Francisco Aránega, Abogado y socio de Faus & Moliner

Con frecuencia se suele pensar que un sistema de compliance penal es un instrumento para evitar que una compañía o sus directivos sean responsables penales por delitos cometidos por sus empleados en el ámbito de sus actuaciones para la empresa. Esa visión no es incorrecta, pero sin duda es incompleta. El hecho es que, según estadísticas recientes, la mayor parte de las sentencias que dicta el Tribunal Supremo sobre delitos cometidos en empresas se refieren a actos de apropiación indebida o administración desleal ocurridos en el seno de la propia compañía, es decir, a actos por los que la empresa no suele ser la responsable sino la perjudicada.
Por ello, cuando pensamos en los sistemas de compliance penal de las compañías no solo debemos considerarlos en términos de exoneración de responsabilidad, sino como herramientas útiles para prevenir que las empresas sean víctimas de actos delictivos o limiten las consecuencias que sufren como consecuencia de los mismos.
Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma un fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por el que varias personas fueron condenadas (a penas de prisión y a abonar indemnizaciones por daños y perjuicios) por un delito de estafa sufrido por la empresa en la que trabajaban y del que la compañía, a pesar de no contar con un sistema de compliance interno en funcionamiento, tuvo conocimiento a través de una denuncia anónima recibida por su departamento de recursos humanos. La sentencia del Supremo destaca por validar las denuncias anónimas como fuente de investigación interna para destapar casos de fraude en una empresa. No obstante, de la sentencia también podemos extraer un importante criterio que indica que, si bien la inexistencia de un sistema de compliance en una compañía no puede implicar que un delito cometido contra la misma quede sin pena, el hecho de no disponer del mismo puede representar que la indemnización a la que tenga derecho la empresa como víctima del delito sea inferior a aquella que le correspondería si contara con mecanismos para prevenir la comisión de delitos por parte de sus empleados. Desde ese punto de vista los sistemas de compliance penal de las empresas pueden ser eficaces para detectar delitos que cometan sus trabajadores y además permitir que las compañías obtengan mayor indemnización por los daños que sufran como víctimas de tales delitos.
Cuando valoramos los sistemas de compliance debemos hacer un juicio justo. No sirve verlos como un mero ejercicio de prevención de responsabilidades, a veces percibido injustamente como un conjunto de burocracia interna con limitada utilidad en la práctica. Como se dice en tantas ocasiones, deben ser el reflejo de una cultura interna de cumplimiento en la compañía, lo cual en sí mismo ya debería ser valor suficiente, pero, además, pueden ser instrumentos eficaces para prevenir que la empresa sufra delitos y contribuir a que la compañía pueda resarcirse adecuadamente de sus consecuencias.