La creación del primer Comisionado de Salud Mental en España ha tenido que esperar para ver la luz a la XV Legislatura, impulsándose definitivamente por Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, pocas semanas después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, asumiera su nueva responsabilidad en el seno del Gobierno y anunciara que uno de los principales objetivos de la cartera que lidera era alcanzar un Pacto de Estado por la Salud Mental.
Y sus primeros pasos han ido de la mano del liderazgo de Belén González, licenciada en Medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha con especialidad en psiquiatría. La ahora Comisionada cuenta, además, con formación específica en género, gestión clínica y dirección médica y asistencial, habiendo desarrollado su experiencia profesional en el ámbito de la atención clínica en Psiquiatría, desde el que ha trabajado en distintos dispositivos de la red asistencial de la Comunidad de Madrid, como el Centro de Salud Mental, la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados y el Programa Comunitario Intensivo y Pisos Supervisados.
González es miembro de la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN-Profesionales de Salud Mental) desde 2017, de la que fue presidenta hasta 2024. Asimismo, también ha pertenecido al Comité de Personas Expertas en Precariedad Laboral y Salud Mental del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y es coautora del Informe PRESME como resultado de dicha actividad.
Desde 2022 ha colaborado como técnica externa con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo y en actividades relacionadas con salud mental en contextos de privación de libertad.
Pregunta (P). Consumo de psicofármacos, ¿peligro o necesidad? En la última década, la venta de ansiolíticos y antidepresivos se ha incrementado un 30 por ciento, lo que sitúa a España como líder en cuanto a consumo de benzodiacepinas. Así, existen estudios que demuestran que los pacientes de 65 años o más diagnosticados con ansiedad tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia, mostrando que la exposición a las benzodiazepinas se asocia con un aumento del 28 por ciento en el riesgo de padecerla. ¿Medicalizamos en exceso el sufrimiento? ¿Propone algún tipo de novedad en su regularización?
Respuesta (R). Sí, creo que medicalizamos en exceso el sufrimiento. Creo que porque nos faltan otro tipo de recursos, tanto cognitivos como materiales, para no medicalizarlo. Quiero decir, nos faltan recursos cognitivos en el sentido de que muchas veces no nos paramos a pensar, como decía antes, en qué es lo que subyace a este sufrimiento. La respuesta rápida que se ofrece es un psicofármaco porque nos permite seguir funcionando.
Mientras tengas una herramienta, algo que te permita seguir funcionando en la sociedad, casi siempre y por consenso, no solamente es una cuestión médica sino también de quien recibe el fármaco, casi siempre vamos a elegir esta opción. Porque parar es muy difícil. Y pararse a pensar en qué le está pasando a uno, qué cambios necesita hacer en su vida o siquiera si puede y se puede permitir hacer esos cambios, es mucho más complicado.
Sí, estamos medicando la pobreza, la falta de vivienda, los problemas laborales, la crisis climática… estamos medicalizando problemas sociales.
Esto lo vemos reflejado en que hay un aumento mayor en la prescripción de psicofármacos que de diagnósticos en salud mental. Es decir, vemos que el diagnóstico de ansiedad es el que más aumenta, bien, pues el diagnóstico de ansiedad aumenta, pero aumenta mucho más la prescripción de ansiolíticos y de antidepresivos. El diagnóstico de depresión aumenta un poquito, pero la prescripción de antidepresivos aumenta mucho más. Hay una disparidad entre estas dos cuestiones. Y esa disparidad está reflejando que estamos medicando más cosas de las que medicábamos antes. Y eso tiene que ver también con lo social.
(P) Sobre novedad en la regularización: hay países del entorno europeo que están contemplando medidas mucho más restrictivas a la hora de recetar algún tipo de ansiolítico o de medicamentos similares. No sé si contempláis desde el Comisionado lanzar alguna.
(R) Una de las áreas específicas del Plan de Acción de Salud Mental tiene que ver con la mejora del uso y de la prescripción de psicofármacos. Esto nos parece esencial.
