenaba a los investigadores a ser adolescentes hasta pasados los 40”
Íñigo Errejón, diputado de Más País
Vox ha sido la formación más crítica. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha cargado contra una norma que, según él, “pretende secuestrar la ciencia para ponerla al servicio del proyecto ideológico de Pedro Sánchez”. Ha recalcado que “apoyamos el Pacto por la Ciencia, necesario pero no suficiente. Mejorar la productividad estancada del país es imprescindible, y eso viene de la mano de la ciencia y la tecnología. Nuestros investigadores llevan décadas trabajando en la precariedad. Apoyamos sin fisuras que se aumente la dotación hasta el 1,25% del PIB, pero esta ley no solo no garantiza la mejora de la ciencia en España, sino que la perjudica. No soluciona las deficiencias estructurales”.
Las asociaciones científicas, en contra
La Ley ha recibido un apoyo total en el Congreso de los Diputados, pero no ha sido así entre numerosas asociaciones científicas. El Gobierno defiende que la reforma arreglará la temporalidad y la precariedad laboral de los investigadores, el envejecimiento del personal y la brecha de género. Sin embargo, en la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) piensan que “aunque la reforma tiene puntos positivos, no es la ley que necesita España. Hay muchos aspectos que no se solucionan, como la falta de financiación, la falta de competitividad y los planes a largo plazo, y que podrían haberse mejorado con muchas de las enmiendas presentadas y no aprobadas”.
ASEICA ha pedido “una revisión integral de la Ley de la Ciencia o su retirada”, y no está sola. Lo ha hecho en un comunicado conjunto emitido con la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En este comunicado se considera que “no se puede plantear una Ley de la Ciencia sin que esta recoja el sentir general y las recomendaciones del propio personal científico”.
La polémica de la enmienda 250
Los investigadores sí han conseguido que se atienda una de sus peticiones: el mantenimiento de la enmienda 250, apoyada por todos los partidos menos el PSOE, que ha decidido aceptarla a última hora. Esta enmienda al texto de la Ley fija sistemas de regulación de la carrera profesional que permiten que los investigadores hospitalarios desarrollen su trayectoria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con retribuciones en ningún caso inferiores a las de las categorías profesionales estatutarias equivalentes en el servicio de salud que corresponda.
Durante la celebración del Pleno se ha manifestado a las puertas del Congreso un grupo de científicos contrarios a la nueva Ley de Ciencia. En declaraciones a La Sexta, Miguel Llorente, presidente de la Asociación Española de Personal Técnico y de Gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), ha denunciado que “la Ley deja atrás al personal técnico y de gestión, para quien no contempla los derechos que sí tienen los investigadores”.
También te puede interesar
