El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 continúa su discusión parlamentaria, inmerso ya en pleno trámite de enmiendas. El contexto de actual pandemia apremia, por lo que reforzar las políticas sanitarias con unas nuevas cuentas es todavía más prioritario. Además de la atención COVID-19, lo exige también la reforma Sistema Nacional de Salud (SNS) que durante esta coyuntura ha dejado ver cuáles son sus debilidades actual.

El Global ha podido contar con el análisis de Ana Prieto, quien ha desglosado los presupuestos del curso que viene en una entrevista exclusiva. La portavoz de Sanidad del PSOE ha explicado así las partidas incluidas dentro de los mismos y cómo estos se adaptan a la situación actual.

Pregunta. ¿Qué valoración general le merecen las cuentas públicas que el Gobierno ha previsto para Sanidad en 2021? ¿Están a la altura de lo que merece una crisis sanitaria como lo es la COVID-19?

P. Los PGE 2021 para Sanidad, son unos presupuestos progresistas y de país, absolutamente excepcionales por el contexto de pandemia en el que se aprueban, que movilizan el volumen de inversión más ambicioso de nuestra historia. Estos son unos presupuestos que van destinados a reconstruir lo arrebatado por la crisis sanitaria pero también la económica y social provocada por la COVID-19, que tienen el objetivo de modernizar nuestro sistema productivo, y están encaminados a fortalecer nuestro estado del bienestar hacia un sistema nacional de salud más robusto, unas pensiones dignas y un ingreso mínimo vital, para no dejar a nadie atrás.

Las necesidades del Ministerio de Sanidad se han multiplicado y con ello se ha multiplicado el dinero asignado para esta materia. La COVID-19 está siendo una prueba de fuego para nuestro sistema y estas cuentas reaccionan para combatirlo sin cuartel. Incluso más, son unas cuentas para combatir la COVID19 y modernizar el sistema sanitario español, que durante estos meses ha sido nuestro auténtico cimiento para aguantar.

La apuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez hace por el sistema público de salud en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 no tiene precedente, y es la mayor apuesta por la sanidad pública desde que Ernest Lluch elaborara la Ley General de Sanidad. Estas cuentas suponen multiplicar por 10 veces las mismas respecto del año anterior, pasando de 327 millones a 3.421 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de Europa. Lo que supone un 946,8 por ciento más, respecto al Presupuesto Base de 2020.

Este presupuesto, tiene una triple vocación: Responder a la situación de crisis sanitaria derivada de la COVID 19, así como afrontar los retos pendientes en materia de financiación del SNS, consecuencia de las políticas de austeridad y recorte desarrolladas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La segunda, a través de los fondos europeos, impulsar la modernización e innovación de nuestro SNS, con una apuesta decidida por la Atención Primaria y Comunitaria. Así como, por la cohesión territorial y social. También busca reforzar al Ministerio de Sanidad, tal y como aprobamos en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.

P. ¿Qué partidas considera imprescindibles? ¿Qué opina sobre las partidas que financiarán los fondos europeos?

P. En 2012, el Gobierno del PP emprendió la senda de los recortes y el debilitamiento de lo público. Entre 2009 y 2013 España recortó su gasto sanitario en un 12 por ciento. Lamentablemente esta crisis provocada por la COVID-19, ha mostrado las costuras de nuestro SNS visibles a consecuencia del desgaste provocado por políticas de recortes impulsadas por la derecha. Además del presupuesto que gestionará directamente el Ministerio de Sanidad, los PGE 2021 destinarán en total 7.330 millones de euros a reforzar la sanidad, incluyendo partidas de otros ministerios, como las destinadas a la investigación del ISCIII, incluidas en el Ministerio de Ciencia.

Con la previsible aprobación de los presupuestos para 2021, se abre un futuro de esperanza porque España dice adiós al pasado de años de recortes de lo público, y abre un futuro de estabilidad y progreso. Las cuentas para sanidad afrontan cambios necesarios, y en las que destaco las siguientes partidas:

Para las CCAA, en el seno del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria: 1088,86 millones de euros; incremento del presupuesto de INGESA en más de 73 millones de euros. Proyecto europeo dirigido a la “Cohesión y equidad” del SNS: 36,89 millones; Fondo de Equidad-Cohesión Sanitaria (incremento de 30 millones de euros).

