Los economistas de la salud valoran el Anteproyecto de Ley de equidad y cohesión

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El Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS anunciado por el Gobierno el pasado noviembre ya tiene una primera valoración de la Asociación de Economía de la Salud (AES).

Desde el año 2003 no se ha desarrollado ni legislado sobre estos aspectos de manera conjunta. La última vez ocurrió en el mandato de Ana Pastor como ministra de sanidad, y contó con el apoyo de todo el arco parlamentario. Sería muy bueno que este Anteproyecto tuviera vocación de permanecer otros 19 años al menos.

La ministra Carolina Darias podría conseguir un amplio apoyo con el resto de grupos parlamentarios. Eso ocurrió ya en 2003 con la mencionada Ley de Cohesión y Calidad, una de las normas que sustituirá y ampliará la nueva Ley.

Apoyo parlamentario

Si logrará el Gobierno de coalición en 2022 el mismo apoyo que consiguió el Gobierno del PP en 2003 seria muy beneficioso. Una ley se enriquece cuando representa el arco parlamentario, y eso lo proporciona los acuerdos de Gobierno y oposición. Así se garantiza que la cohesión y la equidad sanitaria no son una nueva arma arrojadiza de la política de bloques, ni una nueva regulación transitoria a derogar con el siguiente cambio de Gobierno. Pero ni Gobierno ni oposición ahora son los mismos que en 2003.

Economistas de la salud

Los economistas de la salud tienen cuestiones que matizar y mucho que decir, sin duda. La AES revisa en profundidad los documentos de los que emite su opinión. En este caso, además, ha contado con la Sespas (Sociedad Española de salud Pública y Administración Sanitaria), en una valoración conjunta.

Cultura de evaluación en el SNS

Nuestro Sistema Nacional de Salud debe impulsar una cultura de evaluación que se base en la evidencia y rigor. Se trata de avanzar más allá de las distintas fórmulas y programas de evaluación, según la AES y la Sespas. Ya en su momento se mostraron estas sociedades favorables a la creación de un organismo independiente que realizara, entre otras cosas, evaluaciones económicas.
Este enfoque independiente y de análisis permitiría apartar el sesgo ideológico en la toma de decisiones.

Deterioro del SNS

Según la AES y Sespas existe un deterioro progresivo del SNS, que atribuyen a la “pérdida de financiación pública”, que sitúan ya “por debajo del 70%, el aumento del aseguramiento privado y el olvido del capital humano”.

Sin embargo, la relación entre el tipo de gestión (pública o privada) o la presencia del aseguramiento privado no han sido identificados como causa del deterioro por ningún análisis riguroso. La objetividad obliga a plantear si la calidad de la atención es distinta en un centro público o en otro concertado. Y no parece que eso sea causa de diferencia, según otra parte del debate, como es IDIS.

Falta de recursos humanos

En lo que sí parece que todos se ponen de acuerdo, incluídos los profesionales sanitarios en su conjunto, es que existe una necesidad de incrementar los recursos humanos para atender el incremento de la demanda asistencial, más allá de la situación actual. El Gobierno ya está trabajando en esta necesidad que cuantificará durante el primer semestre de este año, ha informado la ministra Carolina darias.

La pregunta que cabe hacerse es cuál sería el impacto en la asistencia pública actual si no existiera el aseguramiento privado. El colapso sería inasumible, más allá del actual pico en la demanda asistencial que se está produciendo en la atención primaria especialmente, que hasta ahora se habia trasladado sólo al hospital por la gravedad de la COVID-19.

AES y Sespas tienen puntos en común, pero la propia Sespas es parte interesada en relación a apoyar en exclusividad todo lo que sea gestión pública de manera especial, lo que es natural y conocido. Pero la verdad y la razón deben ir más allá de los intereses del gremio de funcionarios públicos o los lógicos intereses políticos. La balanza debe inclinarse a la calidad de la asistencia y no a quién la proporciona. Por esa razón, al paciente le importa una buena atención de calidad, y no quien gestiona el servicio que no se evidencia de ninguna manera en la práctica asistencial.