En el análisis legislativo de una hipotética implantación de la vacunación obligatoria de la COVID-19 para el personal sanitario, partamos de la base que no hay un criterio unánime. Fundamentalmente, porque para todos las circunstancias que han concurrido con esta pandemia que padecemos ha sorprendido a la generalidad de las actividades humanas y su regulación jurídica no ha sido menos. Estamos, por tanto, en el limbo de lo que es la imprecisión.

Hay una Ley (41/2002 de autonomía del paciente) que dio carta de naturaleza a los ciudadanos como tales (a pesar de que en la Constitución del 78 ya se reconocen derechos fundamentales sobre la salud de las personas). En esta Ley (corta, interesante y mal redactada) que va más allá de la Ley 14/1986 (General de Sanidad), tanto en su exposición de motivos como en sus primeros artículos ya fija que el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente y esto incluye la posibilidad de negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados por la Ley. El legislador pretendió con ello no vulnerar los derechos fundamentales a los que antes hacía referencia.

Con esta premisa la vacunación, como cualquier tipo de tratamiento, debiera ser voluntario y ni las administraciones públicas, ni las empresas privadas podrían coaccionar a las personas (entre las que están evidentemente los profesionales sanitarios) exigiendo una decisión no acorde con su voluntad.

Pero todos sabemos que la casuística se ha  desbordado y han ido surgiendo dudas (que continúan siendo) porque las normas legales se han visto asaltadas violentamente por la realidad pandémica. ¿Puede obligarme la Administración o una empresa privada a vacunarme bajo la amenaza de que al poder alterar, con la negativa, la inmunidad del grupo la decisión que se adoptara por el empleador pudiera ser quedarse sin el empleo?. Bueno, esta no es cuestión baladí, como otras tantas que a todos se nos pueden ocurrir pero que las leyes no tienen previstas.

En España desde niños todos los ciudadanos estamos obligados a atender una suerte de protocolo de vacunación, la cartilla de vacunación es incluso exigible ante algunas circunstancias; hay países que a la hora de viajar y entrar en su territorio exige igualmente una serie de condiciones sanitarias de obligado cumplimiento.

Desde esta perspectiva la obligatoriedad de la vacuna estaría justificada siempre y cuando esté amparada por la normativa legal correspondiente que no diera lugar a libres interpretaciones de esa obligatoriedad, lo que  actualmente en España aún no tenemos. No obstante lo anterior el certificado de la inmunización podría dar una paso hacia adelante a la hora de no vulnerar derechos fundamentalísimos.

El desarrollo de las normas jurídicas para adaptarlas a la realidad social/sanitaria no ha sido precisamente uno de nuestros fuertes; bien al contrario, el legislador es lento y malo y al final incluso se hace recaer la responsabilidad en terceros que deben optar por el mal menor (sin conocer cual es el grado mayor y el menor previamente por la falta de transparencia) y el hecho de la imposición no parece que fuere la postura deseable, salvo situaciones de gran peligro (actualmente, a juzgar por el criterio experto, el COVID ya no es tan virulento como pudo ser al principio), es por ello que ante la falta de norma (con el rango legal correspondiente) que sustente esa hipotética obligatoriedad de vacunar debería estar salvaguardada por la decisión judicial, una vez analizados los antecedentes.

De esta manera evitaríamos la vulneración de derechos fundamentales de las personas, hoy tan de moda sin el mayor rubor, obligando al poder legislativo a que trabaje sobre las necesidades reales de la población.