“Estos presupuestos suponen la mayor apuesta por la sanidad pública desde que Ernest Lluch elaborara la Ley General de Sanidad”

Destinado para las CC.AA, impulso de la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS: 48,73 millones de euros. Siguiendo con las comunidades, se impulsa la homogeneidad en la implantación de la cartera común de servicios de atención temprana (3,2 millones de euros). También 2 millones de euros para que las autonomías implementen líneas estratégicas, para la adecuación de los sistemas sanitarios y las intervenciones sanitarias al incremento de personas mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Figuran diversas partidas presupuestarias (2,5 millones de euros) destinadas a las CC.AA para atención del cáncer, para mejorar el control de la enfermedad y garantizar una adecuada atención a pacientes y familiares.

Destaco la compra de stock de medicamentos críticos para el Depósito Estratégico de la Aemps: 20 millones de euros. Reserva estratégica que nos permitirá afrontar cualquier alerta sanitaria que pudiera producirse en el futuro. Necesidad puesta de manifiesto por expertos que comparecieron en la Comisión de Reconstrucción, siendo la reserva estratégica otra de las conclusiones.

También el proyecto para el centro Global de la Organización mundial de la Salud (OMS) en Madrid: 7,35 millones de euros. Por último, la creación del Centro Estatal de Salud Pública: 5 millones de euros, resultado de una de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción plasmada en que es prioritario el fortalecimiento de las estructuras y los servicios de salud pública y el desarrollo de la Ley de Salud Pública. Estos presupuestos reflejan la voluntad de salir hacia adelante con energía. Se destina un 151,4 por ciento más a la sanidad, y de estas partidas se destinarán en torno a 2.440 millones de euros del fondo REACT-EU.

Destaco la importancia de la compra de vacunas dotada con 1.011 millones de euros, que según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, una parte muy sustancial de la población podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021; y del Programa Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria por cuantía de 1.089 millones destinados a reforzar la Atención Primaria. También está la modernización del sistema, un tema que es de futuro y no solo de reacción ante la pandemia, con un Plan para la Renovación de las Tecnologías Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud, por importe de 400 millones de euros.

P. Durante la Comisión de presupuestos, se hizo referencia a la falta de una mención específica a una partida en materia de cribado y rastreo, ¿qué postura mantiene el Grupo Socialista en este sentido? ¿Cómo valoraría la incorporación de los profesionales farmacéuticos en esta tarea?

P. En julio se aprobó en el Congreso un fondo de 16.000 millones de euros, el Fondo COVID-19, que contó con la oposición del BNG entre otros, para responder a los excesos de gasto sobre todo sanitarios que las autonomías soportan para el refuerzo de la Sanidad. Entre otros gastos, figuran los correspondientes a las labores de cribado y rastreo. No podemos olvidar que Sanidad es una competencia transferida a las CC.AA y son ellas quienes deciden cómo utilizarlos. Pero 16.000 millones de euros es una cantidad de dinero suficiente para dedicar a reforzar los sistemas de cribado y rastreo, además de otros puntos que las CC.AA consideren necesario.

“Los PGE 2021 están destinados a reforzar la situación de la sanidad pública en general, no solo en puntos concretos como el cribado y rastreo”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto a disposición de las comunidades 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, para reforzar los equipos de profesionales de la Atención Primaria, especialmente para las autonomías que tengan mayor dificultad, previa solicitud al Ministerio de Sanidad. Los PGE 2021 en Sanidad, además de estar diseñados para hacer frente a la pandemia, están destinados a reforzar la situación de la sanidad pública en general, no solo en puntos concretos como el cribado y rastreo. La pandemia pasará y hemos de encontrar tras ella un sistema de salud público fuerte, actualizado y suficientemente financiado.

Los farmacéuticos al igual que el resto de profesionales sanitarios colaboran en la medida que sean necesarios para proteger y cuidar de la salud de las personas. En caso de ser necesario, las autoridades sanitarias autonómicas y el Estado, a través del Consejo Interterritorial, organizarían estas tareas con la seguridad y las precauciones convenientes tanto para los profesionales que las realizan como para las personas que lo requieran. La detección precoz y la vigilancia epidemiológica son puntos clave para controlar la transmisión, según la Estrategia de detección, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad. Muchas personas, durante el confinamiento se quedaron solas, y el farmacéutico estaba ahí, en primera línea, muchas veces solo para escuchar y amparar a la gente que no tenía a nadie.