Creemos que hay que dar herramientas a los clínicos y las clínicas para que puedan hacer un mejor uso de los psicofármacos. Creo que la población, y esto está incluido en el Plan de Acción, tiene que estar mejor informada y tenemos que ser capaces de informarla mejor de las ventajas y de las desventajas de los psicofármacos. Es decir, esto no se trata de asustar a nadie, se trata de hacer una mejor prescripción que también conlleva dar mejor información a la persona de los efectos secundarios que puede sufrir, de cuánto tiempo puede tomar este fármaco y qué puede pasar durante ese tiempo y, sobre todo, sobre qué podemos esperar del psicofármaco.
Hay mucha confusión sobre qué es lo que esperamos, por ejemplo, de un antidepresivo. Un antidepresivo se llama antidepresivo y pensamos que lo que hace es quitar la depresión. Igual que un antipsicótico, se llama antipsicótico y lo que pensamos es que hace quitar la psicosis. Estos son nombres trampa. No funcionan exactamente así. Tenemos que conceder a las personas que lo toman una mayor autonomía para el conocimiento de los efectos de estos psicofármacos, y para la decisión sobre la toma, o sobre la retirada de estos psicofármacos. Tenemos planes para ello.
(P) Ya anunció el Plan Estratégico de Salud Mental, pero profundicemos en las líneas maestras para la legislatura: ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué medidas pretende sacar adelante?
(R) Pues, básicamente, se concretan en dos vías administrativas, que serían los Planes de Acción de Salud Mental y el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Hemos querido dividirlas para darles una especial relevancia y poder tener medidas específicas y amplias.
En cuanto al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, resulta un plan que recogerá el consenso con las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y con el Comité Técnico, donde están representadas personas con experiencia, expertas, asociaciones, sociedades científicas de Atención Primaria, Trabajo Social, Psiquiatría, Psicología clínica y profesionales de todos los ámbitos que pueden afectar a la salud mental.
Este Plan de Acción tiene un encaje en la Estrategia 2022-2026 de Salud Mental, pero hemos elegido unas líneas maestras concretas para poder potenciarlas especialmente. La primera de ellas, que es con la que empezamos, tiene que ver con la mejora de los recursos humanos en salud mental, porque entendemos que es una absoluta prioridad.
A veces, cuando hablamos de recursos humanos en salud mental, lo único que se nos ocurre decir es que hay que poner más psicólogos. Sí, hay que incluir más psicólogos, sobre todo en atención a la salud mental especializada, psicólogos clínicos con formación PIR. Lo que pasa es que este modelo de salud mental que tenemos está absolutamente centrado en la figura del psicólogo y el psiquiatra, en quienes recae casi toda la carga asistencial. Sin embargo, presentamos una diferencia a la baja de profesionales con respecto a Europa y a la OCDE en tanto que en el proceso asistencial no solamente intervienen psiquiatras y psicólogos clínicos.
Para explicarlo bien: en salud mental tenemos un modelo asistencial que recae principalmente sobre psiquiatras y psicólogos o psicólogas. Esto es un problema, porque tenemos otras profesiones que están incluidas dentro de la intervención terapéutica a las que les estamos dando muchísima menos importancia de la que realmente tienen.
Si queremos hacer un trabajo multidisciplinar y un trabajo con enfoque en determinantes sociales, necesitamos más trabajadoras sociales, más educadoras, más terapeutas ocupacionales, más enfermeras especialistas en salud mental. Y de esto, en comparación con Europa, es de lo que menos tenemos.
Hablamos siempre de que tenemos menos profesionales de psiquiatría y psicología, lo cual es cierto, y tenemos que reforzar también en la medida de nuestras posibilidades esas dos profesiones, pero tenemos que poder ver las opciones y las posibilidades que se nos ofrecen abriendo el foco a la atención integral desde otras perspectivas que no solamente sean la del psiquiatra o el psicólogo. Esto me parece esencial. De hecho, hay CC.AA. que están haciendo este viaje hacia un modelo más centrado en una intervención multidisciplinar y donde otras profesiones puedan tener mayor relevancia.
