Hace ahora diez años que El Global informaba de uno de los momentos más difíciles que han atravesado las farmacias comunitarias, los retrasos en los pagos de los medicamentos de los pacientes que habían sido financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud. Un problema que generó momentos de máxima tensión y un gran desasosiego entre los colegiados, lógico sin duda por el sacrificio económico que debieron asumir durante un periodo que se prolongó en exceso en el tiempo. Una situación que azotó a miles de farmacias, en mayor o menor medida, de comunidades de distinto signo político y que solo recuperó la normalidad en 2018 con la regularización completa de los pagos.
En el caso de Cataluña, y como presidente del Consell de Col·legis de Farmacèutics, nos tocó gestionar el malestar generalizado entre los farmacéuticos, que en muchas ocasiones desembocó en movimientos radicales, de una minoría, que exigían paralizar de alguna manera la dispensación de los medicamentos a los ciudadanos, por lo que hubo que canalizar las iras pero sin afectar a la salud de los pacientes. La mayoría de los farmacéuticos entendió que existían otras alternativas para terminar con una situación injusta sin poner al paciente como rehén de nuestras legítimas exigencias. Decisión defendida desde los Colegios y confirmada por una amplia mayoría en las asambleas que se fueron convocando en cada fase de la crisis y en las que se decidió priorizar siempre el acceso a los medicamentos para que ningún ciudadano viese interrumpido su tratamiento.
Desde la Organización Farmacéutica Colegial tuvimos claro que debíamos articular una acción coordinada, manteniendo siempre el contacto con las administraciones a todos los niveles, en estéreo tanto del Estado como de las distintas Comunidades Autónomas y no solo a través de Sanidad, sino también con Economía y Hacienda y a través de la Secretaria de Estado para las Administraciones territoriales. Además, mantuvimos contactos con pacientes, medios de comunicación, agentes del sector y líderes de opinión quienes, entre otros, fueron sensibles a las demandas de la profesión que no eran otras que había que articular mecanismos que garantizasen el pago de los medicamentos de los ciudadanos, evitando así, además el peligro al que se estaba sometiendo a la continuidad de algunas farmacias.
Fruto de las sucesivas gestiones se fueron se generando soluciones financieras que, si bien no fueron lo ágiles que nos hubiera gustado, permitieron ir regularizando los pagos a las farmacias y volver progresivamente a la normalidad. Dejando atrás así un escenario que nunca deberíamos haber vivido en el que se puso en juego el acceso a los medicamentos y la viabilidad de las farmacias, necesaria para seguir ofreciendo un servicio de calidad e invirtiendo en el desarrollo de servicios asistenciales desde las farmacias.
La pandemia está demostrando más que nunca que la sanidad requiere de una dotación estable y suficiente que permita hacer frente a un sistema sanitario en transformación, así como a futuras crisis sanitarias. Pero también se está demostrando que si queremos ofrecer la mejor respuesta asistencial debemos contar con todos los profesionales y las estructuras sanitarias disponibles, incluidos los farmacéuticos y las farmacias comunitarias, quienes solo desde la estabilidad económica podrán seguir desarrollando nuevos servicios y aportando todo su valor sanitario y social al conjunto del sistema sanitario.
