La salud mental, tal y como anticipaban los expertos y una vez se fueran quemando etapas dentro de un contexto pandémico, se ha convertido en el centro de todas las miradas. A través de la COVID-19, los problemas de esta índole han saltado a la primera línea, tal y como han evidenciado recientemente los datos recogidos por el Observatorio del Suicidio en España, que arroja el mayor número de muertes a nivel nacional por esta causa en términos absolutos desde que hay registros. No obstante, el momento actual también atisba una oportunidad única para alcanzar consensos entre los actores que configuran el tablero de la salud mental para lograr ‘pactos’ entre decisores, esfera política, profesionales y pacientes.
Así se puso de relieve durante la Jornada de Depresión y Suicidio en España, celebrada el pasado 18 de noviembre en el Congreso de los Diputados. La cita, organizada por Fundamed, contó con el apoyo de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la colaboración de Janssen.
Innovación, formación y apuesta decidida
Una de las enfermedades mentales más prevalentes y además más íntimamente relacionada con el suicidio es la depresión. Según Víctor Pérez-Solá, presidente de la SEPB, se trata de una enfermedad que tiene un fantástico pronóstico si se trata bien y a tiempo. “Ahí tenemos una serie de limitaciones en nuestro país. Una de ellas es que cuesta más que en otros llegar a la innovación terapéutica, hay tratamientos que son más eficaces que los que tenemos, pero no nos llegan. La otra asignatura pendiente es la falta de tratamiento psicoterapéutico en nuestro país”, explicó.
Celso Arango, presidente de la SEP, coincidió en este déficit de acceso a los tratamientos farmacológicos innovadores en España, comparativamente inferior también respecto al que arriba en otras enfermedades: “Pasa más tiempo para un trastorno mental que para uno oncológico”, señaló. Y es que “no existe la percepción de que una enfermedad mental puede tener resultado de muerte, como sí se tiene con un cáncer, por ejemplo”, expuso Guillermo Díaz, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, también a este respecto.
Por su parte, Elvira Velasco, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, reconoció que, en salud mental, España está a la cola de los países de la UE. “Había una propuesta y la pactamos en la Comisión de Reconstrucción para destinar el 2 por ciento del PIB en investigación sanitaria. Ese es el objetivo que nos tenemos que marcar”, aclaró.
También desde urgencias se ha detectado este retraso en la llegada de la innovación terapéutica, tal y como reconoció Iria Miguéns, coordinadora del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Emergencias y Urgencias (SEMES). En adición a esto, Tato Vázquez, presidente de SEMES, destacó que desde este nivel asistencial se han identificado más necesidades que, de ser solucionadas, repercutirían de forma positiva en la atención de la conducta suicida. “Necesitamos profesionales competentes y formados para atender las tentativas de suicidio”, señaló Vázquez, que también abogó por el impulso de un Código Esperanza. “Necesitamos recursos estructurales, formación homogénea y un plan multidisciplinar para hacerle frente”, añadió Miguéns.
La voz del Congreso
Precisamente, desde la Cámara Baja se puede aportar mucho a la salud mental. Ana Prieto, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, afirmó que desde su partido se han propuesto muchas iniciativas, que han salido aprobadas, y han dado respaldo a distintas fuerzas políticas. “Esto no ha quedado solo en el debate; nuestro Gobierno trabaja y convierte esas propuestas en realidad, traduciéndose en hechos”, señaló. En este sentido recordó también que la Estrategia de Salud Mental contempla una línea estratégica específica para la prevención del suicidio.
Prieto se refirió a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, a las iniciativas socialistas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de la población y sobre la prevención de la conducta suicida, a la reciente moción que se aprobó en el Senado sobre la salud infanto-juvenil y la prevención de la conducta suicida, y a otras “muchas iniciativas más que han permitido escenificar la importancia de esta cuestión”.
El último precedente lo marca el acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión de Presupuestos, donde se consensuó una enmienda transaccional para dotar con cinco millones de euros un Plan de Salud Mental en Educación.
Elvira Velasco también mencionó la Comisión de Reconstrucción como ejemplo de que se llegan a iniciativas por consenso. Velasco hizo un llamamiento a todos los políticos para sumarse a hacer “políticas efectivas” y trabajar con las asociaciones de pacientes. “La salud mental es un tema en el que vamos todos de la mano”, aseguró.
“Desde el Parlamento hay que intentar que el Gobierno tenga una hoja de ruta y haya un compromiso de todos”, apuntó. Y puso de manifiesto la necesidad de contar con los profesionales (psicólogos, psiquiatras, etc.), además de la ya aprobada especialidad de psiquiatría infantil, que su formación llevaba tiempo reclamando.
