El Parlamento Europeo ha dado su aprobación final al Certificado COVID digital de la UE. La mayoría de los eurodiputados se han mostrado a favor del reglamento para la puesta en marcha del Certificado, por lo que entrará en vigor de forma oficial en toda la Unión Europea el próximo 1 de julio. Así, el reglamento salió adelante con 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones (ciudadanos de la UE); y 553 votos a favor, 91 en contra y 46 abstenciones (nacionales de terceros países).
“Se han completado la negociación en tiempo récord“, destacó Juan Fernando López Aguilar, del Grupo S&D y ponente del informe en la Eurocámara. El eurodiputado socialista reiteró que la suspensión de la libre circulación, un derecho fundamental, ha sido uno de los problemas que ha causado la pandemia. Para intentar repararlo, la Comisión Europea tomó iniciativa a finales de marzo presentando el Certificado y ayer, 8 de junio, el Parlamento logró un acuerdo definitivo.
Ahora, “corresponde a los Estados miembro garantizar de manera fehaciente la infraestructura tecnológica y la capacidad de certificar cuanto antes a los ciudadanos europeos para que podamos reestablecer la libre circulación de personas y el espacio Schengen”, añadió López Aguilar.
En nombre de la Comisión, Didier Reynders afirmó que este Certificado tendrá que ser aceptado en toda la UE. “Será fácilmente accesible y disponible para todos los europeos”, apuntó. Y, además, señaló que contribuirá a una retirada gradual de las restricciones.
Aunque el reglamento se aplicará a partir del 1 de julio, el despliegue del Certificado ya ha empezado. El 1 de junio se puso en marcha en siete países europeos (Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia) y el pasado 8 de junio se sumaron España y Lituania. “Cuantos más certificados podamos emitir en las próximas semanas, más podremos evitar problemas. Estamos muy satisfechos de que este despliegue técnico avance bien“, declaró Reynders.
Pruebas anticovid
El Certificado COVID permitirá acreditar a su portador que ha sido vacunado; que ha obtenido una prueba negativa –PCR o antígenos– con garantía de fiabilidad en las últimas 72 horas; o que ha superado la enfermedad y, por tanto, tiene un certificado de recuperación inmunológica. “Estas tres opciones darán seguridad jurídica y garantía de los derechos fundamentales y de la no discriminación”, aseguró López Aguilar.
Sin embargo, la “no discriminación” es algo en lo que no coinciden todos los eurodiputados. Y es que, finalmente, las pruebas anticovid necesarias para los viajeros no vacunados o que no hayan pasado la enfermedad no serán gratuitas. “El debate sobre el precio de las pruebas está vivo en todos los Estados miembro y, probablemente, se avanzará en lo que respecta a la asequibilidad de los test próximamente”, indicó el comisario Reynders.
El Parlamento subrayó la importancia de que las pruebas sean universales y asequibles para todos los ciudadanos europeos. Para apoyar estos esfuerzos, la Comisión se ha comprometido a movilizar un 100 millones de euros para financiar las pruebas.
Pero esta cantidad no es bastante. Así lo manifestó Kateřina Konečná, del Grupo de la Izquierda, quien lamenta que las pruebas no sean totalmente gratuitas. “Cien millones para rebajar sus costes no es suficiente. ¿Cuántos test se pueden hacer con 100 millones de euros?”, se preguntó la eurodiputada.
El Grupo de los Verdes también se mostró en contra. “Los test de pago confirman la discriminación económica y sanitaria y establece un sistema a dos velocidades: los privilegiados, que están vacunados o han superado la enfermedad, y los que no podrán ser vacunados o acceder a los test y que se verán discriminados”, apuntó Michèle Rivasi.
Por su parte, Dolors Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE), considera que la libertad de circulación no será posible mientras las pruebas PCR, “con un coste muchas veces inasumible para algunos”, perjudiquen la libertad de movimiento de familias, autónomos o estudiantes. “Es necesario que las PCR sean gratis, de forma que no se genere una desigualdad entre los europeos“, reivindicó la eurodiputada popular.
Asimismo, Montserrat propuso aceptar los autotest para los desplazamientos, a medida que avanza la vacunación. “Eso generaría un alivio inmediato para nuestra economía, en especial al sector turístico, tan castigado por esta pandemia”, aseveró.
Restricciones adicionales
Otro de los puntos del acuerdo versa sobre la competencia reivindicada por los Estados miembro de imponer medidas restrictivas adicionales a la libre circulación a pesar del Certificado COVID digital de la UE.
Ante ello, la Comisión propone adoptar la recomendación del Consejo en lo que respecta a la coordinación de las restricciones a la libre circulación a la luz de este acuerdo. Así, se reflejan en el texto dos principios fundamentales, según explicó Didier Reynders.
- En primer lugar: los Estados miembro no podrán imponer restricciones adicionales de desplazamientos a no ser que sean medidas proporcionadas para salvaguardar la salud pública.
- En segundo lugar: cuando se impongan restricciones adicionales de manera excepcional, por ejemplo, por una variante preocupante, los Estados miembro tendrán que informar a la Comisión y a los ciudadanos con suficiente antelación.
López Aguilar matizó que se deben establecer los principios de proporcionalidad y necesidad ante cualquier medida adicional que pueden verse obligados a tomar los Estados miembros para preservar la salud pública. De este modo, deberán anunciarlo con 48 horas de anticipación a las instituciones europeas y 24 horas antes de la entrada en vigor de dichas restricciones a la ciudadanía. Además, deberán informar en qué consistirá, su alcance, duración y motivos de forma “clara, oportuna y completa”.
La mayoría de los eurodiputados consideran que la reapertura de los países depende de los Estados miembro y de su voluntad de armonizar sus normas y adoptar un enfoque común. “El Certificado demuestra que podemos reaccionar rápidamente si hay una buena coordinación”, señalaron.
Protección de datos
“Con un sistema de verificación descentralizado off-line, el Certificado garantizará un nivel de protección de datos muy elevado”, aseguró el comisario Reynders. Desde un principio, la protección de los datos de salud ha sido crucial para la Comisión Europea y “el texto definitivo, reforzado por las enmiendas del Parlamento, lo garantizará”.
“Es un reglamento crucial que ofrece garantías, protección y un mínimo de control para evitar que se siga propagando la pandemia”, destacó Elissavet Vozemberg-Vrionidi, del PPE.
Reynders explicó que están en contacto con países terceros para “evaluar la interoperabilidad de sus sistemas” con el certificado, siempre respetando las normas de la protección de datos de la UE. “El certificado es un instrumento para viajar con seguridad este verano”, concluyó el comisario.
Además, López Aguilar recordó que el Certificado COVID será obligatorio para todos los Estados miembro, por lo que deberán implantar cambios tecnológicos para garantizar la entrada en vigor del reglamento. Así, “todos los Estados miembro van a estar obligados a respetar la misma ley europea”.
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