Tras las elecciones generales del pasado 23J va a resultar muy complicado aprobar leyes, incluyendo promesas electorales y reformas sanitarias que eran inaplazables. Todo el sector sanitario y los propios representantes políticos de distinto color, tienen una lectura común: la sanidad requiere reformas.
Pero los equilibrios en Congreso y Senado de los partidos lo hacen muy difícil, incluso tras la formación del posible Gobierno de Coalición de PSOE y Sumar, con el apoyo de los independentistas de ERC, los conservadores nacionalistas de PNV, el diputado nacionalista de BNG, y el ahora imprescindible apoyo de los independentistas de derechas de Junts, tras el voto ERA.
“es muy complicada una acción legislativa en el Congreso, y la sanidad no va a contar con reformas de calado que necesita”
Un bloque de oposición que puede reunir hasta 172 diputados (tras el voto de los residentes fuera de España), por 171 de la Coalición de PSOE y Sumar, junto a ERC, EH Bildu, BNG y PNV. Y la formación independentista conservadora de Junts como opción necesaria para que haya una mayoria, no sólo en la posible investidura, sino en cualquier reglamento que apruebe la Cámara baja.
Todo esto es necesario para una investidura probable en estos momentos. Pero ¿es posible legislar teniendo que contar con el apoyo de 7 formaciones que incluye izquierda radical, nacionalistas de derechas e independentistas de izquierda? ¿Existe un punto común que permita una reforma de la ley del medicamento, ley general de sanidad o similares entre todas estas formaciones?
La respuestas es decepcionante: es muy complicada una acción legislativa en el Congreso, y la sanidad no va a contar con reformas de calado que necesita. Además, hay que sumar la mayoría absoluta del Senado que posee el PP, mayoritario en el Congreso pero sin posibilidad de influir, y que puede ofrecer una cierta iniciativa política desde la Cámara Alta, pero nada que el Congreso pudiera aprobar sin el consenso que deje de lado las disputas ideológicas.
Parches legislativos
Nos quedan los Reales Decreto Ley, prerrogativa del ejecutivo para casos de especial urgencia, pero del que se abusa cada vez más por los Gobiernos. El trámite del RD impide el debate en el Congreso y sólo requiere de una convalidación de éste, que podría también truncarse si fallara algún voto o grupo de los 7 que parecen aprobarían una tercera investidura de Pedro Sánchez.
En la última legislatura ha habido hasta 125 Reales Decreto (RD) por parte del ejecutivo ahora en funciones. Ir más allá sería profundizar en una herramienta que pasaría de ser una medida excepcional a ser la rutina parlamentaria, sin debate y sin amplios consensos. Durante esta legislatura, más del 60% de leyes y normas han sido votadas con al apoyo del PP. Un apoyo fruto de acuerdos, que existían de forma evidente. Sin ese apoyo, la capacidad legislativa será mermada de forma considerable, al depender siempre de un acuerdo imposible de 7 formaciones. Ni los RD serán instrumentos capaces de ayudar a legislar.
Lo que quedará a los ministerios, y al de sanidad en especial, son las órdenes ministeriales, normas de menor rango que la Ley y que el RD, y que no pueden modificar nada de mayor rango, lo que las limita de forma clara.
“el horizonte rebaja hasta casi cero las nuevas regulaciones que requiere la sanidad con carácter urgente”
Los atajos tienen consecuencias
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el Plan de Consolidación de los IPT, y ha dictaminado que no se pueden articular reglamentos desde la comisión permanente de Farmacia, que no tiene competencias. El auto califica a dicha comisión permanente de “manifiestamente incompetente” para la adopción de reglamentos, ya que es una comisión de trabajo con funciones puramente asesoras. No cabe duda de que los atajos regulatorios están mostrando que hay que volver al camino de los anteproyectos, el debate en el parlamento, con una Cámara alta con mayoría absoluta del Partido Popular, y con la necesidad de consensos entre los dos partidos mayoritarios, cada vez más lejanos.
Aún más complejo resultará coordinar un Consejo Interterritorial del SNS con 12 asientos del PP, 3 socialistas y los nacionalistas del PNV y ERC. Lo dicho, el horizonte rebaja hasta casi cero las nuevas regulaciones que requiere la sanidad con carácter urgente desde el ejecutivo. Además, las CC.AA. podrían asumir un liderazgo que desplace el eje de interés de las políticas sanitarias desde el Gobierno de España a los territorios, con el Senado observando.