P. Sanidad apuntó a un importante incremento en materia de profesionales sanitarios con el objetivo, entre otros, de mejorar los planes de formación continuada ¿Peligra la participación de la industria en estas actividades?

R. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una Proposición No de Ley para garantizar la formación continuada de los profesionales. En esa línea van los PGE 2021. Se incrementa en 1,6 millones de euros a esta partida.

P . ¿Considera suficiente la dotación para impulsar políticas de cohesión? ¿Cómo valora las determinaciones en políticas de RR. HH previstas por los presupuestos?

R. Las políticas de cohesión territorial, incluyendo el Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía, contarán con casi 67 millones de euros. Se recupera el carácter presupuestario del Fondo de Cohesión Sanitaria. Un fondo de cohesión dotado de tal manera que permita abordar estrategias concretas elaboradas y aprobadas en el marco del Consejo Interterritorial.

Llevaba años de bajada. Esto perjudicaba a las CCAA que no recibían compensación por atender a los pacientes de otras autonomías. Este Gobierno apuesta por el modelo territorial español y eso conlleva mantener el equilibrio entre las Comunidades para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos sin perjuicio para ellas. Aprovechando los fondos europeos, un total de 37 millones servirán para “garantizar la cohesión y la equidad en el acceso de la ciudadanía a la cartera común del SNS en todo el territorio español”

Estoy convencida de la idoneidad de un SNS descentralizado. No son palabras vacías sino que, a lo largo de todos estos años, se ha mostrado como una de las mejores aportaciones a la equidad, a la convivencia y a la cohesión social en nuestro país, a lo largo del periodo democrático iniciado en 1978 con la Constitución. Siempre desde el respeto a las competencias de cada administración. El objetivo de este presupuesto es mantener una dotación que asegure la protección de la salud con equidad, con calidad con niveles adecuados de coordinación y de sostenibilidad de las cuentas públicas.

“Se va a poner en marcha el Registro de Profesionales Sanitarios y priorizaremos la vuelta de médicos que hubieran salido del país a trabajar”

Con estas cuentas, que aseguran una financiación sanitaria suficiente y equitativa para el SNS, se podrán desarrollar políticas comunes que garanticen la cohesión del sistema y poder afrontar las desigualdades en salud. Las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, abordan el establecer una nueva política de recursos humanos, para mejorar las condiciones de trabajo y contratación de los profesionales del SNS, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad del sistema actual.

Se va a poner en marcha el Registro de Profesionales Sanitarios. Desde que se creó en 2012 no había empezado a funcionar. Priorizamos también la vuelta de profesionales médicos que hubieran salido del país a trabajar por los recortes del PP. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez abre la puerta a impulsar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. En esa línea el Ministerio de Sanidad desarrollará normativa por la que se fijen criterios homogéneos de baremos en fases de concurso en procesos de provisión de plazas de personal sanitario. El examen de acceso a la formación sanitaria especializada se realizará el próximo 27 de marzo y contará con un 3,2 por ciento más que el año pasado alcanzando un total de 10.001 plazas ofertadas. Es un incremento histórico.

P. ¿Qué opinión le merece la eliminación del copago farmacéutico?

La eliminación del copago farmacéutico, es un compromiso del Partido Socialista y del Gobierno de coalición. Es de justicia trabajar para que las enfermedades dejen de ser, además una preocupación económica para la ciudadanía. La eliminación del copago supone una inversión de más de 257 millones de euros que beneficiará a más de 6 millones de personas. La eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos es una gran noticia; que evitará que los copagos sean una barrera de acceso a los medicamentos, para así garantizar la adherencia terapéutica en los grupos de menores rentas, incrementando la exención del copago a personas y hogares en situación de vulnerabilidad (pensionistas, menores con discapacidad, y beneficiarios de la prestación por hijo a cargo).

En medio de una grave crisis económica, el copago farmacéutico fue implementado en 2012 por un gobierno del partido popular, consecuencia de las políticas de austeridad y recorte desarrolladas por el ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que supuso una barrera de acceso a los medicamentos prescritos por el médico y por tanto necesarios para la salud de los pacientes; medida que ha lesionado a los que estaban en una situación económica más vulnerable.


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