br
Cuando el penúltimo titular de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, acudió allá por julio del año 2016 al Parlamento Europeo a hablar, entre otras cosas, de las subastas de medicamentos, a buen seguro que no encontró ninguna traba y que su elección por parte de la eurodiputada socialista Soledad Cabezón, no necesitó de innumerables votaciones para llevarse a efecto. Alonso participó en un workshop sobre las ‘Opciones europeas para mejorar el acceso a los medicamentos’. Allí dijo lo que quiso y le escuchó quien le quiso escuchar. Poco más o menos es lo que la Asociación de Farmacéuticos Andaluces (Afaran) lleva reclamando desde que se fijara para el 24 de abril su intervención ante el Europarlamento para mostrar las quejas de profesionales y pacientes en torno al sistema de subastas de medicamentos andaluz. Solo eso, que se les escuche. Y que se haga en el foro de representación de todos los ciudadanos europeos. Intentar evitar esa intervención no parece que sea la mejor opción. Porque, como ha denunciando Afaran, Cabezón ha estado intentando impedir que la asociación vaya a expresar su punto de vista ante las instituciones europeas. Eso supone una actuación un tanto mezquina por parte de la eurodiputada. El Europarlamento es la cámara de representación de todos los europeos que se sirven de sus mecanismos para que se les escuche y poder hacer llegar con total claridad sus mensajes. ¿Europa es de todos? Evidentemente, sí. Por ello, es necesario apoyar que organismos como Afaran acudan a las instituciones europeas a verbalizar su oposición a esta polémica medida.
Esgrimir que se trata de un tema más político que de salud pública para no permitir esa comparecencia es no darse cuenta de que las subastas son, hoy por hoy, un empecinamiento político más que una medidas justa de política farmacéutica.