De hecho, Vox apuesta por “poner al psiquiatra en el centro de los profesionales”. Juan Luis Steegmann, portavoz del grupo en la Comisión de Sanidad del Congreso, opina que estos profesionales son los que están “más capacitados para que forme el núcleo de esos equipos” de profesionales. Asimismo, coincidió en la necesidad de un consenso político en torno a la salud mental, reclamando al mismo tiempo dar un paso más allá en materia de recursos. “Hay que llevarlo a cabo. Y eso se hace aumentando el presupuesto en Sanidad”, aseguró. También recordó que han presentado varias PNLs, una de ellas sobre la salud mental de los profesionales sanitarios.
Por su parte, Rosa Medel, portavoz del Grupo Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso, hizo referencia a la Ley de Salud Mental propuesta por su formación. Es consciente de la oposición a la misma de algunas formaciones políticas, asociaciones y sociedades, pero en su opinión no estigmatice a nadie.
“¿Por qué una ley y no una estrategia? Las estrategias y planes que se han planteado en distintas CC.AA. no se han concretado en nada. Propusimos una ley porque pensábamos que le daría la suficiente fuerza y blindaría ese tema”, explicó Medel. “Sin una estrategia, sin un plan, no vamos a ninguna parte”, concluyó.
Para Guillermo Díaz, lo primero que se debería hacer desde la política es “aniquilar el sesgo ideológico”. Una vez dado ese paso, es importante poner la salud mental sobre la mesa y “hablar del tema”. “Hay que reconocer que no tratamos este tema como materia sanitaria”, apuntó Díaz. “Y tenemos que contarlo. Los políticos ayudaremos a quitar el tabú”, añadió.
Por otro lado, el diputado de formación naranja señaló que la otra cuestión es el dinero: “La salud mental es una de las ramas de la sanidad en las que el recurso humano es fundamental”. Por ello, su formación ha presentado diversas enmiendas en esta materia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
A este respecto, Prieto defendió el incremento del presupuesto en sanidad en general y le sorprendió que algunas fuerzas políticas renegaran de la partida específica a la salud mental, citando como ejemplo la inversión sin precedentes –100 millones de euros– que contempla el Plan de Acción a tres años (2021-2024) diseñado por el Gobierno. “Antes no había partidas para la salud mental”, apuntó.
Un plan con presupuesto e indicadores
Lo cierto es que el punto de partida de la ‘pandemia de trastornos mentales’ es anterior al de la infección causada por el SARS-CoV-2. “Hace dos años ya había un déficit estructural en su atención, no hemos pasado de la nada al todo”, subrayó Celso Arango. “Esa gota final importante de trastornos mentales añadidos con la pandemia ha desbordado un vaso que ya estaba previamente a punto de desbordarse”, añadió.
Iria Miguéns puso un ejemplo de ello: aseguró que en estos servicios, lo que empezó como una sospecha, sobre todo con intentos de suicidio en gente joven, se ha corroborado después con un incremento en las cifras del 250 por ciento de los casos entre los 15 y los 29 años.
Según detalló Víctor Pérez-Solá, “durante el confinamiento se observó una disminución de tentativas y suicidios consumados”. Sin embargo, resultó ser un espejismo que duró apenas dos meses que precedió “un rebote espectacular, sobre todo en personas jóvenes”. En este sentido, el especialista planteó la necesidad de diseñar estrategias para parar el ‘golpe’. Precisamente, “en estas edades hay que poner énfasis en prevención del suicidio”, tal y como añadió Mercedes Navío, Coordinadora del Libro Blanco Depresión y Suicidio 2020, que también reflejó que este complejo fenómeno “afortunadamente tiene capacidad de prevención”.
Según la psiquiatra, “podemos pensar que la contagiosidad del COVID-19 ofrece un horizonte de reducción progresiva. En salud mental, la previsión es que todavía queda un incremento de demanda y una parte se mantendrá en el tiempo”, por lo que es necesario focalizar los esfuerzos “en el medio plazo”. Para ello, Navío trasladó la importancia de convertir en un hecho lo que es ya un consenso científico y social: “Necesitamos un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, con financiación específica y finalista e inversión en recursos humanos”.
Ante este escenario, Cecilia Borrás, presidenta y Fundadora de la Asociación Después del Suicidio, reclamó “una visión muy nueva, con la mirada puesta en siglo XXI. En salud mental prácticamente continuamos igual, con mejoras, pero sustanciales”. No en vano, tal y como apuntó también Ana González-Pinto, presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), “en el año 1986, con la Ley General de Sanidad cambió la atención en psiquiatría y salud mental. Fue un paso de gigante, pero quedó ahí, no se siguió desarrollando”.
Ahora, tal y como incidió Arango, la salud mental se antoja como el pegamento “para que personas con muy distintas visiones políticas puedan ser capaces de reconocer áreas comunes de interés en las que llegar a acuerdos que puedan beneficiar al conjunto de la ciudadanía”.
Como colofón a la jornada, Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, quiso resumir los siguientes pasos que deberían darse en salud mental: “Hay que darle visibilidad y no se puede perder más tiempo porque está la vida en juego. Deberíamos actualizar la estrategia y dar una mayor dotación económica y de recursos humanos”. “Debe ser urgente que esté en la prioridad de la agenda política”, concluyó.
