El Consejo Interterritorial alcanzó un acuerdo para la Creación de la Comisión Institucional y un Comité Científico-Técnico que registre a los afectados por la talidomida. “Es una gran deuda que tiene España con todos los afectados. Se ha aprobado su creación formal, homogenizar el trabajo de todas las comunidades autónomas y elaborar un registro de todos los afectados”, resaltó la ministra Dolors Montserrat tras la celebración del cónclave.
Los consejeros autonómicos se mostraron satisfechos en este aspecto tras convencer al Ministerio de aprovechar la experiencia existente en algunas comunidades. Una de ellas fue Andalucía, donde Marina Álvarez explicó que disponen de un Real Decreto donde se regula un registro. “Es el primero a nivel nacional y hemos podido aportar nuestra experiencia. Se está trabajando para conocer un algoritmo y valorarlo de forma homogénea. Es importante avanzar. Andalucía tiene a 52 pacientes y queremos que todos estén incluidos y nos permita trabajar de forma unida”, dijo.
El órgano encargado de centralizar y avalar toda la información sobre el registro será el Instituto Carlos III. Tras el acuerdo alcanzado, se recomienda por el comité científico-técnico recién creado que cada comunidad tenga un grupo de expertos que haga la valoración de los pacientes. Una vez cumplido este requerimiento, la valoración será enviada a nivel central para que el Carlos III decida si se incluyen o no en el registro.
Sin embargo, a pesar del consenso, el acuerdo puede quedar en papel mojado desde el punto de vista de los pacientes. La ministra de Sanidad se ha comprometido a establecer una partida presupuestaria específica para atender el problema pero no existe un nuevo proyecto de Presupuestos Generales para 2018 y actualmente están prorrogados los de 2017. “El Gobierno está trabajando para poder tener unos presupuestos, pero no solo responsabilidad nuestra sino de todo el Congreso de los Diputados. La voluntad que haya partida presupuestaria para talidomida porque así nos comprometimos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y nosotros sí cumplimos nuestras promesas”, dijo Montserrat.
Junto a este acuerdo también hubo consenso en la distribución de los fondos para las Comunidades Autónomas cuyo uso debe estar destinado a Estrategias frente a Enfermedades Raras, Vigilancia en salud, desarrollo de los Sistemas de Información Sanitaria del SNS y Red de Agencias. Asimismo, también hubo acuerdo en la distribución de fondos por volumen de ventas de la industria farmacéutica (Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley por el que se refunda el texto de la Ley de Garantías). Sin embargo, sobre estos dos aspectos no hubo información adicional. Tanto la ministra como el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, no pudieron concretar ni la cifra económica ni el destino de estos últimos.
Otro de los puntos debatidos en este Interterritorial fue el reciente acuerdo alcanzado en el Foro de las Profesiones para la prescripción enfermera. Montserrat presentó el documento acordado entre médicos y enfermeros, hecho que fue acogido de buen agrado por las autonomías aunque, eso sí, “un poco tarde”, alegaron muchas de ellas. De hecho fue la consejera de Baleares, Patricia Gómez, la más crítica con este acuerdo, y solicitó la modificación de la Ley de Garantías para que los enfermeros, en el ámbito de sus competencias, puedan ser prescriptores “como el resto de profesionales”.
Una de las urgencias de este acuerdo era la problemática que se podía vivir en las comunidades por la campaña de vacunación de la gripe, ya que los enfermeros no estaban amparados legalmente. En este aspecto el Interterritorial acordó que la vacuna de la gripe se pueda administrar sin necesidad de prescripción previa del médico.
Por último, y uno de los grandes acuerdos de este Interterritorial, fue la propuesta de soluciones paliar la falta de médicos en el Sistema Nacional de Salud. Las autonomías comenzarán a trabajar para analizar las necesidades de las plantillas a corto plazo. De hecho, será en enero —fecha de la próxima cita interautonómica— cuando presenten un documento con soluciones. La ministra destacó a la conclusión del Consejo que “pese a no existir un déficit real de profesionales, si hay desigualdad distribución en algunas especialidades como pediatría y medicina de familia, y poca disponibilidad para ejercer en zonas más rurales y alejadas”.
Desde el ministerio se ha propuesto incentivar a los MIR para que cuando acaben su residencia puedan trabajar en estas zonas más complicadas. Una incentivación que se podrá llevar a cabo a través del Real Decreto que regula la relación laboral de los residentes. “Para la convocatoria MIR de septiembre podríamos tener esta normativa, y que fuera la primera con esta nueva iniciativa que ayudaría a mantener estas especialidades en estas zonas”, apuntó la ministra. Asimismo, las comunidades han pedido agilizar los trámites en la acreditación de unidades docentes. El problema, según señalaron algunos consejeros de Sanidad, se encuentra en la homologación de títulos de médicos extracomunitarios.