Nosotros apostamos por esto, y apostamos por la inclusión de los pares, de la figura del par, es decir, de la persona con experiencia en primera persona de trastorno mental que pueda hacer un acompañamiento, que pueda hacer intervenciones en ese equipo multidisciplinar a otras personas que están sufriendo patología mental o que están sufriendo algún tipo de trastorno.
El Plan de Acción de Salud Mental incluye, además, un cambio de modelo asistencial, otro que se oriente hacia la prevención de la institucionalización y hacia la promoción de la autonomía y la disminución de las medidas involuntarias y coercitivas sobre pacientes con trastorno mental, especialmente con trastorno mental grave.
Para eso necesitamos cambios en las infraestructuras que tenemos, cambios en el modelo de cultura asistencial que tenemos y refuerzo en los recursos humanos. El Plan sirve precisamente para eso. Tiene financiación y va a tener financiación en los próximos años, y servirá para financiar ese cambio de modelo hacia unos recursos innovadores que puedan cumplir con estas cuestiones que hemos ido nombrando de derechos, de cultura asistencial, de otras profesiones, de inclusión de expertos por experiencia, etc.
El plan de acción también destaca el área de trabajo sobre sistemas de información en salud mental, y cuenta con varias líneas y un grupo de trabajo que ya se ha conformado en el Ministerio de Sanidad.
Como último punto del Plan de Acción estaría el Grupo de Trabajo que estamos impulsando para el reconocimiento y la vigilancia de las patologías de salud mental derivadas del trabajo. Esto es absolutamente innovador en España y también en toda Europa, porque, bueno, hasta ahora estaba habiendo una evidente negligencia en el reconocimiento de que el trabajo produce sufrimiento psíquico y puede llegar a producir trastornos mentales. Esto está reconocido científicamente y hay un consenso social, pero, sin embargo, no había un reflejo suficiente dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Todos los médicos de AP están viendo a todos estos pacientes que están sufriendo por motivos de trabajo: están viendo cómo se disparan las bajas, están viendo que esto está relacionado, pero hasta ahora no hemos tenido los mecanismos ni las herramientas para poder medirlo.
Ahora mismo no existe ninguna enfermedad mental incluida dentro de la lista de enfermedades profesionales. Podemos dar una baja por motivos profesionales a alguien que sufre un trastorno mental por otra vía, pero es una vía muy complicada, es una vía que conlleva una serie de evaluaciones que dificultan mucho, tanto al profesional como a la persona que está sufriendo, para que se reconozca que es así. Hay muy poco reconocimiento de esta relación entre el trabajo y los problemas de salud mental.
(P) ¿Estáis trabajando en esto desde el Ministerio de Sanidad únicamente o existe coordinación con otros departamentos?
(R) Se trata de un grupo de trabajo multidisciplinar en el que estamos sociólogos, investigadores y expertos. También estamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social y con el Ministerio de Trabajo. Hay muchos niveles a los que afecta esto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con quienes también estamos en relación.
(P) Otra de las líneas que señalaba es el Plan para la Prevención del Suicidio.
(R) Queremos un Plan de Acción de Prevención del Suicidio que incida especialmente en los determinantes sociales de la salud.
Hemos estudiado todos los planes de prevención del suicidio que hay en cada una de las CC.AA. para que puedan tener coherencia con este mismo, sobre todo, al tener la mayoría de competencias de Sanidad transferidas. Tiene que haber coordinación.
Hay algo que tiene que ver con fortalecer esos planes de prevención del suicidio de las CC.AA. y algo que tiene que ver con otro nivel de coordinación, el de la recogida de datos para poder establecer los determinantes que hacen que uno llegue a una situación de tal desesperanza y de tal desesperación que quiera quitarse la vida. A nivel de esto, también queríamos reconocer cuáles son los colectivos que tienen mayor vulnerabilidad de presentar este riesgo de suicidio y cuáles son aquellos sobre los que tenemos que incidir especialmente, como por ejemplo el colectivo LGTBIQ, el colectivo de mayores y el colectivo de jóvenes, que aunque no tiene unas cifras muy elevadas de suicidio, sí que entendemos que el suicidio de una persona joven es algo que hay que abordar sin ningún tipo de cuestionamiento, sean cuales sean las cifras.
