Con motivo de la (maldita) pandemia de la COVID-19, buena parte de la sociedad ha podido conocer cómo funciona —con altos niveles de eficiencia— el sistema sanitario. Pero, respecto a su engranaje, también buena parte de la sociedad habrá podido conocer que la Sanidad en España se rige por una gestión ‘descentralizada‘. Es la Sanidad de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Y concoer así los entresijos que en ocasiones ello supone.

El proceso de traspaso de competencias se culminó en 2002, con Celia Villolobos como ministra.

Este proceso había arrancado en 1981 con Cataluña y entró en el siglo XXI con el proceso completado en otras seis: Pero fue en enero de 2002, con Cecilia Andalucía, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias. Fue en enero de 2002, con Celia Villalobos como ministra de Sanidad, cuando se completó el traspaso de competencias a las diez regiones restantes: Madrid, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y La Rioja.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla quedaban bajo la gestión del recién creado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y se liquidaba el Insalud. En su lugar, nacía un nuevo Sistema Nacional de Salud —aunque este concepto ya se recogía en la legislación— conformados por los 17 sistemas sanitarios regionales.

No fue, cabe recordar, una transferencia de competencias total. El Ministerio de Sanidad seguiría coordinando importantes áreas, como la política farmacéutica y la ordenación profesional, así como cuestiones generales de Salud Pública.

¿Luces y sombras?

De la evolución de la sanidad ‘descentralizada’ a lo largo de estas dos décadas, hay opiniones, y hechos, para todos los gustos.
Entre los partidarios iniciales, los que consideran que la salud, cuando más se gestione en espacios cortos, mejor. Más se puede afinar el foco. No todas las comunidades, ni sus poblaciones, presentan las mismas necesidades. Entre los detractores, aquellos que entendían la descentralización como una fuente de generación de inequidades, disparidad de estrategias…Una suerte de ‘cada cual a lo suyo’.

Incluso, en todos estos años ha habido tiempo para reafirmar estas posturas… Y cambiarlas: algunos de los responsables de las carteras de Sanidad regionales en estas dos décadas han abogado públicamente por devolver competencias al Gobierno central.

Por ejemplo, en materia de gestión del calendario vacunal o de retribución de los profesionales. También ha habido quien incluso a reclamado más ‘chance’ para las Administraciones regionales, en especial en la citada área de política farmacéutica.

El papel del Interterritorial

La legislación ya reflejaba un organismo que debía dar un paso al frente —en su relevancia— para armonizar esa transferencia de competencias: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El ente que juntaba en la misma mesa a Ministerio y Comunidades Autónoma para mantener ‘cosida’ la sanidad nacional.

La Ley de Cohesión de 2003 actualizó su finalidad, funcionamiento y composición (completada con la aprobación del reglamento Interno en julio de ese mismo año). Esa misma ley reflejaba que “los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Ahí uno de los principales problemas que ha dejado el ‘negro sobre blanco’. En concreto, la ambigüedad en términos legales —y de alcance en el cumplimiento— que generan conceptos como “recomendaciones” y o “consenso”.

Entrevista a Guillem López Casasnovas publicada en EG en 2013.

Aunque la hemeroteca indica que las CC.AA han tenido altura de miras para acordar, y llevar a la práctica, cuestiones vitales para la sanidad nacional y la sociedad (véase el RDL 16/2012), bien es cierto que el ‘debe’ del CISNS nunca ha tenido un claro perfil de organismo vinculante respecto a las decisiones, acuerdos, o recomendaciones que en él se gestaban. La legislación tampoco ha ayudado a despejar esta incógnita.

Salpicado por el ‘fuego’ político

Así las cosas, el CISNS se ha revelado en muchas ocasiones con más envoltorio que cuerpo. Una plaza donde se jugaba más a la política que a hacer Sanidad. Hay consejeros que han hablado de “ambientes prebélicos” en estos encuentros. Administraciones que llegaban a los encuentros con la repuesta ya ‘desde casa’ a cuestiones que se debatirían en las siguientes horas —positiva o negativa—, y con tintes del color del Gobierno regional…

También ‘plantones’ para defender el posicionamiento del Gobierno regional en ‘conflictos’ con la Administración central alejados por completo de lo sanitarios —como ocurrió respecto a la no participación de Cataluña en los momentos más crudos del proceso separatista-.

O, por ejemplo, responsables autonómicos que decían “sí” dentro del Pleno del CISNS para luego decir “no”… o I did it my way… La transferencia de competencias en su poder les permitía estas ‘licencias’.

Como otra muestra, los posados posteriores para la prensa gráfica al término del encuentro. En pocas ocasiones se ha podido fotografiar juntos a todos los consejeros regionales y la ministra de Sanidad. Y es que a veces hay quien no ha querido salir en según qué fotos de según qué encuentro. Todo ello ha hecho mutar al CISNS en una suerte de mini Congreso.

En su favor, huelga decir que en cuestiones vitales para la Salud Pública o emergencias sanitarias, como ha sido la lucha contra la COVID-19, sí se ha apostado por el consenso. Se sabía lo que estaba en juego, y que debía quedar fuera de sinos políticos.

La recentralización por la COVID-19

Recientemente, el SNS ha vivido una suerte de recentralización de competencias, obligada o aprovechada —volvemos a insistir en las opiniones, y hechos, para todos los gustos— por la pandemia de la COVID-19. Ocurrió el 14 de marzo de 2020, en la fase más grave de la irrupción de la COVID-19, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió el mando único en el marco del Estado de alarma y se situó como máximo responsable de le gestión única de la sanidad nacional.

Salvador Illa, a la conclusión de un Consejo Interterritorial.

Aún así, a medida que se fue flexibilizando el estado de alarma y recuperando la ‘normalidad’ en la gestión sanitaria, volvieron las consecuencias de la transferencia de competencias: desde las diversas restricciones y lockout de territorios, estrategias de cribado y los ritmos de vacunación.