Lo que el SNS no necesita

Tribuna de opinión de Rubén Moreno, senador del Grupo Popular, sobre el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión

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El Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre su Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión “en el acceso a la sanidad pública”. 

Además de modificar dos leyes, un real decreto-ley y tres reales decretos; deroga la Ley 15/1997 –sobre nuevas formas de gestión–, aprobada en su día por amplísima mayoría, incluido el PSOE. 

La ministra de Sanidad ha prometido que su anteproyecto evitará más “copagos”, pero los mantiene; desarrollará el Fondo de Garantía Asistencial, pero no se garantiza una misma asistencia en todo el país con independencia del lugar de residencia, y mucho menos cuando uno se desplaza entre Comunidades Autónomas (CC.AA.); y priorizará la gestión pública directa, exigiendo a las CC.AA. –plenamente competentes en Sanidad– que justifiquen por qué escogen otras fórmulas. No se puede decir que sea un ejemplo de espíritu descentralizador. En otras palabras, Lluís Companys tendría que justificar por qué la estructura organizativa sanitaria en Cataluña no es la de Girón de Velasco. 

Si a eso se añaden las carencias puestas de manifiesto por la COVID-19, hay que preguntarse: ¿Es esto lo que necesita el Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar la calidad y cohesión con sostenibilidad y solvencia? Evidentemente no, ni la gestión directa es necesariamente sinónimo de eficacia, equidad o plena accesibilidad; ni una sola de las reformas que realmente necesita el SNS aparece en este anteproyecto. 

Este anteproyecto, lo que sí representa es el ‘enésimo’ desencuentro en el Gobierno entre PSOE y Podemos (que ya lo ha rechazado públicamente), y así, difícilmente podrá conseguirse respaldo alguno de grupos parlamentarios, CC.AA., profesionales sanitarios… 

Además, y al margen de ajustes meramente ornamentales (como en los citados “copagos”), poca coherencia hay en censurar lo público-privado sobre el papel mientras se aceptan los 280 millones de euros donados por Amancio Ortega para posibilitar la protonterapia en hospitales públicos. 

El Ejecutivo antepone lo ideológico a la evidencia y a una la evaluación de las políticas públicas sanitarias basada en el análisis de sus resultados en salud, y está desaprovechando la oportunidad de los fondos europeos y las recomendaciones de la ‘Comisión de Reconstrucción’ del Congreso para realizar las reformas estructurales transformadoras que de verdad requiere el SNS.