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Desde que se inició la crisis sanitaria originada por el coronavirus, más de 800.000 sanitarios españoles —médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc.— han “hecho piña”. Tanto en lo asistencial como en la mayor parte de sus reivindicaciones.

En todos y cada uno de sus comunicados conjuntos difundidos en esta crisis por sus Consejos Generales —hasta 4—, hay una exigencia permanente: la protección de esos 800.000 profesionales “sin exclusión”. Tanto por la vía de la dotación de material como por la realización de pruebas diagnósticas de la Covid-19.

Es conocida la infrarrealización de test de detección a sanitarios. En el caso del colectivo de farmacéuticos comunitarios, ni siquiera los ha habido. Ahora, la puerta se ha abierto desde la parte regional del pasillo. La Junta de Andalucía ha anunciado la consideración de los farmacéuticos comunitarios como “grupo prioritario” al que se le realizarán test de detección. Serán miles de profesionales que ejercen en primera línea en sus 3.800 boticas. Un paso “positivo” que esperamos finalice —una vez se conozcan los resultados— con pleno de negativos.

Pero en esta cuestión, la de la protección de los farmacéuticos, no se debería estar hablar de “primeros”, “segundos”, “siguientes”, etc. Debería hablarse de “todos”. Y no tener que desplazar el dedo por el mapa para señalar regiones. Debería hablarse en clave nacional. No de 3.800 farmacias sino de 22.070.

Puestos a pensar en positivo, los boticarios andaluces, acostumbrados a ‘estrenar’ medidas negativas (salida de DH, subastas de medicamentos…) también merecían ser alguna vez “primeros” en recibir una buena noticia.


Paralelamente, si bien no en un quorum sólido, las farmacias también se ofrecen para realizar test a la población dentro de estrategias globales. Pero mejor antes el “para” que el “por”. Por sensatez y seguridad. Por eso de “cuidar al cuidador”.