Bajo la justificación de una “mejora técnica”, el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha planteado, en las enmiendas registradas al articulado del Proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una modificación de la Ley de Garantías para reformar el copago farmacéutico… Una propuesta que plantea, según el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, más tramos, más topes, una concepción más igualitaria del concepto de aportación en el sistema y una revisión trimestral del grado de aportación.
Según la propuesta de Ciudadanos, y con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario, incluidas las personas encuadradas en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, seguirá el siguiente esquema: un 60% del PVP para usuarios activos y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del IRPF; un 50% para rentas de entre 50.000 y 100.000 euros; un 35% entre los 18.000 y los 50.000; un 25% para usuarios activos y beneficiarios que no estén incluidos en los supuestos anteriores y con un límite máximo de aportación de 30 euros mensuales; un 10% para todos los pensionistas, salvo los incluidos en el primer supuesto; y un 40% para las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España.
Con el fin de asegurar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, estos porcentajes, defiende Ciudadanos, estarán sujetos a topes máximos de aportación en los siguientes supuestos: un 10% del PVP en medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con una aportación máxima de 4,24 euros. Para pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superiores a 18.000 euros e inferior a 50.000, el límite de aportación mensual será de 14 euros. Para pensionistas en el tramo de entre 50.000 y 100.000 euros, el límite será de 18 mensuales, que se elevarán hasta 60 por encima de los 100.000 euros.
Las administraciones autonómicas, añade el grupo, llevarán a cabo las medidas oportunas a fin de que los usuarios que deban aportar alguna cuantía económica sólo tengan que abonar la cantidad correspondiente al tramo de aportación establecido, “no debiéndose cobrar la totalidad del fármaco y reintegrarse posteriormente”, aclara la enmienda.
En el apartado de exenciones, la formación naranja contempla a los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, personas perceptoras de rentas de integración social, perceptoras de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo, personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, personas reconocidas como dependiente severo o gran dependiente y personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas con renta inferior a los 18.000 euros.
En último lugar, Ciudadanos plantea que los profesionales sanitarios con atribuciones relativas a la prescripción e indicación de medicamentos recogidos en la ley “tendrán el deber de dejar registrado en la historia clínica y comunicar a las autoridades sociosanitarias los casos de falta de adherencia al tratamiento prescrito por motivos económicos”. Para ello, señala la enmienda, las administraciones autonómicas facilitarán el formulario o aplicación correspondiente, salvaguardando la ley de protección de datos.
Actualización progresiva de la cartera
Otro de los aspectos más importantes de las enmiendas de Ciudadanos tocan la actualización semestral de la cartera de servicios en el SNS. Entrando al detalle de esta petición, la formación acepta que las comunidades autónomas puedan ampliar sus respectivas carteras siempre y cuando cuenten con la aprobación de, al menos, dos organismos de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS. Cada seis meses, el Consejo Interterritorial podrá emitir recomendaciones sobre estas prestaciones sanitarios complementarias, de cara a introducirlas en la cartera de todo el SNS, en una estrategia “progresiva” que, según Ciudadanos, favorecerá la equidad en el SNS.
Más allá, los cambios solicitados por Ciudadanos al decreto de universalidad instan a considerar el derecho de asistencia como “un derecho de ciudadanía”, ya se resida en España de manera habitual o no. Asimismo, la formación pide para los extranjeros los mismos derechos que los ciudadanos españoles siempre que tengan acreditado un periodo de tres meses de empadronamiento. En caso contrario, solo las mujeres embarazadas y los menores de 18 años tendrían garantizada la asistencia sanitaria en urgencias.
