Ahora que el coronavirus parece estar más o menos bajo control, la preocupación por la economía de España se hace más patente. Los presidentes de las comunidades, durante su comparecencia en el Senado el pasado 30 de abril, coincidieron en que urgían planes para paliar los efectos económicos que tendrá la Covid-19.
Un “coronavirus económico”
“El coronavirus son dos pandemias: la sanitaria y la socioeconómica”. Así lo resume el Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. “Hemos aprendido que la crisis sanitaria lleva aparejada una crisis económica”, asegura. Y la solución, según Aguirre, es abordar el problema “de forma conjunta” entre Gobierno, partidos y comunidades.
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, quien habla de un “coronavirus económico”, pide que las comunidades sean partícipes de los fondos que Europa destine a España y del nuevo marco de estabilidad presupuestaria. Así, se pregunta con cuánto contará cada comunidad de los 2,5 billones de euros que anunció Europa.
Madrid, la comunidad más castigada por la Covid-19, pide planes más concretos, ya que, junto a Cataluña, podrían ser las más tardías en volver a la normalidad. “Ya no va a ser solo una catástrofe sanitaria sino social y económica sin precedentes”, afirma la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y resalta el importante lugar que ocupa la capital: “aporta el 20 por ciento del PIB a España, atrae casi el 80 por ciento de la inversión extranjera y aporta el 14 por ciento de la población nacional”.
Las dos Castillas también han sido dos territorios muy azotados por la Covid-19 debido a su cercanía a Madrid. Por eso, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, reclamaba un fondo económico no reembolsable: “Lo que el Gobierno de España pide a Europa, las comunidades se lo pedimos al Gobierno”. Algo que, según Hacienda, se materializará pronto.
Ante las demandas económicas de las comunidades, el Gobierno ha anunciado un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. De estos, 10.000 millones permitirán atender el gasto sanitario. Además, se destinarán 5.000 millones por la caída de la actividad económica y 1.000 millones para atender gasto social.
En contra de la centralización
Todas las comunidades piden ser escuchadas. La mayoría no está de acuerdo con que las competencias se hayan centralizado y España esté ahora bajo el mando único del Gobierno.
Canarias califica de “fracaso” que el Gobierno centralizara la respuesta ante el coronavirus. El senador canario Fernando Clavijo, señala que “la respuesta no puede ser igual para todos los territorios”, sino que tiene que adaptarse a los problemas de cada uno. Y la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, insta a fortalecer nuestro sistema sanitario público y avanzar en una España “descentralizada, moderna, plural y federalista”.
“Las comunidades autónomas hemos estado a la altura; hemos actuado con lealtad hacia el Estado”. Por eso, Murcia exige al Gobierno una “lealtad recíproca” que hasta ahora “no hemos visto”, según su presidente, Fernando López Miras.
Galicia es una de las escasas comunidades que entienden la necesidad de un mando único, pero ahora que comienza la desescalada, “necesitamos horizontes, certezas, claridad”. Pero lo no se precisa ya en la transición a la normalidad, a juicio de Euskadi, es la continuidad del estado de alarma.
El País Vasco es de las comunidades que más insisten en que se les devuelvan sus competencias. “No se puede proyectar el estado de alarma más allá de lo que es razonable y proporcionado, porque es hora ya de restaurar la legalidad competencial ordinaria”, explica Josu Erkoreka, del PNV.
Mala gestión del Gobierno
Según Cataluña, el mayor problema del Gobierno ha sido la gestión. “En el Estado de las Autonomías se ha demostrado que no ha sido un acierto completo centralizar la toma de decisiones ni tampoco las compras sin contar para ello con las comunidades autónomas”, indica Alberto Catalán Higueras, senador de UPN.
Y es que, a pesar de que la situación sanitaria ha mejorado notablemente y muchas comunidades hayan sido capaces de reforzar sus sistemas sanitarios y adaptarlos a los enfermos de Covid-19, critican que el Estado les dejara a su suerte en cuanto a la compra de material.
Recuerdan que el Gobierno se comprometió, al inicio de la pandemia, a ser el responsable de garantizar el abastecimiento de material de protección. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó claro que “compra centralizada no significa compra única”. Por ello, el papel del Ministerio de Sanidad ha sido el de “reforzar las compras de las comunidades para asegurar el suministro”, pero no sustituir la gestión de las CC.AA.
Sin embargo, Alfonso Rueda, vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, asegura que fueron los responsables autonómicos quienes se ocuparon y, “en muchos casos, nos decían que no nos podían dar ese material porque estaba reservado para el Gobierno de España”.
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