El efecto dominó de las elecciones autonómicas del pasado 28-M ha provocado un final abrupto e inesperado para la XIV legislatura, que arrancó su andadura allá por finales de 2019 y comienzos de 2020. El nuevo panorama dibujado en las comunidades ha llevado así que Pedro Sánchez convocara comicios anticipados el próximo 23 de julio, por lo que la actividad de Congreso y Senado —más allá de la Diputación Permanente— queda frenada en seco, toda vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial la disolución de las Cortes. Con ello, son varias las leyes, normativas y regulación en sanidad que quedarán pendientes.
Muchas de ellas figuraban en el Plan normativo para el presente 2023; otras, por su parte, habían arrancado su tramitación parlamentaria, la cual se quedará en el camino tras el cese de actividad de las cámaras nacionales. Del mismo modo, queda también en el aire el impulso de reales decreto que el sector sanitario venía esperando para el próximo tiempo, así como la confirmación de anuncios que, con acuerdos de todas las partes, están todavía pendientes de flecos que convierta su llegada en una realidad.
Con una trascendencia internacional, figura también otra tarea de gran relevancia cuya etapa inicial coincide con el mes de julio: el arranque de la Presidencia de turno del Consejo de la UE, donde ya se habían agendado áreas como el cáncer entre las parcelas prioritarias. A este respecto, la asunción de esta responsabilidad colindará con la campaña electoral e incluso el desempeño de un posible Gobierno en funciones.
Las normativas que no llegarán
Dos de las grandes normas que quedarían en suspenso son la Ley de Equidad y la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. La primera de ellas permanecía en período de enmiendas desde que recibiera luz verde del Congreso en primera votación en septiembre de 2022. Desde entonces, las posibilidades comulgar apoyos entre los socios de investidura han venido dificultando su avance.
No en vano, la propuesta borrador hecha por el Gobierno encontraba en los términos de la derogación de la Ley 15/1997 diversas posturas enfrentadas. Así, a las voces de PP, VOX y CS (que defendían no restringir la colaboración público-privada) se unieron también las de Podemos, PDCaT y Junts, hasta la fecha sin postura favorable para que la norma hubiera fructificado.
Por su parte, la Ley del Medicamento ya adivinaba un difícil horizonte en el presente 2023, aunque todavía permanecía en la hoja de ruta anual de trabajo del Ejecutivo. La complejidad a la hora de refundar el texto vigente, tal y como explicaba a EG César Hernández, hacía necesaria una reforma en profundidad del mismo. En este camino, Sanidad trabajaba actualmente en un RD de precio y financiación, y otro de evaluación de tecnologías sanitarias, cuyas consultas públicas tenía previsto ver la luz entre mayo y junio pero que ahora podrían ver su programa alterado.
Ley de Equidad, Ley del Medicamento y Agencia Estatal de Salud Pública: paradas hasta nuevo aviso
Desde julio de 2022 —consulta pública mediante— vienen dándose pasos acerca de su puesta a punto. Según el Plan normativo, la intención era en 2023 revisar el articulado de la ley “en determinados aspectos que se consideran necesarios dada la experiencia acumulada durante su vigencia y optimizar la actividad de gestión administrativa que configura”. De igual manera, se pretendía “abordar modificaciones, así como incorporaciones de nuevas perspectivas relacionadas con la financiación pública de los medicamentos, uso racional de los mismos y estructuras de los órganos de gobernanza”.
Entre otras leyes que quedan en el tintero parlamentario se encuentra la que tenía contemplado regularizar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, parada a pesar de haber iniciado procedimiento de urgencia para su tramitación en el último tiempo. Prevista su materialización desde 2011, su llegada viene tomando forma desde su abordaje en la Comisión de Reconstrucción. En septiembre del año pasado, Sanidad publicó también el anteproyecto de Ley que contempla su creación. Asimismo, otras normas —impulsadas más allá del Gobierno— con camino iniciado en el Congreso no llegarán a resolverse: este es caso de la de Ley de la ELA (Ciudadanos), la Ley de Salud Mental (Unidas Podemos) y la Ley de Seguridad del Paciente (ILP de Satse).
Freno a varias iniciativas
Uno de los último grandes anuncios en clave sanidad del Ejecutivo, el de la regulación del derecho al olvido oncológico, no llegará a culminar en la recién terminada legislatura parlamentaria. No en vano, tenía previsto afrontar un tramo decisivo para su ratificación normativa en el Senado la tramitación de la Ley de Atención al Cliente, donde recibiría cuatro enmiendas del Grupo Socialista para terminar de dar luz verde a una reivindicación histórica de los supervivientes de cáncer en España.
En circunstancias parecidas podría encontrarse el esperado anuncio de la especialidad de Urgencias y Emergencias. No en vano, a finales de marzo la ex ministra, Carolina Darias, avanzó un acuerdo de consenso en el grupo de trabajo para la constitución de la citada especialidad. Si bien iba a ser la primera que culminara el camino delineado por el RD de especialidades, su futuro tras la convocatoria de elecciones se atisba complejo.
Del mismo modo, otra de las grandes incógnitas es el caudal que llevará el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, una de las grandes apuestas del Gobierno en un área de relevancia para el sector como es el acceso a la innovación. Hasta la fecha, la hoja de ruta apuntaba a junio como mes clave para ver las claves concordadas por los actores implicados tras la reunión del pasado diciembre en Moncloa, la cual podría verse ahora alterada.
Asimismo, las conversaciones del Ámbito de Negociación para el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios se quedarán también con la etiqueta de ‘pendiente’, toda vez que también figuraba su abordaje en el Plan normativo de 2023. En julio del pasado año arrancó este proceso, momento en que el cónclave de titulares del Gobierno dio luz verde al RD que recogía esta reforma del Estatuto Marco para hacer frente a la temporalidad. Ahora, el citado Estatuto pretendía ser adaptado “a nuevos derechos y se mejorará la regulación de determinadas materias a la vista de la experiencia recabada desde la vigencia de la norma que se modifica”.
