La Mesa del Congreso, bajo la mayoría de PP y Ciudadanos, aceptó el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para regular la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que, entre sus principales propuestas, recogía la derogación de los copagos de medicamentos según renta y restricciones para el acceso a la tarjeta sanitaria. El motivo, según argumenta el Ejecutivo, es que aplicar la iniciativa supondría que la Administración General del Estado tendría que aportar más de 108,25 millones de euros para cubrir la prestación farmacéutica y prestación ortoprotésica que ahora corre a cargo del usuario, con lo que se podría alcanzar una cantidad total de más de 1.194 millones de euros.
Desde Unidos Podemos aseguran que el Gobierno se rodea de excusas para no cerrar la puerta a futuros copagos. “Entendemos que con este veto el Gobierno tiene entre sus proyectos de futuro que la población realice aportaciones económicas por prestaciones que actualmente están financiadas por el Sistema Público Nacional de Salud. Esto coincide con los datos que el ministro Montoro ha enviado a Bruselas: un 5,8 por ciento del PIB para Sanidad”, asegura la nueva portavoz de la Comisión de Sanidad, Amparo Botejara.
Desde la formación morada, además, aseguran que seguirán trabajando para revertir esta situación y los planes del Gobierno del Partido Popular. “¿Cómo se mantendrá nuestro sistema sanitario en el futuro? Pues pagando la población si no hacemos nada”, añade Botejara.
El Ejecutivo, por su parte, alerta de que las aportaciones por usuario se decidieron en 2012 como una “medida urgente para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de garantía previa de suficiencia financiera asociada a la incorporación de nuevas prestaciones o servicios a la cartera complementaria de las comunidades autónomas”. Por otra parte, el Gobierno señala que una iniciativa como la propuesta por Unidos Podemos, en la que se demora al siguiente ejercicio presupuestario la entrada en vigor de preceptos que suponen aumento de los gastos, condiciona al Gobierno en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
