Anna Gerbolés, abogada de Faus & Moliner

La regulación del cannabis medicinal es una tarea pendiente en España. Tenemos unas pocas normas, antiguas (la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en la convención de 1961), que lo único que establecen es que el cannabis es una sustancia estupefaciente. Con éstas conviven normas autonómicas y locales sobre asociaciones de consumidores de cannabis, que permiten su consumo recreativo. Ninguna de ellas contiene referencia al uso del cannabis con fines medicinales. Sin embargo, están proliferando los establecimientos que venden productos derivados de la planta cannabis (como los productos con CBD, el cannabinoide más famoso del cannabis) que claman propiedades terapéuticas. Sabemos también que existen pacientes en España que han recibido recomendaciones médicas para el consumo de cannabis crudo. Existen medicamentos autorizados en España que contienen derivados del cannabis como principio activo. No obstante, no existe normativa que regule cómo ni en qué formato debe producirse y comercializarse este producto: ¿es un medicamento?, ¿un medicamento a base de plantas?, ¿una fórmula magistral? Otras cuestiones legales que se plantean giran en torno a qué vías de administración, para qué patologías, la sujeción o no a prescripción médica…

Frente a esta realidad, han ido surgiendo iniciativas para regular el cannabis, sin mucho éxito hasta la fecha. La última de ellas a finales de 2021, una proposición de ley presentada por Más País para regular el uso medicinal, la compra y venta y el autoconsumo del cannabis, que tampoco alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación, quizás por abarcar más que el uso médico del cannabis. Pese a ello, en junio de 2021, sí se creó, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, una subcomisión para el estudio de experiencias de regulación del uso medicinal del cannabis. Por esta subcomisión, que celebró su primera reunión este pasado febrero, han pasado recientemente expertos como el jefe de control de medicamentos de la AEMPS, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia o el presidente de la sociedad científica española de estudios sobre el alcohol, el alcoholismo y las otras toxicomanías. Se estima que las conclusiones sobre los trabajos de esta Comisión se presenten a más tardar en junio de 2022.

En nuestro entorno son varios los países que sí cuentan con una normativa específica para abordar esta realidad que, como suele suceder, va por delante de su regulación. Así, muchos de ellos han establecido alguna forma de programa de uso excepcional o compasivo; otros, programas de acceso a preparados del cannabis para el tratamiento de una reducida variedad de enfermedades; y otros, han adoptado leyes específicas sobre el uso medicinal del cannabis, como es el caso de nuestros vecinos Portugal e Italia, por citar los más próximos. Definitivamente nosotros no podemos quedarnos atrás. Esperemos que la subcomisión del cannabis del Congreso aborde este tema con el rigor científico que merece y que se sienten unas bases sólidas para que la primera regulación del cannabis medicinal en España sea pronto una realidad.