Aunque ya están eliminadas ‘de facto’ sobre la práctica —hace ya años que no se llevan a cabo estas convocatorias—, la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para dar el carpetazo definitivo por ley a las subastas de medicamentos.
En concreto, la Junta ha iniciado la tramitación de una propuesta de ley por la que se modifica la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía. Dentro de los “problemas a solucionar” con esta modificación se encuentra “suprimir, por innecesario, el mecanismo actualmente previsto para la selección de medicamentos, que cuenta con carácter voluntario”, argumenta la propia Junta.
La Administración andaluza mantendrá abierto hasta el próximo 8 de abril el plazo para la presentación de aportaciones —por parte de entidades o particulares— a esta reforma legislativa que, una vez culminada, debe ser el punto y final a este modelo de selección pública de medicamentos.
Catorce convocatorias desde 2011
Las subastas de medicamentos andaluzas fueron impulsadas en 2011 bajo gobierno socialista y con María Jesús Montero —actual ministra de Hacienda— como máxima responsable de la Sanidad andaluza.
En concreto, la Ley de Farmacia regional recogía que el SAS podría en adelante realizar convocatorias públicas para seleccionar “para cada formulación de principio o principios activos, el medicamento del laboratorio farmacéutico cuya propuesta represente para el Servicio Andaluz de Salud el menor coste final de la prescripción correspondiente de entre los propuestos”. La adjudicación implicaba la exclusividad en la dispensación en las farmacias para la presentación y la compañía seleccionada.
Durante todos los años de vigencia de este modelo y las 14 convocatorias realizadas, el sector farmacéutico se opuso frontalmente y denunció las inequidades y merma de la calidad de la prestación farmacéutica que acarreaba respecto al resto de pacientes españoles. Por ejemplo, por no tener acceso a todas las presentaciones financiadas sino también por los desabastecimientos que se producían de los medicamentos seleccionados. Incluso, el debate llegó hasta el mismo Parlamento Europeo, donde en varias ocasiones ocupó la agenda política de este organismo.
Aunque diversas sentencias validaron directa o indirectamente estas licitaciones, el Partido Popular se comprometió a suprimir las subastas tras alcanzar el Gobierno andaluz en 2018 —junto a Cs y VOX— y poner fin a 37 años de gobernanza socialista. Desde su llegada, el PP no procedió a realizar nuevas convocatorias, aunque por cuestiones legales/contractuales sí mantuvo las licitaciones que estaban vigentes o en proceso de adjudicación. Las subastas quedaban así suprimidas ‘de facto’ a expensas de que fuesen expirando los diversos contratos con las compañías adjudicatarias.
Las subastas “mejoradas” del PP
Fue ya en diciembre de 2020 cuando, tras expirar el último contrato, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el “fin” de las subastas.
No obstante, paralelamente, se presentaba un “nuevo modelo de selección de medicamentos” que sustituiría a las subastas originales. Aunque se seguía apostando por las licitaciones públicas (si bien no existía obligación de convocarlas, solo a voluntariedad de la Administración), se intentarían evitar las situaciones de faltas del anterior modelo descartando la exclusividad en las adjudicaciones (y que varias presentaciones pudieran ser seleccionadas en el concurso y dispensadas en las farmacias).
También para cada una de ellas se establecería un mínimo (porcentaje) de mejora respecto a las convocatorias precedentes. No obstante, este replanteamiento tampoco gustó en el sector, al calificarlo como unas “subastas mejoradas”. Pero subastas, al fin y al cabo.
Ahora, la propuesta de la Junta pasaría por acabar con cualquier mención o amparo en la ley de este modelo. Incluido el suyo alternativo, ya que en la exposición de motivos se alude a la necesidad de suprimir “el mecanismo actualmente previsto para la selección de medicamentos, que cuenta con carácter voluntario”. Es decir, el vigente desde finales de 2020.
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