Este año, y muy posiblemente también el que viene, entre un 20 y un 21 por ciento del presupuesto que maneja el Departamento de Salud del Gobierno vasco irá a cubrir la factura farmacéutica, contabilizando tanto la de hospital como la de receta. Este porcentaje significa que el País Vasco destina a Farmacia uno de cada cinco euros de su presupuesto sanitario, una proporción “a todas luces excesiva” sobre el peso que, según Jon Darpón, debería tener. Así lo aseguró el consejero de Salud ante la Comisión del ramo del Parlamento vasco, donde compareció para explicar las líneas para la nueva legislatura.
Ciertamente, en los planes de Darpón subyace la idea de adelgazar el peso de Farmacia en la factura sanitaria, en primer lugar mediante una auditoría estrecha de su evolución. “Haremos un seguimiento continuo del gasto farmacéutico —dijo— para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Jon Darpón: “Haremos un seguimiento continuo del gasto farmacéutico”
Darpón es consciente de que los precios españoles son “de los más bajos de Europa”, pero también reconoce que “inciden de forma notable sobre los presupuestos”. Insiste en que el desarrollo tecnológico y farmacéutico constituye “el mayor determinante” del gasto sanitario, por encima incluso del envejecimiento de la población. País Vasco quiere aumentar su capacidad de influir sobre los precios y perseguirá este objetivo por dos vías. En primer lugar, Darpón seguirá reclamando, como lleva haciendo desde hace tiempo, “un puesto fijo” en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. En segundo lugar, considera que es preciso “ahondar en la colaboración entre el sistema y la industria para alcanzar mejores acuerdos en la financiación de la innovación en la línea de pagar por resultados en salud y por la calidad de vida de los pacientes”.
Las palabras del consejero refrendan también las que el director general de Farmacia del País Vasco trasladó a EL GLOBAL. Dijo Iñaki Betolaza que la Consejería está abierta al establecimiento de acuerdos de techo de gasto y de riesgo compartido y que considera “indispensable” una evaluación más rigurosa y objetiva previa a la introducción de nuevos fármacos.
