Jordi Faus
Jordi Faus, abogado-socio de Faus & Moliner

En las democracias parlamentarias, los diputados y senadores tienen la potestad de formular preguntas al gobierno. Se supone que esto forma parte de los mecanismos de control del gobierno. Digo “se supone” porque francamente, en muchas ocasiones, las preguntas parlamentarias dejan mucho que desear.

Por otro lado, ¿qué se puede decir de las respuestas? Seguramente, muchas cosas. Vista la pregunta que formuló el Senador Félix de las Cuevas en materia de precios de los medicamentos y la respuesta facilitada, uno no puede más que pensar que ciertos temas sólo pueden plantearse en este formato cuidando mucho el mensaje. Si uno empieza atacando (“El tiempo medio transcurrido entre la aprobación de un fármaco por parte de la Unión Europea y la financiación del mismo por parte del Ministerio de Sanidad se sitúa en el momento actual en torno a los 15 meses, una cifra considerablemente superior a la de nuestros países vecinos y que Farmaindustria resulta excesiva”), no es extraño que reciba una contestación ácida (“en el procedimiento de financiación y fijación de precio cabe destacar que existen notables retrasos entre el inicio de los expedientes administrativos y la presentación de la solicitud de precio y el dossier de valor por las compañías farmacéuticas”).

No sé, igual me pierdo algo, pero acusar a la industria de lo dilatados de los plazos en estos procedimientos no me parece muy razonable. Pero claro, si se acusa al Ministerio de hacer las cosas mal, el Ministerio se defiende atacando. Es de libro. Pasa en los patios de los colegios, en las comidas navideñas y seguramente hasta en los tanatorios. Todo esto, en el fondo es anecdótico. El Senador podía haberse ahorrado su entradilla y limitarse a preguntar lo verdaderamente importante: ¿contempla el gobierno alguna iniciativa legislativa o reglamentaria en relación con el procedimiento de inclusión de los nuevos medicamentos en la prestación farmacéutica y la fijación de su precio máximo autorizado? Tal vez en su respuesta el gobierno no hubiera sentido la necesidad de defenderse ácidamente y habría aportado algún dato más sobre ese “procedimiento (para) establecer un mecanismo de evaluación acelerada para disminuir los tiempos de tramitación en el procedimiento de financiación y precio de nuevos medicamentos”, que en el fondo es lo que interesa.

A mí me hubiera gustado que la respuesta fuese que el gobierno se está planteando una revisión completa de las reglas tanto sustantivas como de procedimiento que rigen en esta materia. Actualmente, estas reglas se encuentran en múltiples normas (algunas con más de 30 años de antigüedad) existiendo una situación de incertidumbre totalmente indeseable sobre muchos aspectos.

Es verdad que en los últimos meses hemos observado una mejora (respuesta habitual a las peticiones de ampliación de plazo o de vista del expediente), pero siguen habiendo muchas cuestiones en las que una revisión normativa profunda, trabajada en un entorno colaborativo, redundaría en beneficio de todos: de la administración (y especialmente de las personas encargadas de gestionar estos procedimientos), de las empresas, y en última instancia de los profesionales sanitarios y los pacientes.