La mejora en la velocidad de acceso a terapias innovadoras en España ha vuelto a situarse en el foco de la actividad política. Concretamente, lo ha hecho en la reanudación de la actividad que desarrolla la Comisión de Sanidad del Senado, que ha recibido una moción que pedía tomar “cuantas medidas fuesen necesarias” para dar solución a una de las problemáticas más debatidas por los actores que conforman el sector. A iniciativa del Grupo Popular, se demandaba así reducir el tiempo de espera que transcurre entre la aprobación de un fármaco por parte de la Unión Europea y su financiación por el Ministerio de Sanidad.

“Las sucesivas crisis económicas contra las que nos enfrentamos influyen de manera directa en la financiación pública de los medicamentos, lo que está obligando a  tomar decisiones que comienzan a afectar negativamente al acceso al tratamiento de los pacientes”, ha señalado el defensor de la iniciativa, Francisco Fernández.

La igualdad ha sido máxima en la votación de la moción tras registrarse empate técnico —12 votos a favor, 12 votos en contra, 5 abstenciones—, pero esta ha terminado siendo rechazada tras el voto ponderado de la representación, que enfrentaba el número de escaños, en favor del Grupo Socialista.

Tal y como ha argumentado, “resulta esencial disponer de manera ágil de los tratamientos más novedosos y adecuados”. “Es una prioridad para los pacientes que ven en la innovación una esperanza para su futuro; la industria ha mostrado que su compromiso para conciliar el acceso y sostenibilidad de los sistemas al máximo”, ha añadido.

Por todo ello, Fernández ha calificado como esencial que el ministerio revise los procedimiento de aprobación, financiación pública de los nuevos medicamentos con el fin de reducir tiempos de espera, que se elevan hasta los 15 meses. Desde VOX, José Manuel Marín Gascón ha ahondado en el hecho de que España posee el peor dato de acceso a la innovación de los cinco grandes mercados europeos.

Además, el senador de la citada formación ha apuntado que a nivel nacional “existe un grave problema de procedimiento; se está  haciendo mal uso de los IPT“. “Hasta que estos informes no estén finalizados no prosigue el proceso de financiación, lo que contribuye a alargar los procesos”, ha subrayado. “Otro problema es que cuando finalmente se financian llegan con restricciones”, ha apreciado también Marín Gascón.

Defensa socialista

Por el Grupo Socialista, principal voz opositora de la moción, se ha reconocido no obstante que “los tiempos de acceso son una preocupación para Sanidad”. Sin embargo, han defendido que ya está en marcha la revisión de la Ley de Garantías (Ley del Medicamento), la cual “tratará de sentar bases para una toma de decisiones más rápida, transparente y participativa, sin poner en cuestión la sostenibilidad del sistema, y contribuyendo a que España sea un foco para la innovación en este sector puntero”, ha apuntado su senadora, Susanna Moll.

Del mismo modo, la representante del PSOE en la Cámara Alta ha destacado que en 2021 el gasto farmacéutico en medicamentos se incrementó en un 7 por ciento, una cifra que “sigue en aumento”. En este curso, según ha añadido, “se resolvieron un 21 por ciento más de expedientes que el año anterior”. 


Como ha recordado Moll, “en España la financiación y fijación de precios de los medicamentos se sustenta en una evaluación previa tanto en términos terapéuticos como económicos, y vela por la mejora en la toma de decisiones fundamentada en una evaluación objetiva y rigurosa de la evidencia científica y en aspectos como beneficio clínico, valor añadido y coste-efectividad”. En última instancia, la senadora socialista ha ‘repartido’ responsabilidad con las CC. AA., las cuales forman parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos desde 2019 junto a las autoridades .

Un alegato por la farmacia comunitaria

Fernández, en su turno de palabra, ha dado espacio de reconocimiento a la labor de los farmacéuticos como agente de garantía de acceso a los medicamentos “en las mejores condiciones de calidad e igualdad, sin importar el código postal del paciente”. Este es “un factor muy importante cuando se está debatiendo la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, ha indicado.

Dentro de su argumentación, el senador ha expuesto la complicación que tienen los pacientes residentes en sus domicilios para poder acceder a fármacos disruptivos. “Los nuevos tratamiento suelen estar disponibles en los servicios de farmacia de los hospitales, a pesar de presentar formas de utilización que permitirían una administración ambulatoria y un acceso al tratamiento a través de las farmacias comunitarias o de los centro de salud, como sucede en el resto de la medicación prescrita”, ha descrito.

En este apartado se ha referido a la reforma de la Ley del Medicamento “pensando en el paciente facilitando el acceso a los tratamientos más innovadores a través de la única red sanitaria que llega a todos los españoles en condiciones de igualdad: la red de farmacias“. En definitiva, “invertir en medicamentos es una inversión rentable y facilitar su acceso es una decisión inteligente tanto en términos de salud como económicos”, ha concluido Fernández.

El acceso en cáncer renal recibe un ‘sí’

La cara de la moneda la tuvo otra moción popular centrada en el acceso de los pacientes con cáncer renal a las terapias farmacológicas combinadas. La cámara del Senado respondió a sus demandas con su aprobación, estableciendo además paralelismo con una PNL prácticamente idéntica en el Congreso de los Diputados, presentada por el mismo partido y con la misma adición al texto, y que fue rechazada.

Entre las solicitudes de la iniciativa al Gobierno se situaba la petición de aplicar a los tratamientos oncológicos renales criterios homogéneos respecto de los utilizados para otros cánceres en lo relativo a la comercialización y reembolso de las combinaciones farmacológicas, procediendo a su incorporación en la Cartera de Servicios del SNS; también reducir el tiempo de espera para el acceso a estas combinaciones, una vez autorizadas por la EMA, de modo que, a partir de esa autorización, no se supere un máximo de 13 meses, media europea.

En última instancia, abogaba por la promoción de acuerdos en el Consejo Interterritorial sobre criterios comunes a los que deban responder los protocolos hospitalarios para el tratamiento del cáncer renal, previo diálogo con las asociaciones de pacientes y sociedades científicas.


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