Una Ley que cumplió sus objetivos

Por Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis y ex ministra de Sanidad (2004-2007)

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En 1986 la Ley General de Sanidad creó nuestro Sistema Nacional de Salud, todavía hoy uno de los mejores del mundo. Después se fueron estructurando sus distintos componentes y, entre ellos, lo relativo a los medicamentos. Así la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, supuso un hito importante en la regulación de un elemento esencial de la prestación sanitaria a los ciudadanos.

En los años transcurridos entre 1990 y 2004, cuando asumí la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Sanidad y Consumo, se habían producido cambios importantes. La descentralización del Sistema Nacional de Salud, la aparición de normativa comunitaria, o la evolución de las nuevas tecnologías, hacían imprescindible abordar de forma integral todo lo relativo a los medicamentos. El Plan Estratégico de Política Farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud, implicaba la aprobación de una nueva ley incorporando los cambios anteriores y abordando otros aspectos como la trazabilidad o los medicamentos veterinarios.

El objetivo esencial de la nueva Ley fue asegurar la calidad de la prestación farmacéutica en un marco descentralizado, impulsando su uso racional y garantizando que todos los ciudadanos siguieran teniendo acceso a los medicamentos que necesitaran, cuando y donde los necesitaran, en condiciones de efectividad y seguridad; todo ello como uno de los pilares de cohesión social y territorial de nuestro país. La Ley que se aprobara debía armonizar intereses divergentes en un sector de gran impacto económico tanto en las cuentas públicas como en el propio sector farmacéutico, así como en la I+D+i.

La búsqueda de ese equilibrio nos llevó a interminables reuniones con todos los afectados: profesionales, industria y administraciones públicas, entre otros. En esas reuniones escuchamos a todos, e intercambiamos puntos de vista para intentar el mayor consenso. El sector se implicó mucho en el debate y aun valorando los aspectos positivos que tendría la Ley desde el punto de vista del paciente, hubo también voces de alarma sobre el impacto negativo que podría tener en la inversión y en la facturación de la industria. Tras largos meses de trabajo con los agentes implicados, y tras su tramitación parlamentaria, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios fue aprobada en julio de 2006.

El tiempo ha demostrado que el texto final, reflejo del mayor acuerdo posible, fue un texto equilibrado, que incorporó importantes novedades, como el nuevo sistema de precios de referencia, la regulación de los medicamentos genéricos, el refuerzo de la formación independiente de los profesionales o el fortalecimiento de la prescripción y uso de la receta.

Un texto que resultó ser más que positivo para el equilibrio entre el control del gasto público, con incrementos por debajo del 1% anual en los siguientes años, la inversión en I+D del sector, que subió un 7,3% ese año y un 8,6% al siguiente, o la cifra de negocio de la industria en España que pasó de 11.339 millones en 2005 a 15.219 en 2008.

Hoy creo que se puede afirmar que la Ley, fruto de la apuesta de un gobierno por la mejora de la prestación farmacéutica y de la implicación y el esfuerzo de la industria y los profesionales en la búsqueda de consensos, cumplió sus objetivos.